Gibraltar, un paraíso fiscal en Europa

La Comisión Europea (CE) ha aparcado la exclusión de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales. La negativa del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), junto con otras formaciones situadas a su derecha, a validar las prácticas de la colonia británica ha frustrado las intenciones de las autoridades de esta última de acercarse un poco más a sus antiguos socios comunitarios. Tras pulsar la opinión de los 27, la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, la portuguesa María Luís de Albuquerque, ha postergado sin fecha el debate de la propuesta, encaminada a orillar las relaciones con el Peñón.

En febrero de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo creado por el G-8 en 1989 y bajo el amparo de la OCDE- sacó a Gibraltar de su lista negra de territorios con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las actividades relacionadas con las armas nucleares, químicas o biológicas. Sin embargo, desde la perspectiva de Europa, a las autoridades llanitas aún les queda camino por recorrer para equipararse a los países de su entorno, porque una cosa es dotarse de nuevas normas contra el blanqueo de capitales y otra bien distinta aplicarlas con rigor.

La decisión de la CE tiene mucha trascendencia porque limita las operaciones de la Roca con los países de la Unión y porque representa un gran obstáculo para la integración de facto de la colonia en el territorio Schengen, objetivo principal de las negociaciones que Reino Unido y la CE mantienen desde hace más de tres años. ¿Puede alcanzarse un acuerdo para acoger en la UE a un presunto socio que no acaba de despejar las sospechas de lavado de dinero de procedencia ilícita? ¿Se puede poner fin en esa tesitura a los controles policiales y aduaneros que fija con claridad el Código de Fronteras Schengen? La respuesta ofrece pocas dudas.

Se pone de relieve la conformación en los 27 de una nueva mayoría conservadora nada dispuesta a hacer cesiones que puedan debilitar la posición de la UE

La cuestión va más allá puesto que es la primera vez que, en relación con Gibraltar y una vez celebradas las elecciones europeas de junio de 2024, se pone de relieve la conformación en los 27 de una nueva mayoría conservadora nada dispuesta a hacer cesiones que puedan debilitar la posición de la UE, menos aún si las propuestas son apadrinadas por ejecutivos laboristas, como los de Londres y el Peñón, o socialista, como el español. El tiempo dirá si la consideración de Gibraltar como un territorio poco de fiar en el ámbito de las finanzas anticipa el no de la derecha del continente a un posible tratado.

Cuatro ministerios, dos orientaciones

En España, el panorama en relación a Gibraltar no es menos confuso por cuanto que el Gobierno de Sánchez, en función del ministerio que se trate, adopta posiciones en ocasiones contradictorias en relación a la colonia. Así, mientras que los departamentos de Defensa y Hacienda, y hasta Exteriores, mantienen viva la defensa de los intereses nacionales conforme al ordenamiento vigente en nuestro país, el de Interior permite que el Código Schengen sea papel mojado en la Verja en lo referente al sellado de los pasaportes de los llanitos. Es más, en vez de amparar al inspector jefe que hace respetar la norma frente a las insidias procedentes del otro lado de la Verja, lo empapela con expedientes disciplinarios y lo aparta del servicio.

Lo mismo cabe decir sobre los aviones que, teniendo destino o salida desde la Roca, son derivados sin justificación al aeropuerto de Málaga por inclemencias metereológicas más que previsibles: si nuestro país no permite que esos vuelos se realicen sobre el espacio aéreo español porque el aeródromo de Gibraltar está construido sobre el istmo ocupado ilegalmente, tampoco debe dar cobertura a los aviones de British Airways o Easyjet que emplean el aeropuerto malagueño como segunda pista de aterrizaje de Gibraltar. ¿Quién y por qué motivos autoriza esas prácticas?