Comienza el juicio contra cinco guardias civiles y otras diez personas por una red criminal establecida en el Puerto de Algeciras

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha emprendido este lunes la celebración del juicio contra una supuesta red delictiva liderada por un cabo de la Guardia Civil destinado en el Puerto de Algeciras y otras catorce personas.

Entre los encausados figuran, además del cabo del instituto armado, otros cuatro miembros de la Benemérita y un abogado, a quienes la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar les atribuye, entre otros, los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, cohecho y blanqueo, según el escrito de acusación del ministerio público al que tuvo acceso Europa Sur.

La sesión ha comenzado con la citación de los procesados a las 10:00 así como con las cuestiones previas al arranque del procedimiento. Está previsto que las sesiones se desarrollen durante toda la semana y el próximo 21 de febrero.

La investigación se remonta al año 2012, cuando las autoridades tuvieron indicios de la existencia de una organización criminal liderada por un guardia civil destinado en Málaga que estaría facilitando la introducción en España de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Algeciras. "El acusado B.A.P., cabo 1º de la Guardia Civil destinado en esa fecha como Jefe de Turno de la sección aduanera del Puerto de Algeciras, fue identificado como uno de los posibles responsables”, según la Fiscalía.

La estructura establecida y liderada por B.A.P aprovechaba la condición profesional de varios de sus miembros, guardias civiles destinados en la Sección Fiscal del Puerto de Algeciras, para facilitar el paso de mercancías ilícitas a través del Puerto eludiendo los controles fiscales y aduaneros a los que dichas mercancías pudieran verse sometidas.

Otra parte de la trama estaría formada por personas interpuestas a las que utilizaba como titulares de propiedades que las ganancias logradas pasasen desapercibidas. Los testaferros eran, principalmente, allegados.

La Fiscalía también señala a R.C.L., abogado, al que se considera persona de confianza de B.A.P: “Su función era la realización de funciones de enlace entre la organización y los grupos delictivos que requerían los servicios de esta para la introducción de mercancías por el Puerto, proporcionándoles instrucciones en tiempo real, conforme a la información que, a su vez, le era transmitida por los miembros de su organización, para la consumación del ilícito”.

La “estructura operativa” de la red criminal, a juicio del fiscal, estaba conformada por otros cuatro guardias civiles destinados a la fecha de los hechos en el Puerto de Algeciras. “Siempre bajo las órdenes de B.A.P., y de acuerdo con la información en tiempo real que les facilitaba [el abogado] R.C.L, los acusados eran los responsables de garantizar materialmente la entrada a través del Puerto de la mercancía ilícita, de manera que ésta eludiese los preceptivos controles fiscales y aduaneros”.

La Fiscalía solicita para el principal acusado, B.A.P., un total de 28 años de prisión, a razón de siete años por el delito de dirección de organización criminal; otros siete por contrabando (y multa de 10 millones de euros); seis más por el delito de cohecho (con una multa de 24 meses con una cuota diaria de 15 euros y doce años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil) y ocho años de prisión y multa de 900.000 euros por blanqueo de capitales agravado. A todos esos delitos se unen dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones como guardia civil por la comisión del delito de omisión del deber de perseguir delitos.