La Fiscalía rebate los argumentos de los acusados en el juicio del Caso Gicofa

Algeciras/"¿Quién era el Florentino Pérez de Gicofa", ha preguntado el fiscal Juan Cisneros a Luis A., tesorero de la cooperativa farmacéutica en el momento de la quiebra de la cooperativa en 2014, en los primeros minutos de la segunda sesión del juicio. Este ha señalado, después de dubitar y no dar una respuesta concreta a quién ejercía como responsable de la sociedad, al entonces presidente Juan C., también sentado en el banquillo de los acusados.

Con el testimonio del tesorero ha comenzado la segunda jornada del juicio por el caso Gicofa en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, en Algeciras, después de que en la primera jornada solo tuviesen tiempo de hacerlo presidente y vicepresidente.

El tesorero ha evadido en todo momento responsabilidad alguna en las actividades de Gicofa, alegando no tener potestad ni conocimiento de los pagos, más allá de estampar su firma, que se realizaban pese a que, según le ha señalado la Fiscalía, por su cargo le debía corresponder tener esa información.

Tanto Luis A. como Manuel M., director general de la cooperativa en 2014, han negado en sus declaraciones los hechos de los que se les acusa, manteniéndose alineados con la postura de sus otros dos compañeros de banquillo en sus declaraciones.

Al fondo de la sala, antiguos trabajadores y socios de Gicofa, que atendían con cierto asombro e indignación a algunas de las afirmaciones (y sobre todo negaciones) que hacían los acusados.

Por su parte, los testimonios de los testigos se han dirigido en un mismo sentido, según fuentes del juicio, constatando un agujero en las cuentas que la directiva intentó ocultar con unos balances falseados con futuras deudas que no existían.

Respecto al director general, se ha destacado que, cuando ejercía en el consejo rector como asesor, facturaba a Gicofa a través de sus empresas de marketing, con lo que podría suponer un interés doble.

De igual forma, un jefe de mantenimiento de la cooperativa, en su testimonio, afirmó que el presidente, Juan C., le obligaba a utilizar material eléctrico de la empresa para realizar trabajos en su propia casa, siempre cargando los gastos a Gicofa. Cuando el trabajador se negó, según su testimonio, fue amenazado y despedido.

En la jornada del jueves testificarán los diez testigos que no han podido hacerlo este miércoles. También intervendrán los cuatro peritos y el testigo perito llamados, que responderán sobre los informes emitidos. Ya el viernes está previsto que se proceda a las conclusiones y, salvo novedades, quedará el caso visto para sentencia.

Ambición e infartos

En la sala de la Audiencia han estado presentes, además de socios afectados, varios trabajadores que fueron despedidos en los últimos días de la empresa.

Visiblemente molestos por la situación, han atendido a Europa Sur antes del inicio de la sesión. Uno de ellos es Pepe Iglesias, que trabajó "41 años, un mes y 15 días" en Gicofa, en la que comenzó "con 14 años repartiendo en bicicleta" y que llegó a ser jefe de compras, cargo que ostentaba cuando fue despedido en 2014.

Iglesias reconoce que no tuvo constancia de la delicada situación económica de la empresa hasta que "iba a explotar la bomba" porque, pese a dirigir el área de compras, "no tenía acceso a la administración". "El presidente se gastó 40 euros en un burofax y no me dio ni un euro al echarme", recuerda sobre su despido. Aunque asume que no cobrará nada tantos años después, denuncia que aún le deben 42.000 euros.

Tanto él como su mujer trabajaban en la cooperativa y ambos quedaron en la calle con una hija de tres años y una casa que comenzaron a pagar poco tiempo antes. "Necesitamos que la ayuda de la plataforma de afectados por la hipoteca", comenta.

Un año después del despido le contrataron en la cooperativa farmacéutica de Jerez, aunque a los tres meses sufrió un infarto fruto del esfuerzo acumulado de sus años en Gicofa, los maratonianos horarios en la empresa jerezana y el estrés por la situación del despido. "Me dieron la incapacidad permanente, pero al año me dio otro infarto", rememora.

Iglesias era el segundo trabajador más antiguo de la compañía, solo por detrás del director de administración. Este antiguo trabajados, además de mostrar su enfado con la directiva, cuestiona la posible responsabilidad del jefe administrativo en los hechos que se juzgan en la Audiencia cuestiona. "El presidente se llevaba dinero constantemente y él no levantó la mano para decírselo a la junta rectora", valora.

Otra de las trabajadoras afectadas es Maricarmen Escalante, que dedicó 38 años de su vida a Gicofa. Su despido se produjo poco tiempo antes de que le llegara la jubilación. "Me da pena porque yo estaba a punto de jubilarme, pero la juventud podía haber tenido un porvenir", señala, apenada porque "una mala gestión" se llevó por delante a la única cooperativa de Algeciras.

"Todo parecía que iba bien", recuerda Escalante, pero cuenta que la directiva "quiso hacer una cooperativa más grande y la llevó de la Piñera a la Menacha y eso fue el hundimiento de los trabajadores". Esto provocó, a su juicio, que la empresa se fuera "hundiendo poco a poco".

Esta trabajadora no esconde su molestia con el entonces presidente de la sociedad, al que critica una "ambición" que superó la capacidad de la compañía. "Decía que estuvo luchando hasta el final por la cooperativa, pero luchó por hundirla", valora sobre el testimonio del mandatario en la primera sesión del juicio.