El Gobierno reconoce que Gibraltar no pidió permiso para sus rellenos sobre aguas españolas

Gibraltar/El subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, perteneciente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ha respondido a la denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción sobre los rellenos en Gibraltar sobre aguas españolas. En una carta fechada el 4 de octubre, cinco días antes de la reunión de los conservacionistas con el ministro José Manuel Albares, se detallan las acciones que se han llevado a cabo por parte del Gobierno.

La denuncia, presentada por Antonio Muñoz Secilla en nombre de Verdemar, incluye dos aspectos principales: el trasiego de piedras desde la cantera La Utrera, ubicada en Casares (Málaga), y los aportes de escollera a Gibraltar que afectan a la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental.

La Subdirección ha trasladado la queja a las consejerías competentes de la Junta de Andalucía. En concreto, la Consejería de Cultura y Deporte analizará la posible afección a un Bien de Interés Cultural, mientras que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente evaluará los impactos ambientales generados por la actividad de la cantera.

Sobre los aportes de escollera a Gibraltar, la respuesta destaca que no consta la existencia de ningún permiso otorgado por esta administración para ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en la ZEC del Estrecho Oriental. Asimismo, se indica que la gestión del litoral ha sido transferida a la Junta de Andalucía, por lo que la competencia en este asunto recae en dicha administración.

En cuanto a la solicitud de acceso a informes y denuncias, la Subdirección argumenta que no puede admitirse a trámite, dado que se trata de información de carácter interno o auxiliar, no destinada a ser revelada públicamente.

Finalmente, se informa que las actuaciones administrativas y judiciales en torno a los rellenos están siendo analizadas conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, lo que pone de manifiesto que este asunto sigue bajo revisión en colaboración con otros órganos del Estado.

Solicitud a Albares

Tras esta respuesta de la subdirección general de Biodiversidad Terrestre y Marina, Verdemar solicitó directamente a Exteriores que tome medidas urgentes ante la extracción de grandes cantidades de piedra de canteras en Casares que están siendo utilizadas para el proyecto de ampliación Eastside. La petición se realizó durante la reunión celebrada el 9 de octubre con Albares, a quien la organización ecologista explicó los impactos ambientales que esta práctica supone para la Sierra de la Utrera, una zona de alto valor ecológico y arqueológico.

Las piedras extraídas de la Utrera I, instalación perteneciente a la empresa Votorantim Cimientos, se están transportando hasta el Peñón, donde se están utilizando para ganar terreno al mar. Salen a diario en enormes camiones, circulan por la autopista, y llegan a Gibraltar. Verdemar ya denunció el asunto ante la Junta de Andalucía y considera que las mencionadas piedras de gran tonelaje servirán para seguir ganando terrenos al mar en aguas españolas.

Este proceso es parte de las obras de ampliación del proyecto Eastside, una urbanización de lujo en la costa este de la colonia, que incluye un puerto deportivo, viviendas y zonas comerciales. El portavoz de Verdemar advirtió que "casi 50.000 toneladas de piedra" serán utilizadas para construir espigones y transformar el frente marítimo de la colonia.

La Sierra de la Utrera y sus alrededores, donde se encuentran los Baños de la Hedionda y el río Manilva, son áreas protegidas por la legislación europea. La sierra alberga importantes yacimientos arqueológicos que datan del Paleolítico y el Neolítico, incluyendo cuevas con representaciones de arte rupestre. En 2014, el Sistema Subterráneo de las Hediondas fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Los ecologistas han alertado que la extracción de piedra en esta zona pone en peligro su integridad, tanto por la destrucción del paisaje como por el impacto en sus ecosistemas.

Una práctica que vulnera la normativa internacional

Desde hace más de 40 años, Gibraltar ha realizado rellenos para expandir su territorio hacia el mar, lo que, según Verdemar, contraviene la normativa europea e internacional. En 2012, España prohibió este tipo de obras en el mar al declarar el Estrecho Oriental como Zona Especial de Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Este espacio, de gran biodiversidad, incluye hábitats marinos como chimeneas submarinas, arrecifes, y especies en peligro como el delfín mular y la tortuga boba.

A pesar de las protestas, los rellenos de Gibraltar continúan. Estas actividades también vulneran el Tratado de Utrecht de 1713, que cedió a Reino Unido únicamente la ciudad de Gibraltar, el puerto y las defensas, pero no las aguas adyacentes. Además, incumplen el Convenio de Espoo, que obliga a consultar y evaluar los impactos ambientales de proyectos transfronterizos. Aunque Gibraltar dejó de estar sujeta a la normativa europea tras el Brexit, el convenio sigue siendo vinculante.

El proyecto Eastside y la inacción española

El proyecto Eastside es uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos en Gibraltar, con una extensión de 45.000 metros cuadrados ganados al mar. En 2022, Gibraltar firmó un acuerdo con el grupo TNG Global Foundation por 103 millones de euros para arrendar los terrenos donde se construirán un puerto deportivo con 400 amarres, un hotel, 1.300 viviendas y zonas comerciales. Aunque este proyecto ha recibido críticas desde su inicio en 2007, los rellenos han continuado de forma progresiva. Jesús Verdú, profesor de Derecho Internacional del Campus Bahía de Algeciras, recordó en un reportaje para 'Europa Sur' que "la historia de Gibraltar es la de un pueblo que gana terreno al mar", pero advirtió que la expansión actual podría afectar la costa de La Línea de la Concepción y alterar la dinámica litoral.

A pesar de que el Gobierno español podría ejercer mayor presión para detener estos trabajos, Verdemar denuncia la "falta de una postura proactiva" por parte de España. Aunque en 2012 se aprobó un Real Decreto que prohíbe expresamente los rellenos en esta área protegida, hasta ahora no se han tomado medidas eficaces para frenar el avance del proyecto en Gibraltar. Verdemar ha instado a que se incluya este tema en las negociaciones post-Brexit y se adopten acciones firmes para proteger la biodiversidad del Estrecho Oriental.