Las inmobiliarias del Campo de Gibraltar creen que el acceso a la vivienda de los jóvenes es un problema social grave
GICA
Los menores de 35 años destinan de media un 53% de su salario al alquiler
GICA reclama más suelo para promotores, programas de vivienda protegida y facilitar la financiación
"La Ley de Vivienda es un disparate porque ha aumentado el precio del alquiler"
La asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA) se ha reunido estos días con administraciones e instituciones públicas con competencias en materia de vivienda para solicitarles que se implementen políticas que mejoren el acceso a la vivienda en propiedad para los jóvenes.
La junta directiva de GICA, que representa a un centenar de agencias del sector inmobiliario del Campo de Gibraltar y toda la provincia, asegura que el acceso a la vivienda, agravado por un mercado de alquiler al alza, se está convirtiendo en "un verdadero problema social", con jóvenes enfrentándose a precios crecientes y una competencia feroz en un escenario de alojamientos limitados.
Esta organización empresarial aboga por ampliar las iniciativas de ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación para que converjan y puedan ser complementarias. Las medidas deben abarcar desde la colaboración público-privada con la puesta a disposición de suelo a promotores, destinar presupuestos a programas de vivienda protegida o mejorar el acceso a la financiación, reclaman desde GICA.
Esta asociación cita como ejemplo la iniciativa de la Junta de Andalucía, que ofrece garantías a jóvenes de hasta 35 años para financiar su primera vivienda, como “un paso en la dirección correcta”. Medidas como ésta “facilitan la financiación de hasta el 95% del coste de la vivienda, en colaboración con varias entidades financieras; proporcionan una alternativa al mercado de alquiler, y también permiten a los jóvenes comenzar a construir su patrimonio y seguridad financiera”, mantiene el presidente de GICA, el algecireño Lucas Carrasco.
“No obstante, y aun siendo pronto para vaticinar los resultados de esta iniciativa, la dependencia de la burocracia en la tramitación de estos expedientes con el tiempo que esto conlleva, ampliando los plazos desde la firma de contrato hasta la firma de escritura, pone en peligro el éxito de esta medida”, asegura Begoña Gómez, vicepresidenta de GICA.
Por ello, la asociación propone incentivos fiscales para constructores y promotores y acuerdos posteriores con asociaciones empresariales del sector para trabajar en un mercado exclusivo para compradores jóvenes que puedan acceder a proyectos de vivienda asequible.
Por parte de la asociación, se quiere igualmente contribuir “y ser parte de la solución poniendo a disposición de las administraciones nuestra red de agencias, asesorando a los jóvenes en todas las cuestiones legales que se necesitan como paso previo a la compra de una casa”, añade el presidente.
“Al facilitar que los jóvenes accedan a su propia vivienda, se promueve su independencia y se fortalece la cadena de valor social económica en la provincia. Esto es crucial en Cádiz, donde retener el talento juvenil es fundamental para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible”, añade Lucas Carrasco.
Más del 53% del salario para alquilar
Según diversos informes de observatorios públicos y privados, entre los andaluces de 26 a 35 años, el salario medio anual se sitúa en 15.078 euros -1.292 euros mensuales-, una cantidad que dificulta tanto la adquisición de una vivienda como el alquiler.
Con estas cifras, la cuota hipotecaria representa el 43,5% de su salario, debido al incremento de los tipos de interés, otro factor que debe ponerse en el foco de las instituciones públicas. El alquiler también es problemático, con jóvenes destinando el 53,1% de sus ingresos para este concepto. Las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla son las más afectadas. Como resultado, la tasa de emancipación de los jóvenes andaluces ha caído en casi 9 puntos, ubicándose en 14,3%, por debajo de la media nacional.
En este escenario, las empresas del sector de agencias inmobiliarias de la provincia de Cádiz quieren “participar en el debate social y la aportación de ideas iniciativas para hacer frente a un problema que, bien gestionado desde la iniciativa pública-privada, puede encontrar soluciones a medio plazo”, defiende el presidente de GICA.
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