La Línea, uno de los cinco municipios de Andalucía que ha adoptado la zona de bajas emisiones exigida desde enero de 2023

Un año y medio después de que entrase en vigor la norma, La Línea es uno de los cinco municipios con más de 50.000 de Andalucía que han puesto en marcha la zona de bajas emisiones que prescribe la ley estatal, que obligaba a reducir el tráfico rodado desde enero de 2023. El otro municipio del Campo de Gibraltar afectado por esta medida, Algeciras, está entre los 18 que se encuentran en trámites de la implantación de dicha zona.  

Las administraciones no predican con el ejemplo cuando inciden en el incumplimiento de las leyes. El caso es de reincidencia si se trata de la obligación que tienen las administraciones locales de reducir el tráfico rodado desde el 1 de enero de 2023. Más de un año y medio después, sólo cinco ayuntamientos andaluces, entre los que se encuentra el de La Línea, han puesto en marcha la zona de bajas emisiones que prescribe la ley estatal. Si bien el caso linense está siendo analizado por el Ministerio de Transición Ecológica por sus peculiaridades.

Del resto de los 22 municipios a los que apunta la norma, según la información del este mismo organismo gubernativo, cuatro no han iniciado aún los trámites, mientras que los otros 18, con Algeciras a la cabeza, han comenzado ya el procedimiento.

La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética obligaba a los municipios de España de más de 50.000 habitantes y a aquellos con más de 20.000 a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023 cuando se superen unos niveles contaminantes concretos. Para ello, tal como refleja la norma estatal, las administraciones locales debían aplicar restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, explica el Ministerio. Más de un año y medio después de la fecha tope, el Gobierno central busca un modo para que los ayuntamientos ejecuten efectivamente la normativa. El Ministerio de Transportes ha afirmado que vinculará las ayudas para el transporte público a la aplicación de la ley.

Además de los efectos que sobre el aumento de las temperaturas tiene la emisión de gases de tipo invernadero, los argumentos relacionados con la salud de la población pesan igualmente en la redacción de esta ley. La Unión Europea propone límites de contaminación con objeto de mitigar la aparición de enfermedades en la población. La deficiente calidad del aire que respiran los ciudadanos tiene efectos directos sobre la calidad de vida de las personas, especialmente las de los niños y de las personas con más edad. 

Unos 300.000 europeos mueren al año de manera prematura

La Agencia Europea de Medio Ambiente cifra en unas 238.000 las muertes prematuras en Europa en 2020 como consecuencia de la exposición a partículas de menos de 2,5 micras (PM 2.5). La contaminación por dióxido de nitrógeno ha provocado la muerte de 49.000 personas de un modo prematuro, una cifra que fue de 24.000 fallecimientos debido a la exposición al ozono. El tráfico rodado es responsable de una gran parte de estos contaminantes ambientales.

La mencionada ley de cambio climático señala a 151 municipios con más de 50.000 habitantes, de los que 27 son andaluces. El registro del Ministerio de Transición Ecológica únicamente contempla la adopción de una limitación del tráfico que indica la norma en Almería, Córdoba, Estepona (Málaga), La Línea (Cádiz) y Sevilla. No obstante, según ha podido saber este periódico, el Gobierno central está estudiando en detalle el caso de Sevilla, cuya zona de bajas emisiones se ha aplicado en un reducido parque empresarial en el que el tráfico es limitado, y el de La Línea, que ha establecido la zona de bajas emisiones en un parque, en concreto, el Reina Sofía, al que sus vecinos siguen conociendo como Princesa Sofía.

Los municipios andaluces que constan en el registro del Ministerio de Transición Ecológica tramitando actualmente el procedimiento de la zona de bajas emisiones es: Algeciras, Alcalá de Guadaíra, Benalmádena, Cádiz, Chiclana, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Marbella, Rincón de la Victoria, San Fernando, Torremolinos, Utrera y Vélez-Málaga.

En cuanto a los que no han iniciado los trámites para establecer las restricciones del tráfico constan en el registro ministerial El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Mijas (Málaga) y Motril (Granada), aunque los responsables municipales de Mijas y Motril han alegado que ya han arracancado sus labores. 

Subvenciones a cambio del cumplimiento de la norma

Las de bajas emisiones son zonas donde está vetado el tránsito de los coches contaminantes, que suelen ser los más antiguos. Los vehículos clasificados A o sin etiqueta son aproximadamente un tercio del parque automovilístico. La norma prescribe que las localidades debían disponer desde 2023 de una de estas áreas en su término municipal. El decreto que desarrolló la ley determinó además que estas áreas habían de ser “significativas y suficientes” para disminuir la contaminación del aire y los gases responsables del efecto invernadero y, por tanto, del cambio climático. 

Los ecologistas protestan y amenazan con denunciar a los ayuntamientos incumplidores, mientras que el Gobierno central está encontrando no pocas dificultades para que los ayuntamientos cumplan con la legalidad. El secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, ha avanzado en este periódico que el ministerio condicionará las subvenciones para el transporte público que reciben “los ayuntamientos y las autoridades de transporte” a la correcta adopción de zonas de bajas emisiones. “No podría ser de otra manera”, sostiene Fernández Heredia, quien ha argumentado que “el municipio que se niegue” a aplicar las restricciones “demuestra que no quiere mejorar el transporte público”.