El Gobierno desoye las demandas para la creación de nuevos órganos judiciales en el Campo de Gibraltar

Justicia

El Consejo de Ministros aprueba la creación de 70 unidades judiciales, ninguna de ellas en la comarca a pesar de la carga de trabajo en algunas sedes

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El Palacio de Justicia de Algeciras.
El Palacio de Justicia de Algeciras. / Jorge Del Águila
R. Máiquez

13 de enero 2024 - 02:00

El Gobierno central ha vuelto a desoír, un año más, las reclamaciones en materia judicial para el Campo de Gibraltar. El Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre un real decreto de creación de 70 unidades judiciales, ninguna de ellas en la comarca a pesar de las demandas que periódicamente vienen realizando el juez decano de Algeciras, sindicatos, asociaciones de profesionales y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este real decreto contempla la creación de 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrado en órganos colegiados "conforme a las propuestas formuladas por las comunidades autónomas", así como una plaza de juez de adscripción territorial que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para funciones de refuerzo y sustituciones. También crea nuevos juzgados exclusivos de violencia de género y formaliza nuevas agrupaciones de juzgados de esta materia.

Las demandas no cubiertas en el Campo de Gibraltar son reivindicaciones ya históricas. El decano de los jueces de Algeciras, Jerónimo García San Martín, indicó en una entrevista a Europa Sur el pasado abril, tras su elección, que la ciudad necesita un juzgado más de lo Social. "Hay dos y uno más nos permitiría señalar las vistas con más prontitud de la deseable porque hay mucha sobrecarga", indicó.

También apuntó que se hace necesario un juzgado más de Primera Instancia, un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer y uno más de Instrucción. García San Martín, además, advertía que hacían falta, al menos, una o dos secciones más de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras "porque es uno de los órganos con sede en el Campo de Gibraltar más sobrecargados".

La memoria de 2022 del TSJA también alertaba de la saturación de la sección séptima de la Audiencia Provincial: "Las macrocausas por narcotráfico contribuyen a su saturación", indicaba.

En TSJA señalaba en ese informe la necesidad de incorporar un nuevo juzgado de Primera Instancia en la ciudad. No en vano, fue el segundo que mayor número de expedientes recibió durante 2022, con 8.638. Esto supone una media de 2.160 por cada uno de los cuatro órganos, cuando la media recomendada es de 1.200.

La creación de un juzgado de lo Mercantil en el Campo de Gibraltar también es una necesidad que se ha planteado en varias ocasiones. En 2021, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lo demandó por carta al Ministerio de Justicia después de que en 2020 se optara por la creación de un segundo órgano en Cádiz "por la importancia de su puerto, a nivel nacional e internacional, y por el gran volumen de empresas ubicadas en el Campo de Gibraltar que con el mismo se relacionan”.

El abogado Juan Luis Moreno Retamino también destacó la falta de un juzgado de lo Mercantil para la comarca en un artículo publicado en Europa Sur el pasado agosto: "Cualquier cuestión que deba conocer el Juzgado de lo Mercantil debe ser resuelta por cualquiera de los dos que hay en Cádiz, que extiende su jurisdicción a toda la provincia", indicó.

Los nuevos juzgados

El Gobierno destaca que el objetivo de la creación de juzgados exclusivos de violencia de género y las agrupaciones de juzgados de esta materia es extender su jurisdicción a dos o más partidos judiciales -ya se hizo en el Campo de Gibraltar en 2020- para "lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento". "También se trata de dar respuesta a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal", indica el Ejecutivo.

En la comarca, desde su unificación se ha venido demandando que vuelva a haber uno por cada partido judicial (Algeciras, La Línea y San Roque).

En el real decreto se determinan ocho nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en Andalucía, Canarias y Navarra. También contempla la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los de Quart de Poblet y Mislata como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia.

Nuevas plazas

En cuanto a la modificación de la planta judicial se crean cuatro plazas de magistrado en la Audiencia Nacional, dos para la Sala de lo Penal y otras tantas para la de lo Contencioso-Administrativo.

Respecto a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas se crea un plaza de magistrado para la Sala de lo Social del de Castilla-La Mancha y otra para la de lo Contencioso-Administrativo del de La Rioja.

En relación con las audiencias provinciales se crean tres plazas en las de Madrid y Barcelona, dos en la de Valencia y una en las de Sevilla, Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Baleares, Albacete, Valladolid, Segovia, Girona, Tarragona, Alicante, Castellón, Badajoz, A Coruña, Pontevedra, Murcia y Álava.

Además se crean y se constituyen 36 juzgados, de ellos 15 de primera instancia, en Zaragoza, Ibiza, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Santander, Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Girona, Ponferrada, Badajoz, A Coruña y Bilbao.

Además, cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción en La Palma del Condado, Puerto del Rosario, Figueres y Arganda del Rey; cinco de lo Penal, en Castellón, Alicante, Valencia y Madrid (dos); otros tantos de lo Social, en Almería, Cádiz, Elche y Madrid (dos); uno de lo Mercantil, en Oviedo, y seis de Violencia sobre la Mujer, en Almería, Málaga, Dos Hermanas, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Pamplona.

"El impacto que la buena marcha de la Administración de justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación de la economía eficaz y a la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades", señala el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un comunicado.

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