La Junta habilita su cuarto depósito judicial público para custodiar los vehículos y las narcolanchas del narcotráfico

Algeciras/Andalucía suma ya cuatro depósitos judiciales de vehículos de carácter público habilitados en la región, utilizados en su inmensa mayoría para custodiar los vehículos utilizados para el tráfico de drogas y las narcolanchas intervenidas a las mafias. Las nuevas instalaciones se encuentran en Almargen (Málaga) y han sido visitadas este lunes por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Para el consejero, se trata de unas instalaciones muy demandadas ya que Málaga es, junto con Sevilla, "la provincia donde más vehículos se incautan, muchos de ellos de alta gama, además de las narcolanchas". Nieto ha recordado que tres de estos depósitos han sido puestos en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno, ya que hasta 2019 solo existía uno legalmente contratado en la provincia de Sevilla (inaugurado en 2010).

Se trata de un servicio adjudicado por concurso público, por casi 700.000 euros, para 24 meses prorrogables. Una fórmula que, según la Junta, "garantiza una gestión eficiente, transparente y legal frente a la inseguridad jurídica y los sobrecostes que provocaba el anterior modelo basado en acuerdos con empresas privadas".

Nieto ha recordado que este tipo de infraestructuras son necesarias para garantizar que los vehículos incautados "no se deterioren y estén seguros". Por eso, en 2019 se creó un depósito en Mengíbar para dar servicio a las provincias de Jaén, Granada y Almería.

Posteriormente, se puso en marcha otro para cubrir la zona del Campo de Gibraltar y desde septiembre está en marcha este de Málaga, con capacidad para 600 vehículos y más de 11.000 metros cuadrados. Actualmente, custodia 275 vehículos por orden judicial de los que más de un centenar han sido trasladados del depósito de Sevilla. Las instalaciones cuentan con un sistema de seguridad con cámaras de vigilancia en todo el recinto.

El volumen de vehículos que hay que gestionar es un "problema para todas las administraciones con competencias en Justicia". Por ello, ha dicho el consejero, requiere de una puesta en común y un trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que requisa el vehículo, la autoridad judicial que es la que tiene que decretar el depósito y la decisión que se debe adoptar. "Tenemos que trabajar en una gestión más eficiente de los vehículos y demás bienes que se incautan", ha manifestado Nieto, quien ha dicho confiar en que próximamente exista un protocolo estatal para homogeneizar la gestión de estos depósitos judiciales.

El consejero se ha referido también a las narcolanchas que, aunque son competencia de la Agencia Tributaria a través de los Puertos, la Junta ha asumido encargarse de ellas siempre que exista un auto judicial que ordene su depósito o destrucción. "No se pueden destinar a otro uso, ya que son ilegales, por lo que procuramos, en cuanto la autoridad judicial lo permite, su destrucción en el menor tiempo posible", según Nieto.

El depósito de Málaga custodia cinco narcolanchas (y otras dos embarcaciones menores) y en el de Sevilla tres más. Estos servicios no pueden hacerse cargo de custodiar las narcolanchas incautadas en operaciones policiales si no existe un auto judicial que lo ordene.

Nieto ha estado acompañado por la viceconsejera, Ana Corredera; la directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Fondos; Carmen Navarro; la delegada territorial de Justicia, Teresa Pardo; la alcaldesa de Almargen, María del Carmen Romero; y las autoridades judiciales con la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, a la cabeza.