La Junta reclama un cambio de la ley de especies invasoras para paliar el daño del alga Rugulopterix okamurae

Tarifa/Sólo cuando la Rugulopterix okamurae deje de ser un residuo inútil para convertirse en un recurso que las empresas privadas puedan utilizar para fabricar sus productos, dejará de ser un grave problema para sectores como la pesca, el turismo y la hostelería, así como para la economía de los municipios que la sufren desde 2015. Pero la misma ley que obliga a los ayuntamientos de Tarifa, Algeciras, La Línea, Barbate y Conil a gastar miles de euros al año para retirarla de las playas y llevarla a vertederos, prohíbe la comercialización. Es decir, impide la solución al problema y da forma jurídica a un sistema que diez años no ha logrado frenar su expansión y ni siquiera ha paliado los trastornos que ocasiona. Este es el mensaje que este viernes han lanzado en el teatro Alameda tarifeño, durante una jornada sobre el alga invasora, administraciones locales, representantes de sectores afectados y la propia Junta de Andalucía, que reclama un "cambio normativo, ya".

Óscar Curtido, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, entiende que "la normativa es un freno" y deja "sin alternativa viable a los municipios", que no pueden afrontar el gasto que supone la retirada y eliminación. Curtido habló después de Elvira García Bellido, jefa del Área de Especies y Hábitats Protegidos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), con la que sólo estuvo de acuerdo en que la Rugulopterix "ha venido para quedarse".

García Bellido hizo un repaso de la legislación para zanjar el debate de entrada. La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad creó, en su artículo 64, el Catálogo Español de Especies Protegidas, donde está la Rugulopterix desde noviembre de 2020. El Real Decreto 630/2013, que regula esta lista, prohíbe específicamente la posesión, el transporte, el tráfico y el comercio, salvo excepciones que debe autorizar la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Para poder hacerlo debe pedir permiso a la Unión Europea (CE), que en su reglamento 1143/2014 establece una Lista de Especies Preocupantes en la que también se encuentra desde mayo de 2022. En definitiva un muro legal para impedir la "valorización" del alga invasora porque no la considera "parte del control de la especie" y sólo la entiende como "una medida complementaria". "No contribuye a la erradicación y a poner freno a la expansión", concretó la representante del MITERD, quien advirtió que, hasta el momento, sólo se han recibido peticiones de investigación, ninguna para comercializar la Rugulopterix, por lo que no se ha denegado autorización alguna. Algunos de los presentes, dijo, le comentaron en los pasillos del teatro Alameda que sí se habían cursado solicitudes de asociaciones y empresas. A ella, dijo, no le constan después de haber revisado los archivos. Hasta el momento, por tanto, la única inversión que se realiza es sólo para la investigación a través de las universidades.

Y eso, a pesar de que existen proyectos para convertir el alga invasora en compost, fertilizantes o bioestimulantes para la agricultura, envases o bandejas biodegradables, productos cosméticos, textiles y para el calzado, entre otros. "Es mucho más que una amenaza y tenemos que ingeniárnoslas para que deje de tener este impacto gravísimo que tiene; hay que tirar de inventiva", opino Curtido, que explicó que para la Junta es hora de que deje de ser "un residuo" para transformarse en "un recurso". Los ayuntamientos son los únicos responsables de la retirada y eso tiene un alto coste que limita su capacidad para hacer otras inversiones", explicó, antes de pedir una exención del impuesto de depósito en vertedero para el gasto sea menor para los municipios. También pidió "soluciones estructurales" para compensar los daños a la pesca o al turismo y, sobre todo, aprovechar la "oportunidad" que brinda la valorización".

"La ley impide aprovechar la biomasa salvo excepciones que estén dentro de las medidas de control y garantice la eliminación de la capacidad invasora. Eso hay que cambiarlo", opinó Curtido, que reiteró la petición de "apoyo financiero a los municipios" e incluso "incentivos para las empresas que trabajen con el alga" para la creación de "empleo verde". "Hacen falta soluciones reales que den alternativa a los ayuntamientos", dijo. "Tenemos ya conocimiento científico, la tecnología necesaria y empresas interesadas en asumir ese coste" para quitarle "la carga" a los municipios.

La jornada la iba a inaugurar el alcalde, José Antonio Santos, que disculpó su ausencia a última hora. Lo sustituyó el segundo teniente de alcalde, Ignacio Trujillo, quien aseguró que el Ayuntamiento de Tarifa ha retirado en lo que va de año 11.500 toneladas de sus 35 kilómetros de litoral. "Esta problemática tiene que tener una solución y necesitamos que todas las administraciones la encuentren juntas porque es un problema ambiental bastante grave que se ha extendido ya por toda España", continuó, antes de desvelar que la Diputación de Cádiz es la única administración que ayuda económicamente a los municipios frente al alga. Lleva invertidos un millón de euros y este año va a entregar 400.000 euros de entrada. "Este verano lo hemos pasado muy mal, el coste del traslado al vertedero de Los Barrios es lo peor y la valorización es la solución, porque nos quitaría un peso de encima", apostilló.

En la jornada intervinieron además el patrón mayor de la Cofradía de Tarifa, Manuel Suárez, la jefa de Servicio de Medio Ambiente de la Diputación, Irene Ares; Rocío Yñiguez y Sandra Liliana, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla; el investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Ismael Hachero, y el maestro de Cultura Emprendedora Antonio Vegara.