Narcoterrorismo: el vandalismo contra la jueza que investiga la muerte de dos guardias civiles en Barbate desata la alarma

Algeciras/La vandalización del vehículo de la magistrada que instruye la causa por la muerte de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024 ha sido calificada de "narcoterrorismo" por el presidente de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena. La acción, que ha generado una fuerte reacción entre asociaciones judiciales y expertos en la lucha contra el narcotráfico, ha puesto de manifiesto la creciente presión e intimidación que sufren jueces y fiscales en la zona.

Un acto de intimidación con paralelismos inquietantes

El pasado 8 de marzo, la jueza sustituta adscrita a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Barbate se encontró con que su coche había sido vandalizado mientras estaba aparcado en la puerta de su domicilio. Las cuatro ruedas habían sido pinchadas, la carrocería estaba rociada de pintura negra y el símbolo trasero del fabricante había sido sustraído. La magistrada denunció los hechos ante la Guardia Civil y tuvo que adelantar de su bolsillo los gastos de reparación, sin que hasta el momento se haya identificado a los autores.

Francisco Mena ha comparado este tipo de ataques con los métodos empleados por la kale borroka en el País Vasco y Navarra en los años 90 y 2000, señalando que los responsables de estas acciones "crean entornos hostiles que producen amenazas, intimidación y coacción a los miembros de la judicatura". En su opinión, se trata de una estrategia deliberada para condicionar la investigación judicial en los municipios más afectados por el narcotráfico, entre ellos los del Campo de Gibraltar.

Reclamaciones de mayor protección judicial

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha condenado el ataque y ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia medidas concretas para garantizar la seguridad de los jueces que trabajan en zonas de alta actividad delictiva. Su portavoz, Sergio Oliva, ha insistido en la necesidad de reforzar las garantías personales y materiales de los magistrados para evitar la tentación de condicionar su labor investigadora.

Francisco Mena ha respaldado esta petición y ha defendido que los casos de narcotráfico sean instruidos por la Audiencia Nacional, tal como ocurre con los delitos de terrorismo o yihadismo. Según su argumento, la competencia de los juzgados de municipios como Barbate, La Línea de la Concepción, Sanlúcar o Chipiona genera un problema de "entornos hostiles" y una "volatilidad" en la asignación de jueces que perjudica la investigación judicial y favorece la impunidad.

La jueza afectada instruye el caso en el que los agentes Miguel Ángel González y David Pérez murieron tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate el 9 de febrero de 2024. Además de investigar a los presuntos responsables de la embarcación, también examina la posible responsabilidad de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron la intervención aquella noche.

La presión que soportan jueces y fiscales en la provincia de Cádiz es una preocupación creciente. Mena ha subrayado que "si no se toman decisiones globales que impliquen medidas de seguridad, judiciales y sociales, esta situación seguirá empeorando". Según su diagnóstico, los ataques como el sufrido por la magistrada de Barbate disuaden a los profesionales de la justicia de permanecer en estas plazas, lo que provoca retrasos en los procesos judiciales, instrucciones dilatadas y, en última instancia, resoluciones más favorables para los delincuentes.

Desde la plataforma Alternativas y la Federación Nexos, Francisco Mena ha reiterado su petición de un "plan integral" para el Campo de Gibraltar, que combine seguridad, refuerzos en la judicatura y medidas sociales para atajar el problema del narcotráfico desde su raíz. "No se trata de parches o de respuestas puntuales. Necesitamos un compromiso real del Estado", ha sentenciado.