El linense Kiko el Cabra, uno de los narcos más temerarios del Estrecho, evita la cárcel tras un acuerdo judicial

La Línea/Francisco Javier M.P., de 46 años y conocido como Kiko el Cabra, ha esquivado la cárcel pese a ser condenado por contrabando y pertenencia a organización criminal. Este veterano traficante de La Línea de la Concepción, famoso por su temeraria habilidad para cruzar el Estrecho al mando de narcolanchas cargadas de hachís, y otros cinco detenidos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía que les permite eludir el ingreso en prisión.

El juzgado penal número 5 de Huelva les ha impuesto penas de entre un año y siete meses y dos años de cárcel, además de multas que van de los 82.000 a los 100.000 euros. Sin embargo, la sentencia suspende el cumplimiento de las penas a condición de que no vuelvan a delinquir en los próximos dos años, o tres en el caso del piloto, debido a sus antecedentes.

El Cabra es un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Campo de Gibraltar. Con más de 15 años de experiencia en el narcotráfico, comenzó ayudando a descargar fardos de tabaco en las playas de La Línea antes de ascender como copiloto y finalmente como piloto de narcolanchas.

El caso que le ha llevado nuevamente ante la justicia comenzó el pasado febrero, cuando una narcolancha con él y otros dos tripulantes a bordo atracó en el puerto de Barbate para reparaciones. Allí, la Guardia Civil había montado un dispositivo tras la muerte de dos agentes al ser embestidos por otra embarcación de alta velocidad. Aunque la tripulación de El Cabra intentó huir, fueron interceptados en La Línea y Sotogrande tras abandonar la embarcación.

La jueza ha considerado probado que los seis acusados formaban parte de una red de tráfico de drogas, pero la atenuante de arrepentimiento y colaboración con la investigación ha permitido que sus abogados y la Fiscalía pacten una sentencia sin cárcel.

Tanto él como los otros cinco acusados han reconocido la comisión de delitos de narcotráfico y han ofrecido los datos que conocían de otra embarcación de alta velocidad que se encontraba en el puerto de Barbate y que embistió a una zódiac ocupada por funcionarios de la Guarda Civil, con el resultado de dos fallecidos y varios heridos.

Contenido de la sentencia

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, dos de ellos, con antecedentes penales, y uno de ellos, sin antecedentes, se encontraban en una lancha de 14 metros de eslora y cuatro motores de 300 caballos, valorada en 162.000 euros, a la que habían accedido en Sanlúcar de Barrameda el 8 de febrero, a la espera de órdenes del líder de una banda para la realización de transportes.

Como consecuencia del fuerte temporal, el piloto decidió resguardarse en el puerto de Barbate, donde comprobaron que uno de los motores no funcionaba correctamente, por lo que fueron enviados a la embarcación otros tres hombres, sin antecedentes penales, que subieron a la lancha el 9 de febrero a las 15:00 con los utensilios para arreglar la avería y hacer una revisión, permaneciendo varias horas, hasta que quedaron listos por la tarde.

No obstante, en ese momento, en el puerto barbateño se hallaban miembros de la Guardia Civil, que acudieron al lugar por la presencia de otras cinco embarcaciones de alta velocidad desde el día anterior, por lo que los mecánicos no pudieron bajar a tierra, y permanecieron en ella hasta las 20:30, después de que dos agentes murieran y otros resultaran heridos al embestir una narcolancha contra ellos.

La embarcación con las seis personas abandonó Barbate en dirección a Sotogrande, donde se bajaron los mecánicos y fueron arrestados, y a La Línea, donde descendieron los otros tres y también fueron detenidos, mientras que la embarcación quedó embarrancada.

Tras varias semanas en la cárcel, la Fiscalía acordó con sus letrados dejarles salir de prisión a cambio de que aceptaran su participación en hechos delictivos relacionados con el transporte de drogas, aunque ese acuerdo establecía también que sus clientes no ingresaran en prisión.

La sentencia, finalmente, los considera culpables de delitos de contrabando a los seis, y a tres de ellos también de pertenencia a organización criminal, pero concurriendo la atenuante de arrepentimiento y colaboración.

La jueza acuerda la suspensión de las penas privativas de libertad con un plazo de dos años para cinco de ellos, y de tres años, debido a sus antecedentes, para el piloto de la embarcación, con la condición de que no podrán delinquir durante este período ya que, en caso contrario, tendrán que cumplir en la cárcel esta pena y la del nuevo delito cometido.

La sentencia finaliza recordando que contra ella no cabe recurso.