Exteriores corrige a Interior sobre los rellenos de Gibraltar en aguas españolas y exige "medidas contundentes" a la Junta de Andalucía

Gibraltar/El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha instado a la Junta de Andalucía a adoptar "medidas contundentes" y asumir "un papel activo" en la lucha contra los rellenos llevados a cabo por Gibraltar en el marco del proyecto urbanístico de lujo Eastside. Así lo ha expresado el ministro José Manuel Albares en una carta enviada el pasado 16 de diciembre a Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, organización que había solicitado la intervención del Gobierno ante los impactos ambientales generados por dichas actividades.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Sur, Albares subraya que las obras en el Peñón vulneran tanto la normativa española como la europea, además de constituir “una violación de la soberanía e integridad territorial de España”. El ministro detalla que el Gobierno protestó por este hecho formalmente ante la embajada británica en agosto mediante una nota verbal y que, desde entonces, ha mantenido contactos con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica para coordinar respuestas.

La respuesta ofrecida por Albares desde Exteriores contrasta con la del Ministerio del Interior, el pasado 14 de agosto, en contestación a una solicitud de información presentada por el escritor y profesor Guillermo Rocafort, que se acogió a la Ley de Transparencia para recabar datos del Ejecutivo sobre los rellenos. El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguraba no tener constancia de irregularidades relacionadas con el tránsito de piedras y áridos desde España hacia Gibraltar y declaraba, pese a las aseveraciones de Exteriores, que desconocía si el material es utilizado específicamente para las obras de ampliación del proyecto Eastside en Gibraltar.

Interior detalló a Rocafort que entre 2020 y 2024 se registraron más de 2.500 movimientos de camiones transportando un total de 61.711 toneladas métricas de piedra y escollera declaradas como “rellenos”. Además, resaltaba que no existe ningún tipo de restricción sobre el comercio de áridos y que las inspecciones realizadas por la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en la aduana de La Línea de la Concepción no habían detectado infracciones ni indicios de contrabando en los movimientos de estos materiales.

Pese al desconocimiento que muestra Interior sobre el uso que hace Gibraltar de las rocas exportadas por España desde Casares (Málaga), Exteriores señala ahora por medio del propio ministro que “las decenas de miles de toneladas de piedra utilizadas en el proyecto Eastside suponen un grave impacto ambiental” sobre la Zona Especial de Conservación Estrecho Oriental, parte de la Red Natura 2000, mientras que la extracción de ese material en la Sierra de la Utrera afecta a hábitats protegidos y de alto valor arqueológico.

Exteriores no aclara si España y la UE incluyen los rellenos sobre aguas españolas en las negociaciones que se mantienen con Reino Unido para la firma de un tratado sobre Gibraltar

En su carta, Albares recuerda que ya trasladó esta preocupación al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, insistiendo en que la administración andaluza debe tomar medidas ambientales más enérgicas y “asumir un protagonismo pleno” en este asunto.

No obstante, el titular de Exteriores no aclara en la carta si España y la UE han incluido los rellenos sobre aguas españolas en las negociaciones que se mantienen con Reino Unido desde octubre de 2021 para la firma de un tratado llamado a integrar a la colonia británica en el espacio Schengen tras el Brexit.

"Decenas de miles de toneladas de piedra de escollera se amontonan para las ampliaciones del proyecto Eastside en la Zona Especial de Conservación Estrecho Oriental de la red biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000. En paralelo, la extracción de piedra por la empresa The TNG Global Foundation (TNG) tiene un grave impacto en hábitats protegidos de la provincia de Málaga, en los municipios de Casares y Manilva", indica la carta enviada por Albares a Verdemar-Ecologistas en Acción.

"Como trasladé en nuestra reunión", añade el ministro en referencia a la cita que mantuvo con los ecologistas y otros colectivos el pasado 10 de octubre, "el Gobierno formuló el 8 de agosto una protesta ante la Embajada británica mediante Nota Verbal, reiterando que cualquier construcción o relleno en espacios no cedidos por el Tratado de Utrecht constituye una violación de la soberanía e integridad territorial de España. También hemos recordado que el proyecto Eastside supone una trasgresión de la normativa medioambiental, y en particular del Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre".

Contactos con Moreno y Aagesen

"Desde el pasado mes de octubre, he seguido en contacto telefónico con el Presidente de la Junta de Andalucía, a quien trasladé que la Junta debe responder, atendiendo a su ámbito de competencia, con medidas de carácter ambiental contundentes e involucrarse a fondo contra los rellenos de las autoridades del Peñón. En ese sentido, y apelando a la necesidad de que la Junta de Andalucía asumiera pleno protagonismo en ese dossier, le remití una carta en este sentido este mismo mes de diciembre", manifiesta Albares.

El ministro indica que también ha recordado a la nueva vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, "la necesidad de seguir coordinándonos desde nuestros ámbitos de competencia ministerial para responder a este asunto de gran preocupación". No obstante, nada dice de forma específica sobre la coordinación con el Ministerio del Interior u otros departamentos para paralizar la entrada en Gibraltar de piedras desde España, para ocupar aguas españolas.

La carta del ministro responde a la solicitud de Verdemar-Ecologistas en Acción, realizada el pasado 10 de octubre, para que el ministerio tomase medidas frente a la extracción de grandes cantidades de piedra de la cantera de la Sierra de la Utrera, en Casares, destinadas al proyecto Eastside, una urbanización de lujo en la costa este de Gibraltar que incluye un puerto deportivo, viviendas y zonas comerciales.

Muñoz expuso en aquella reunión los impactos ambientales de estas actividades en un enclave de alto valor ecológico y arqueológico. La organización denunció que las obras no solo dañan el medio ambiente, sino que vulneran normativas como el Tratado de Utrecht de 1713, que no cede a Reino Unido las aguas adyacentes a Gibraltar, y el Convenio de Espoo, que obliga a consultar y evaluar los impactos de proyectos transfronterizos.

Verdemar pedirá una reunión con el presidente andaluz

A raíz de la respuesta de Albares, Muñoz anuncia que solicitará una reunión con Juan Manuel Moreno para abordar los rellenos de Gibraltar directamente con él.

La posición de la Junta de Andalucía quedó adelantada parcialmente en una carta remitida al representante ecologista por la Secretaría general de la Presidencia, fechada el 2 de diciembre, en la que se confirmaba que las piedras extraídas de la cantera de La Utrera se estaban exportando a Gibraltar para los rellenos. El escrito, como informó este periódico, señalaba que estas operaciones estaban amparadas por “normativas internacionales y nacionales” en el ámbito comercial.

En cuanto al estado legal de la cantera de Casares, la Junta aseguraba que las actividades contaban con los permisos necesarios, incluidas las Autorizaciones de Emisión a la Atmósfera (AEA), y que no se habían detectado incumplimientos en las mediciones ambientales realizadas en los últimos años. También afirmaba que no constaban denuncias ni evidencias de impacto ambiental en los entornos protegidos de la Sierra de la Utrera y el río Manilva.

La Junta de Andalucía, sin embargo y pese a tener competencias en materia medioambiental, no se ha pronunciado sobre el uso de dichas piedras como material de relleno por parte de Gibraltar ni sobre su impacto en el entorno, como le ha instado a hacerlo Albares.

Coordinación estatal y autonómica

Mientras el proyecto Eastside en Gibraltar sigue avanzando, desde Exteriores se insiste ahora en la importancia de una coordinación efectiva entre administraciones. Albares reitera en su carta que el Gobierno continuará trabajando con Verdemar y con otros actores relevantes para proteger el medio ambiente del Estrecho Oriental.

Desde hace más de 40 años, Gibraltar ha recurrido a los rellenos para ganar terreno al mar, ampliando su territorio de forma constante. Aunque la colonia británica ya no está sujeta a la normativa europea tras el Brexit, el Convenio de Espoo sigue siendo vinculante. Por ello, Exteriores ha exigido la paralización de las obras y ha reiterado su protesta mediante notas verbales a la embajada británica.

Las cifras oficiales revelan un incremento progresivo en el volumen de las exportaciones de piedra desde 2020, alcanzando su pico en 2022 con 33.817 toneladas métricas, según los datos recabados por Interior, que en su respuesta a Rocafort admitía que las inspecciones medioambientales están a cargo de las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras. En este punto y dado que la Benemérita realiza dichas inspecciones, la pregunta es cómo el departamento de Grande-Marlaska dice desconocer el destino y uso final de las piedras en el Eastside Project, cuyas obras son bien visibles desde el mar y desde la costa.

Control fronterizo

En cuanto a las actuaciones de la Policía Nacional, el documento en respuesta a Rocafort aclaraba que los controles realizados en el puesto fronterizo se limitan al cumplimiento de las normativas Schengen en materia de paso de personas, sin una implicación directa en el control de mercancías.

Sobre las funciones de control aduanero en el recinto fronterizo, Interior recordaba que estas se sitúan bajo la dependencia funcional de las Autoridades Aduaneras (Ministerio de Hacienda) encargadas de verificar la documentación y el pesaje de las mercancías.

El ministerio concluía afirmando que no se habían detectado procedimientos sancionadores ni evidencias de actividades ilícitas relacionadas con las exportaciones de áridos hacia Gibraltar.