El Gobierno de España prepara un impuesto que disparará el precio de la vivienda en el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol para los gibraltareños

La Línea/Basta con darse un paseo por Sotogrande, La Alcaidesa o Guadacorte, entre otras urbanizaciones de la comarca, para cruzarse con varios coches con matrícula de Gibraltar. Suelen pertenecer a gibraltareños y británicos que tienen una segunda vivienda en España que a menudo utilizan como lugar de residencia principal. Pero ese acceso al mercado inmobiliario español va camino de sufrir un vuelco considerable. En un futuro, cuando quieran comprar una casa en España tendrán que afrontar un nuevo impuesto de hasta el 100% del valor de la propiedad, un sobrecoste difícil de asumir por muchas economías familiares, incluso en el próspero territorio al otro lado de la Verja.

La noticia la desveló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante el foro organizado por el Ministerio de Vivienda: "Incrementaremos la carga fiscal que tendrán que pagar hasta el 100% del valor del inmueble". Sánchez propuso medidas drásticas e históricas sobre las viviendas adquiridas por extranjeros no residentes en la Unión Europea (UE). Es decir, afectan, entre otros, a los ciudadanos que viven en Gibraltar, que se vieron arrastrados por Reino Unido fuera del club comunitario desde el 1 de febrero de 2020. Aquel día culminó la salida, el denominado Brexit, decidida en el referéndum del 23 de junio de 2016.  

El considerable aumento del impuesto forma parte de un paquete de reformas para abordar la crisis inmobiliaria que afecta a las ciudades y zonas costeras de España. “Hemos decidido que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes en la UE y lo vamos a hacer aumentando la carga impositiva que tendrán que pagar en el caso de compra, hasta el 100% del valor del inmueble”, dijo Sánchez, quien también explicó que esta medida sería indispensable para bajar los precios y mermar la presión en los bolsillos de los ciudadanos. 

En la práctica, el impuesto supondrá un veto casi total a la compra por parte de este perfil de inversores o turistas, ya que tendrían que pagar el doble por un inmueble respecto a su coste real en mercado. “Lo que muestra la evidencia científica analizada en otros países es que los controles de precios funcionan cuando van acompañados de medidas estructurales que se aplican de manera coordinada y sostenida en el tiempo", explicó Sánchez desde el Museo del Ferrocarril, en Madrid.

"Después de haber hecho un trabajo muy minucioso, hemos decidido limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Es una medida inédita en la historia de nuestro país, pero que ya se está aplicando en Canadá o Dinamarca y que consideramos adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional. Solo en 2023 los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron alrededor de 27.000 casas y pisos, no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares, sino para especular y ganar dinero, algo que en un contexto de escasez residencial no podemos permitir", dijo Sánchez, cuyo argumento es que estas compras contribuyen al aumento de los precios, y a su vez desplazan a los residentes a la periferia al no poder costear los valores que exigen los arrendatarios.

Futuro incierto

Sin embargo, el futuro de esta propuesta está rodeado de incertidumbre, ya que el Gobierno de coalición en minoría tiene que conseguir que supere el complicado trámite parlamentario. De ahí que Sánchez dijera que está en fase de diseño. No hay un plazo para presentarla al Parlamento.

Para poner en marcha el nuevo impuesto, el Ejecutivo baraja dos opciones. Por un lado, rediseñar el actual Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), tributo que deben pagar aquellos que adquieren una casa. Aunque es la Administración General del Estado la que regula la estructura básica -los tipos impositivos máximos, las exenciones y las reducciones- el impuesto es de gestión autonómica. Es decir, son las Comunidad Autónomas las que pueden modificar las bonificaciones. La otra opción es crear un nuevo impuesto, que sólo afectaría a los extracomunitarios no residentes, como los gibraltareños. Este tributo podría operar como el de patrimonio y grandes fortunas, que son gestionados por el Estado y las comunidades, respectivamente.

No se ha aclarado qué ocurriría si el comprador es una sociedad limitada o anónima con sede fiscal española o europea, aunque su capital o socios sean extracomunitarios no residentes. 

Además del impuesto, también se sopesa la posibilidad de llevar a cabo reformas estructurales destinadas a aumentar la oferta de viviendas asequibles, entre ellas, la creación de una agencia de vivienda pública que gestionará unos 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial, en un intento de arrebatar al sector privado gran parte del mercado. El llamado Plan Nacional de Vivienda también propone imponer impuestos más altos para los alquileres vacacionales, exenciones fiscales y protecciones para propietarios que ofrezcan viviendas asequibles, reformas legales para agilizar procesos de construcción y la ampliación de terrenos disponibles para la construcción privada.

La medida ha generado reacciones dispares en el sector, como la de Sarah Conroy, una agente inmobiliaria británica con tres décadas de experiencia en Marbella, quien dijo a la agencia AP que se trataría de una medida "enorme". "Necesitan hacer algo porque la gente que vive aquí realmente no puede alquilar nada porque es muy caro", agregó. Según Conroy, el 80% de sus clientes son compradores de segundas residencias, entre ellos británicos post-Brexit y ciudadanos de países del Golfo Pérsico.

En el año, 2012, el técnico de Administración Local Francisco Martín, elaboró un estudio sobre las evasiones fiscales de los gibraltareños con casa en España que fue publicada en medios especializados en temas fiscales, referidos especialmente a los impuestos municipales. Según dicho estudio, referido al año 2012, el 70% de los gibraltareños eran dueños de inmuebles en España, gran parte de ellos eran a viviendas situadas en urbanizaciones repartidas en su mayoría entre La Línea de la Concepción y Sotogrande, según datos del Catastro.

Según el Financial Times, el mayor grupo de compradores no españoles son los británicos, que representan el 8,5 por ciento de todas las transacciones extranjeras.

Impacto en La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha advertido en varias ocasiones el impacto que un posible acuerdo post-Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar tendría para el mercado inmobiliario de su ciudad. Según dijo esta semana el regidor, antes de conocerse la medida que prepara el Gobierno de España, el limitado nicho de viviendas, cuyos precios podrían dispararse a este lado de la Verja, los acabaría convirtiendo en inalcanzables para los linenses. “En la actualidad, uno de cada tres anuncios son de personas buscando alquileres y diciendo que 500 euros no pueden pagar. ¿Qué va a pasar con la vivienda aquí? ¿A qué precio se va a pagar? Puede pasar que en Gibraltar baje un poco y en La Línea pegue un pepinazo enorme, de manera que los linenses no van a poder comprar una vivienda. Todo eso ¿cómo se afronta?".

Pero, ¿qué ocurriría sin un acuerdo?. El alquiler en la ciudad caería en torno al 45%, según estima el Grupo Transfronterizo. También afectaría al mercado inmobiliario más lujoso de la vecina urbanización de Sotogrande, donde las familias gibraltareñas de mayor poder adquisitivo disfrutan de sus grandes chalets. Si se alcanza tratado, es de suponer que se produciría el efecto contrario y más gibraltareños se lanzarían a comprar o alquilar inmuebles en el Campo de Gibraltar, lo que podría ocasionar un aumento del precio de los alquileres inasumible para municipios como el linense. A menos que la subida del impuesto lo impida.

Mientras, en Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar lleva años luchando contra su problema de vivienda, generado por sus limitaciones geográficas. A principios de este año firmó un acuerdo preliminar con la multinacinal vietnamita TNG Global para llevar a cabo un nuevo proyecto de expansión territorial en el puerto interior, frente al paseo Harbour Views Promenade. La iniciativa abarcará 47.000 metros cuadrados. El terreno ganado se destinará en su mayor parte a la construcción de viviendas bajo programas públicos. El ministro principal, Fabián Picardo, justificó la iniciativa como una medida para atender "la creciente demanda de vivienda" y señaló que Gibraltar "necesita expandirse para albergar a su población", sobre todo si el tratado sobre el futuro de la colonia británica no llega a buen término. Sin embargo, grupos ecologistas y críticos de la política urbanística del Peñón advierten sobre el impacto acumulativo de este tipo de proyectos.

Este nuevo relleno se suma a otras iniciativas similares en el Peñón, como el cuestionado Eastside Project, también financiado por TNG Global, que ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones conservacionistas debido a su proximidad a áreas de alto valor ambiental y a sus efectos sobre la biodiversidad marina.