La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar celebra el auto pionero contra el petaqueo: "Había que poner las banderillas a este toro"

Algeciras/Macarena Arroyo, fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, no tiene dudas: "Había que poner las banderillas a este toro". Con estas contundentes palabras, la fiscal ha celebrado un auto pionero de la Audiencia Provincial de Cádiz que enmarca el suministro de gasolina para narcolanchas, conocido como petaqueo, como un delito penal. Este auto, emitido por la Sección Séptima de la Audiencia y adelantado por Europa Sur, sitúa el petaqueo en el artículo 568 del Código Penal, un artículo que podría condenar este delito con penas de prisión de hasta ocho años.

El fallo representa una herramienta crucial para los agentes antidroga que, durante años, han luchado contra la impunidad de una actividad logística clave para el narcotráfico. El petaqueo, que consiste en abastecer a las narcolanchas de combustible, ha crecido desmesuradamente, pero hasta ahora, los detenidos por transportar miles de litros de gasolina solo se enfrentaban a sanciones administrativas, al no existir una figura penal específica que lo tipificara como delito.

Este auto, que surge tras el recurso de la Fiscalía contra la decisión de un juez de Algeciras que liberó a un hombre detenido con 164 garrafas de gasolina, supone un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región. "Es un auto valiente y pionero", subraya Arroyo en declaraciones para la agencia EFE, quien confía en que esta interpretación judicial pueda ser respaldada por otros tribunales y sirva de base hasta que se apruebe una reforma jurídica que contemple el petaqueo como un delito específico.

La fiscal recuerda que desde que en 2018 se puso en marcha un plan especial contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, las llamadas narcogasolineras han proliferado, alimentando una necesidad cada vez mayor de combustible para las narcolanchas, que deben esperar largos períodos en alta mar o desviarse a puntos más lejanos. Sin embargo, la falta de una figura penal clara ha dificultado su procesamiento.

En este contexto, el auto reciente establece que el suministro de gasolina a las narcolanchas encaja perfectamente en el artículo 568, que castiga la tenencia, depósito, fabricación o transporte de sustancias inflamables sin las debidas precauciones. "La mera tenencia de gasolina, por el riesgo que conlleva, ya constituye delito", sentencia el auto, aludiendo a la jurisprudencia existente sobre sustancias inflamables.

Con este pronunciamiento, la Audiencia Provincial de Cádiz ha abierto una puerta para la persecución penal del petaqueo, una práctica que, según Arroyo, "era una pieza clave para que las narcolanchas pudieran seguir operando con impunidad". Y aunque el auto aún tiene que ser respaldado por el resto de la judicatura, representa un avance crucial en la lucha contra el narcotráfico en la zona.

Un vacío legal clave en el narcotráfico

El actual vacío legal sigue siendo un obstáculo crítico en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. Así lo demuestra la reciente y sorprendente conclusión de la operación Ínsula, la mayor operación antidroga realizada en el Guadalquivir en los últimos años. Tras un año de investigación y un despliegue policial que abarcó las provincias de Cádiz y Sevilla, un juez ha decidido dejar en libertad a todos los detenidos, incluido el cabecilla de la red, José Antonio M.P., alias El Tarta, quien ha quedado en libertad provisional tras el pago de una fianza.

La operación, coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Algeciras, había logrado intervenir 452 kilos de hachís, 22.406 litros de gasolina, tres embarcaciones, y otros materiales utilizados en el narcotráfico. A pesar de las pruebas reunidas, el juzgado ha considerado que la implicación directa de los detenidos con el narcotráfico no está suficientemente probada para justificar la prisión provisional. El argumento clave ha sido, nuevamente, la dificultad de vincular el combustible incautado con el tráfico de drogas, dado que la tenencia de gasolina por sí sola no se considera delito sin pruebas directas de su uso en las narcolanchas.

Este desenlace refuerza la necesidad de que la justicia contemple de manera urgente el suministro de combustible a las narcolanchas como un delito autónomo, lo que permitiría procesar y castigar más eficazmente a quienes alimentan esta maquinaria del narcotráfico