El Gobierno congela la creación de nuevos juzgados en 2025 y amenaza con agravar la saturación de trabajo de los ya existentes

Algeciras/La preocupación por un previsible aumento de la abultada carga de trabajo que padecen numerosas instancias judiciales se extiende entre los operadores jurídicos de toda España y, particularmente, del Campo de Gibraltar. La inesperada decisión del Ministerio de Justicia de paralizar la creación de nuevos juzgados a lo largo de 2025, una medida con la que se iba a aligerar la elevada pendencia judicial en muchas instancias, ha provocado un sordo terremoto que comienza a movilizar a la judicatura.

La falta de presupuesto es el telón de fondo de la suspensión del proceso de creación de nuevas unidades judiciales que estaban ya aprobadas y que se iban a poner en marcha de manera efectiva el año que viene. En el caso del Campo de Gibraltar, queda aparcada en Algeciras la creación de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz y del Juzgado de Primera Instancia nº 6, dos oficinas destinadas a reforzar tanto la Audiencia, en unos momentos en los comienzan a sustanciarse numerosas macrocausas por narcotráfico, como los juzgados de primera instancia.

La hibernación a la que se verá sometida la creación de dichas unidades y otras muchas en todo el país es consecuencia indirecta de una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que extiende los efectos de una sentencia firme del mismo tribunal, de abril de 2023, en la que se reconoció a un magistrado el derecho a percibir una retribución adicional en su nómina por superar en un 20% la carga de trabajo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La previsible avalancha de demandas que se producirá por parte de jueces y magistrados afectados por el impago de esas retribuciones es lo que ha llevado al ministerio que comanda Félix Bolaños a echar el freno a la hora de crear nuevos juzgados el año que viene y de aprobar convocatorias de examen para nuevos de jueces. El dinero que se iba a dedicar a todo ello irá destinado ahora a abonar los retrasos salariales en la judicatura, toda vez que el ministerio parece inclinado a asumir el pago de sus deudas salariales con los jueces sin esperar a que nuevas sentencias le obliguen a hacerlo.

Así vino a explicarlo el pasado martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en una reunión mantenida en Algeciras con los miembros de la carrera judicial del Campo de Gibraltar. Según algunos de los asistentes a dicha cita, Del Río dio cuenta de las “inquietantes” intenciones de Ministerio de Justicia, cuyo impacto inmediato será el agravamiento de la carga de trabajo y de la pendencia.

Del Río ya puso el problema sobre la mesa a comienzos del pasado mes de septiembre con ocasión de la apertura oficial del Año Judicial. Desde entonces y en diversas entrevistas con diferentes medios de comunicación ha dado por hecha la suspensión del proceso de creación de nuevas unidades a raíz de la sentencia del TSJM.

Esta última estimó que la Administración no cumplía el artículo 9.1 de la Ley 15/2003, en el que se establece el derecho a la retribución de la productividad y consideró inaceptable la negativa que ofrecía hasta entonces el Gobierno amparándose en el artículo 9.3 de la Ley: falta de presupuesto y reparto proporcional de la variable.

El TSJM reconoce, sin embargo, el derecho del demandante a percibir la denominada “retribución variable por objetivos” correspondiente al cuarto trimestre de 2019 y a los sucesivos semestres transcurridos desde el 1 de enero de 2020 en adelante, siempre y cuando hubiese superado el 20% del objetivo exigido por el CGPJ. El Ministerio de Justicia, en concreto, debe abonar el 5 % del complemento de retribución variable al citado juez. De llevar a cabo la misma compensación a todos los jueces y magistrados que hayan tenido una productividad del 120%, la cifra global resultante rompe cualquier previsión.

El Ministerio de Justicia, preguntado por Europa Sur, no ha dado cuenta de sus intenciones, pero sí ha dejado algunas pistas claras sobre ellas. El pasado 25 de septiembre, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, desveló ante la comisión del ramo del Parlamento autonómico que, a diferencia de otros años, el Ministerio de Justicia no ha solicitado aún a las comunidades con competencias de Justicia transferidas sus análisis en torno a las necesidades de nueva planta ni sus propuestas justificadas al respecto, con criterios objetivos como las cargas de trabajo de los partidos judiciales, la complejidad de los asuntos en tramitación o la población.

En su comparecencia, Nieto aludió también a las palabras de Lorenzo del Río en su discurso de apertura del año judicial y a las intenciones trasladadas por el Ministerio. A juicio del consejero, sería "terrible" que el Gobierno no dotase a la comunidad de ningún nuevo juzgado en 2025, ya que provocaría un "daño" en la prestación del servicio dada la sobrecarga de trabajo existente.

La Consejería de Justicia, como ya abordó con el TSJA en la Comisión Mixta celebrada a mediados de septiembre, ha determinado que Andalucía necesita 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados. "Este año queríamos hacer una propuesta para que se atendiera la petición de incrementar en 56 los juzgados andaluces y la respuesta es que probablemente no se cree ninguno… Es terrible", se lamentó Nieto, que empleó el término "colapso" para referirse al panorama existente en muchos juzgados.

"Si no es posible resolver los conflictos en plazos adecuados porque hay un embudo, los asuntos terminan en la mesa de trabajo de un juez y, si no hay más jueces, no se puede resolver al ritmo necesario", concluyó.

Un dato aportado por Nieto en la comisión da fe del paso de tortuga que sigue la creación de nuevas unidades judiciales en Andalucía: en la última década se han creado 74 juzgados en toda la comunidad, una media de solo 7,4 al año.