La Fiscalía pide 8 años de cárcel a los cuatro miembros del consejo rector de Gicofa en 2014 por estafa y delito societario

Algeciras/La Sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, acoge desde este martes el juicio contra los responsables de Gicofa, la Cooperativa Farmacéutica del Campo de Gibraltar, que quebró en 2014 dejando un agujero de más de 16 millones de euros, además de una deuda de otros 20 millones, según estimaron en su día los farmacéuticos cooperativistas. 

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Sur, la Fiscalía de Área de Algeciras pide ocho años de prisión por dos delitos societarios y uno de estafa para cada uno de los cuatro encausados: el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el director general de Gicofa, que entre los años 2012 y 2013 pertenecían al consejo rector de la cooperativa. Además, como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que abonen de forma conjunta y solidaria a Gicofa la cantidad de 7.251.024,36 euros, ademas de otros 38.844,33 euros a una empresa de transportes con la que contrató servicios que no fueron abonados.

El fiscal entiende que durante ese periodo de tiempo los cuatro acusados utilizaron la posición que tenían dentro del consejo para “realizar una serie de acciones en su propio beneficio y en detrimento de los intereses de la sociedad y de los demás cooperativistas”, hasta el punto de que, a 31 de diciembre de 2013, la cooperativa tenía un desequilibrio patrimonial de 7.251.024,36 euros.

"Connifarm estaba participada por otras dos empresas. De una de ellas era consejero el presidente del consejo de Gicofa y de la otra, su hijo”, detalla la Fiscalía

“Los cuatro acusados, de forma directa u omisiva, pero siempre de común acuerdo, ejecutaron una gestión de la sociedad en la que lo primordial no fue obtener el mayor beneficio para la cooperativa y los cooperativistas, sino para su propio beneficio”, continúa el escrito de acusación. “Eso se puso de manifiesto con la elección de su socio preferente para las operaciones comerciales, Consultoría Integral Farmacéutica SL (Connifarm) una empresa exportadora de medicamentos, mientras que Gicofa se dedicaba a importarlos”, destaca el fiscal. 

Los acusados optaban por trabajar preferentemente con esta empresa “pese a que era la mercantil que ofrecía las peores condiciones comerciales y de márgenes de venta de todas las que se ofrecían a trabajar con Gicofa (14,42% sobre ventas, frente hasta un 25% que ofrecían otras empresas). La elección no era casual. Connifarm estaba participada por otras dos empresas. De una de ellas era consejero el presidente del consejo de Gicofa y de la otra, su hijo”, detalla el documento. 

“Hasta tal punto los acusados favorecían a Connifarm en perjuicio de Gicofa que, cuando esta remitía medicamentos caducados o deteriorados, Gicofa no reclamaba ni la sustitución por otros en condiciones ni el reembolso del pago, frente a lo que es habitual en el sector farmacéutico. Asimismo, cuando Connifarm tuvo dificultades económicas y entró en concurso, Gicofa renunció a participar en el mismo para obtener las cantidades que le adeudaba Connifarm”.

“El afán de descapitalizar la sociedad en beneficio propio no tiene fin”, afirma contundente el fiscal. “Pese a la situación de quiebra técnica en la que se encontraba la sociedad, los acusados se autoaprobaron para el año 2013 un incremento de dietas de 79.801,54 euros. Además, sin justificación económica alguna, se celebró el 1 de agosto de 2021 un contrato de dirección general en favor de uno de los acusados por el que cobró 120.000 euros más IVA”, señala el escrito de acusación. 

Los miembros del Consejo Rector tenían prohibido recibir remuneración, aunque el presidente del consejo recibió diversas cantidades, de las que incluso se descontó una parte en concepto de IRPF: 36.760,37 en 2012 y 55.205,14 en 2013, como detalla el escrito de acusación.

Durante esos dos años, las peticiones de información y de celebración de una junta general por parte de los cooperativistas fueron reiteradas, pero también ignoradas por los acusados, lo que obligó a aquellos a solicitar auxilio al Juzgado de lo Mercantil.

"Conducta criminal"

Para el fiscal, la “conducta criminal” de los acusados no solo perjudicó a los socios de la cooperativa, sino también a terceros. En mayo y junio de 2014, cuando la cooperativa ya estaba al límite, contrató a la empresa FLT Operador de Transporte y Logística, que desconociendo la situación de Gicofa realizó servicios por un importe de 38.844,33 euros, que fueron abonados con distintos pagarés "engañando a los responsables de la empresa sabedores de que no se iban a poder hacer efectivos porque un mes antes de entregarlos los acusados presentaron el concurso voluntario de acreedores". 

El concurso de acreedores de Gicofa fue considerado culpable por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. En primera instancia fue condenado todo el Consejo Rector y su director general a cubrir más de 18 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a la sociedad, cantidad que fue valorada por un perito. Sin embargo, tras recurrir ante la Audiencia Provincial fue condenado a pagar solo el presidente el 20% de la cantidad, unos 3,7 millones de euros. Ante esta sentencia el encausado presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que está a la espera de fallo, que entonces será firme.