La Fiscalía de Medio Ambiente abre una investigación en varios frentes sobre los rellenos del Eastside de Gibraltar en aguas españolas

Gibraltar/La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre los rellenos que Gibraltar realiza en aguas que España considera bajo su soberanía. La actuación parte de la denuncia presentada hace más de cuatro meses por la organización ecologista Verdemar-Ecologistas en Acción, y ha dado pie a la solicitud de diversos informes técnicos y ambientales, según ha confirmado a Europa Sur la Fiscalía General del Estado. Las indagaciones de la Unidad Especializada de Medio Ambiente, a cuyo frente está Antonio Vercher -como responsable de coordinar las actuaciones de los fiscales delegados de medio ambiente en los territorios-, tiene diversos frentes abiertos, según las mismas fuentes.

El caso, que mezcla intereses urbanísticos, tensiones diplomáticas y denuncias medioambientales, ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas por la reanudación de las obras del llamado Eastside Project, un megaproyecto de lujo que sigue ganando terreno al mar con materiales extraídos de una cantera española en Casares, en la provincia de Málaga. Los promotores, incluso, han dado ya los primeros pasos para la comercialización de 1.300 viviendas de lujo y locales para tiendas.

Tras un mes de marzo de intensas lluvias y temporales de levante, los trabajos en el Peñón avanzan sin pausa, con camiones cargados de piedras entrando a la colonia y maquinaria pesada actuando en la costa este de Gibraltar. Las obras para construir un rompeolas y otras infraestructuras de protección costera se han reactivado con rapidez, y la escollera crece día a día. La nueva fase del proyecto, recientemente aprobada por las autoridades gibraltareñas, contempla también dragados, obras de recuperación del litoral y la construcción de un puerto deportivo en la zona ganada al mar.

El inicio de esta segunda fase coincide con el visto bueno definitivo al desarrollo urbanístico por parte del Gobierno del Peñón, pese a las protestas de organizaciones ecologistas, vecinos de la cercana bahía de Catalan Bay y, más recientemente, incluso de algunos ministros gibraltareños que han expresado reservas ante el impacto del proyecto.

Piedras españolas para una costa en disputa

Una de las principales denuncias trasladadas a la Fiscalía española tiene que ver con el uso de materiales procedentes de la Sierra de la Utrera, una zona protegida por su valor arqueológico y natural situada entre Casares y Manilva. Según Verdemar, la cantera está siendo explotada para obtener las rocas de escollera con las que Gibraltar sigue avanzando en el relleno del mar.

El impacto de esta extracción se suma a las consecuencias medioambientales del propio proyecto costero, que se desarrolla en un área incluida dentro de la Red Natura 2000 y protegida por el Real Decreto 1620/2012 como Zona Especial de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.

“Se están arrojando al mar entre uno y dos millones de metros cúbicos de áridos sobre un espacio que forma parte de un corredor migratorio clave para numerosas especies”, denuncia Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar. “El proyecto no respeta la legislación ambiental europea. Se están utilizando piedras extraídas de una zona BIC y, además, existe el riesgo de que parte de los materiales vertidos contengan residuos peligrosos”.

La investigación fiscal estudia el efecto de las obras sobre la biodiversidad marina, especialmente en lo que respecta a especies amenazadas como la Patella ferruginea —un molusco endémico del Mediterráneo— o determinados corales, cuya presencia ha sido documentada en esa franja costera. También estaría enfocada parcialmente en esclarecer si se han vulnerado normativas ambientales internacionales y si existe una posible responsabilidad penal por parte de las empresas implicadas.

Un megaproyecto con rostro vietnamita y manos españolas

El Eastside Project es, en sí mismo, una colosal operación inmobiliaria que plantea construir sobre terrenos ganados al mar una nueva franja urbana de lujo. Además de las viviendas de lujo y del área comercial, el plan incluye un hotel, una torre de 25 plantas, un puerto deportivo para megayates, un club náutico, una estación de combustible y hasta 100 viviendas de protección oficial. El promotor principal es la multinacional TNG Global Foundation, con sede en Vietnam, que se hizo con los derechos del proyecto en 2020 tras años de estancamiento.

Pero lo que ocurre en Gibraltar se mueve también desde el otro lado de la Verja. La construcción de la infraestructura ha recaído en parte en dos empresas españolas: Rover Alcisa, como constructora principal, y Sergeyco, cuya filial gibraltareña lidera los trabajos de acondicionamiento del terreno. Cada día, una hilera de camiones atraviesa la Verja cargados de rocas extraídas de la sierra malagueña.

Las autoridades gibraltareñas justifican la obra como una necesidad estratégica y defienden que se desarrolla en aguas que consideran propias, bajo la delimitación unilateral de tres millas náuticas establecida por Reino Unido y no reconocida por España.

Más allá del conflicto diplomático y legal, el proyecto ha generado también una fuerte reacción ciudadana en Gibraltar. Varios colectivos cívicos y residentes de la zona este han expresado su preocupación por los efectos de las obras en la dinámica marina. “El gran espigón del puerto va a alterar las corrientes y puede provocar regresión en las playas del entorno”, alerta Verdemar. La bahía de Catalan Bay, uno de los enclaves más pintorescos del Peñón, ya comienza a verse gravemente afectada visualmente. Aunque el plan contempla medidas correctoras y trabajos de rehabilitación del litoral, el temor a una pérdida irreversible del paisaje costero es patente entre los vecinos.

Un conflicto que trasciende fronteras

El caso de Eastside no solo enfrenta a ecologistas con promotores o a vecinos con las autoridades locales. También saca a la luz las grietas que persisten en la compleja relación entre España y Reino Unido en torno al Peñón. Mientras las piedras viajan desde Málaga y las máquinas trabajan sin descanso en la costa gibraltareña, la investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente representa uno de los primeros movimientos formales por parte del Estado español para examinar las implicaciones de este desarrollo urbanístico. Una reacción institucional que llega después de años de advertencias por parte de organizaciones ambientalistas.

El proyecto, iniciado sobre los restos de un antiguo vertedero, ha ido evolucionando desde los años 90 hasta convertirse en una operación inmobiliaria que redefine el perfil del Peñón. Ahora, con la segunda fase ya en marcha, el Eastside Project simboliza también los límites —y la fragilidad— de la protección ambiental en espacios disputados.

“Esto no es solo un problema local. Se trata de cómo entendemos el desarrollo sostenible en un territorio en conflicto, de si pesa más el ladrillo o la biodiversidad”, concluye Antonio Muñoz. La Fiscalía ya ha tomado nota. Y el mar, como siempre, guarda memoria.