La memoria de la autonomía andaluza en el Campo de Gibraltar (I)

Algeciras/La Historia posee un componente cívico de sensibilización acerca de los acontecimientos que han sucedido, tienen lugar o vayan a suceder. Así, somos capaces de tomar conciencia del progreso y de los avances socio-políticos. La Constitución de la II República abrió la posibilidad de sumar a la administración estatal otra, donde los territorios bajo un “régimen de autonomía” (art. 8).

Más allá de la corriente historiográfica del Andalucismo Histórico que aborda la cuestión en solitario, el intento pro-autonomista de la Andalucía republicana, con sus limitaciones y matices, es parte de una memoria colectiva.

La norma andaluza (Ley 2/2018, de 28 de marzo) se marca como objetivos (arts. 1 y 4), el “conocimiento y la difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades (…) para hacer efectivo el derecho individual y colectivo a conocer lo acaecido en la lucha por los derechos y las libertades democráticas…”, entre 1931 y 1982. La coincidencia de intereses es obvia en tanto la conquista de una autonomía desde su primera petición en 1918, fue un anhelo trasladado desde círculos testimoniales a las instituciones.

Estas páginas transitan por ese devenir en favor del autogobierno republicano, como lo será décadas más tarde con la restauración democrática; a través de los hitos del 4-XII-1977 y 28-II-1980, insertos a su vez en el empuje hacia un autogobierno equiparable al de otras nacionalidades históricas por el procedimiento del art. 151 de la Carta Magna. No es baladí considerar nuestro proceso autonomista como parte del Andalucismo Histórico, una vez dicho proceso supera el modelo territorial inicial de los constituyentes.

Un anhelo democrático

Hasta la presente propuesta, los antecedentes de nuestro autogobierno no se han vinculado a la investigación memorialista. En nuestra transición la importante proyección de Blas Infante (1885- 1936), eclipsó un movimiento municipalista en su mayor parte motor del ideario autonomista.

Al margen de trabajos genéricos y recopilatorios como los realizados por los profesores Lacomba e Iniesta, así como de la biografía de Infante, la investigación ha ido ampliando conocimientos. No obstante, ofrecemos unas pinceladas sobre la cuestión, especialmente incisivas sobre la etapa republicana, por menos conocida. Las necesarias limitaciones de esta publicación nos obligan a dar por hecho aspectos de la conquista autonómica de Andalucía en el contexto de la transición a la democracia.

El 14 de abril de 1931 abre un periodo legal para los deseos autonómicos, reivindicados durante años por algunos círculos, partidos y territorios del Estado. En este marco, la Junta Liberalista continuadora de los Centros Andaluces, solicita el 7 de mayo de 1931 a la Diputación de Sevilla que convoque un encuentro para iniciar dicha causa: “Llegaron los tiempos que hubimos de predecir, desde hace veinte años, durante los cuales hemos venido exhortando al Pueblo Andaluz a que restaure su personalidad...”. La propuesta, es acogida favorablemente por el Presidente de la entidad, el socialista y diputado Hermenegildo Casas (antiguo miembro del Centro Andaluz). Su primera decisión es enviar un Cuestionario para pulsar la opinión de las instituciones.

El primer Ayuntamiento en adherirse a la idea fue Marinaleda y, la gaditana, la primera de las diputaciones. De la consulta inicial surge el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía, elaborado a mediados de 1931 con claro matiz federal. Esta primera propuesta revela la existencia de un deseo de descentralización muy condicionado a la futura Constitución. Un texto anti centralista que declara a Andalucía “autónoma”, abstracto y jurídicamente débil. Sin embargo, pierde sentido una vez la Constitución rechaza la dimensión federal. Justo durante esos meses, de la mano de Infante y Ramón Franco tiene lugar la elaboración una lista electoral heterodoxa y alternativa (Candidatura Republicano Revolucionaria Federal Andaluza) para concurrir a las constituyentes de 1931. Los recelos de la coalición republicano-socialista y la reacción de sectores antirrepublicanos, airearon interesados fake news para desprestigiarla. Su programa, abiertamente rupturista, aspiró sin éxito, entre otras cuestiones, a regenerar España desde las regiones, facilitando la generalización de autogobiernos en un Estado federal. Lo que denomina Infante como Estados Unidos de España ante el peligro de una República centralista.

Aprobada la Carta Magna, la Diputación de Sevilla con Casas al frente convoca a sus homólogas para elaborar en febrero de 1932 las Bases para un Estatuto de Andalucía. Segundo borrador estatutario de corte mancomunal, donde las entidades provinciales juegan un papel predominante. Junto al articulado, se fija una estructura que dinamice la iniciativa a través de dichas corporaciones, siendo a su vez coordinadas desde la hispalense. Todas comprometidas para realizar un encuentro andaluz y, según los acuerdos alcanzados en 1932, cada diputación encargada de promocionar en su provincia el borrador estatutario, divulgar la necesidad del autogobierno, recabar respaldos y recoger enmiendas. Cada provincia debía aunar criterios; sin embargo, la respuesta entre provincias fue desigual, y las sucesivas citas para la Asamblea Regional se aplazan al ser condicionada por la primera experiencia autonómica en Cataluña y el intenso debate que provoca.

Finalmente, se elige Córdoba como sede de la Asamblea entre los días 29 y 31 de enero de 1933 en el marco del Circulo de la Amistad. Una cita la cual manifiesta la falta de unidad y de criterio entre los asistentes, tras un laborioso intento liderado por las derechas y elementos de la izquierda centralista, por impedir la formación de la mesa argumentando su artificialidad y dado que el proyecto autonómico no era prioritario.

Debido a esto, parte de la representación de Granada y Huelva abandona el foro, en una actitud por boicotear sus resultados y difundir en prensa su fracaso. Sin embargo, por el empeño de Casas se opta por continuar, denostado por sus propios compañeros de partido. Retomado el foro, la enmienda a la totalidad de los representantes hispalenses, es el texto de las discusiones. Sur argumentos defendidos por Giménez Fernández, propician el Anteproyecto de Bases para el Estatuto de Andalucía, de matiz municipalista.

El foro andaluz de la ciudad califal tendrá escasa repercusión legal y sus conclusiones políticas adolecen de falta de consenso y respaldo por parte de unas instituciones republicanas que sufren el inicio de un bienio conservador. No obstante, el documento aprobado manifiesta una descentralización municipalista, aún entre la apatía y desentendimiento de otros, entre ellos, la izquierda tradicional. No faltan quienes para la defensa de sus intereses particulares y partidistas, recurren al manido discurso del centralismo sevillano. Incluso, tras la demanda de autonomía onubo-extremeña estaban los intereses de la oligarquía conservadora y su pretensión de rentabilizar la salida a sus productos por Huelva. Del mismo modo, tras la petición para impulsar una Andalucía Oriental, se esconderán oscuros intereses partidistas y conservadores.

Las conclusiones de Córdoba insisten en que sus Bases posean adecuada “información pública”. Será entonces cuando los círculos andalucistas, organizados bajo el formato Junta Liberalista, realizarán un llamamiento público para proseguir la campaña. Así nace en marzo de 1934 la Federación Autonomista de Municipios Andaluces -FADMA- integrada por miembros de la misma. Entre sus objetivos: “el reconocimiento de la personalidad regional, autónoma, con un deseo de anular todas las injusticias sociales (…) en la voluntad de los municipios andaluces federados en comarcas”.

Fruto de este empeño, se edita y difunde el texto de 1933. El autonomismo deposita sus esperanzas sobre unos ayuntamientos que padecen la presión de un gobierno conservador, de manera que sólo al triunfo del Frente Popular regresa el impulso. Las autonomías serían percibidas ahora como una profundización en los ideales republicanos frente a los involucionistas.

Con las izquierdas, las expectativas que en su día levanta la llegada de la República se repiten cursando la Junta Liberalista una nueva invitación a la Diputación sevillana para retomar las Bases de 1933 y convocar una nueva cita regional el 5 de julio en Sevilla. En esta ocasión, el foro se limita a representantes en Cortes, Diputaciones y municipios cabeza de partido judicial. Con metodología más dinámica que en Córdoba: se desea un Estatuto a través de una Junta Ejecutiva Regional a modo de promotora entre partidos políticos y poder local; nombrándose a Infante su Presidente de honor en reconocimiento a su labor histórica. Coherente con la Carta Magna se planificará un tercer foro andaluz para el 27 de septiembre de 1936, con objeto de aprobar un articulado que fuese ratificado por referéndum y elevado a Cortes.

El golpe militar corta de raíz las libertades e imposibilita violentamente que el proceso andaluz siga. Galicia pudo plebiscitar su Estatuto, y el País Vasco poner en marcha su autogobierno durante el conflicto bélico: por eso la Constitución de 1978 (en compañía de Cataluña) absuelve a los tres territorios de demostrar su voluntad autonómica.

Artículo publicado en el número 60 de Almoraima. Revista de estudios campogibraltareños. (Abril 2024)