El sindicato mayoritario de la Guardia Civil denuncia retrasos en el equipamiento del Servicio Marítimo y los GEAS en plena crisis de seguridad en el Estrecho

Jucil advierte que los agentes siguen sin vestuario ni material especializado, mientras Europa investigará la desprotección del cuerpo tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate

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Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas  (GEAS) de la Guardia Civil en la Bahía de Algeciras.
Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en la Bahía de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Algeciras/El sindicato Jucil, mayoritario en la Guardia Civil, ha denunciado públicamente los retrasos en la dotación de uniformes y equipamiento específico para los agentes del Servicio Marítimo (SEMAR) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). "La Guardia Civil de Grande Marlaska es un caos", ha criticado el colectivo en sus redes sociales, en referencia al ministro del Interior.

Según ha explicado el sindicato, aunque el expediente de adquisición ya está en marcha, el proceso se encuentra aún en fase de valoración de ofertas. La apertura de sobres comenzó el pasado 4 de febrero, tras una ampliación de plazo solicitada por el Servicio de Abastecimiento. De acuerdo con los pliegos de contratación, el material destinado a 2025 se entregará en un plazo de cuatro meses desde abril o desde la firma del contrato, por lo que no se espera que empiece a llegar hasta el verano.

El contrato, con un presupuesto base de 1,76 millones de euros (2,13 millones con impuestos), contempla la adquisición de vestuario y material especializado para garantizar que los miembros del SEMAR y los GEAS puedan desempeñar correctamente sus funciones y ser identificados como miembros del Cuerpo. También se incluye la reposición de prendas y equipos deteriorados para mantener la operatividad de ambas unidades.

El malestar entre los agentes coincide con una creciente preocupación por las condiciones de trabajo en el Estrecho de Gibraltar, agravada tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate en febrero de 2024. Uno de ellos, Miguel Ángel González, de 39 años, era buzo del GEAS con base en Algeciras. Natural de San Fernando y residente en Los Barrios, González dejó pareja y una hija de 12 años.

La familia de González mantiene viva la búsqueda de responsabilidades judiciales. Tras el archivo de la causa contra dos mandos de la Guardia Civil —el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia de Cádiz—, sus allegados han anunciado que llevarán el caso al Tribunal Supremo. Su defensa argumenta que los sobreseimientos se dictaron "sin que se practicaran diligencias" de investigación.

La tragedia de Barbate, en la que los dos agentes fueron arrollados por una narcolancha en plena operación, provocó un profundo impacto en la opinión pública, agravado por los vítores y celebraciones de los testigos en el muelle tras la muerte de los guardias.

Este contexto de violencia y desprotección ha motivado que una misión del Parlamento Europeo viaje a Algeciras el próximo 27 de mayo. Los eurodiputados visitarán la sede del GEAS, donde se reunirán con algunos de los supervivientes de aquella noche fatídica. Ellos viajaban en la zódiac que fue embestida y su testimonio será clave para trasladar a Bruselas la realidad del trabajo policial en una de las zonas más sensibles de Europa en la lucha contra el narcotráfico.

La visita, impulsada tras una queja presentada por Vox sobre las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad en el litoral gaditano, buscará recabar información sobre los riesgos que afrontan los agentes frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, en un escenario donde la falta de medios adecuados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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