El narco se muda: las mafias del hachís se extienden por la costa

Rara es la semana en la que las fuerzas de seguridad del Estado no llevan a cabo o informan en el Campo de Gibraltar sobre alguna detención de calado relacionada con el tráfico de drogas. Es el resultado, con notable éxito, del aumento progresivo de los efectivos humanos y materiales que el Ministerio del Interior, primero con el ministro Juan Ignacio Zoido y ahora con su sucesor, Grande-Marlaska, viene destinando a la comarca. Pero la droga sigue saliendo de Marruecos y llegando a la calle porque las mafias, según varias fuentes de los cuerpos de seguridad del Estado consultadas por esta redacción, han encontrado nuevas rutas para llegar al litoral andaluz.

Desde Granada a las costas de Portugal, incluyendo el Guadalquivir, las redes de traficantes de hachís han diversificado los puntos de desembarco de la droga transportada en las narcolanchas, capaces de navegar decenas de millas náuticas a velocidades por encima de los 60 nudos y cargadas con hasta tres toneladas de hachís.

En los barrios de La Línea de la Concepción más castigados por la droga, pegados a la zona de levante y tradicionales puntos de trabajo de las collas encargadas de alijar los fardos, hace tiempo que se ha reducido de forma considerable la llegada de gomas. Desde allí, la distancia hasta Marruecos es relativamente corta, las guarderías listas para ocultar los fardos distan unos centenares de metros de la playa y hay una amplia red dispuesta a facilitar toda la intendencia, pero la zona está muy vigilada por tierra, mar y aire por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, cuerpos que suelen trabajar y bien de forma coordinada.

Cambiar de punto de destino supone para los narcos transportar la droga en mar abierto durante más kilómetros, con más gastos y, a priori, con más posibilidades de ser detectados. Sin embargo, las bandas (y las autoridades) son conscientes de que las lagunas del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) son más frecuentes a medida que se alejan del Estrecho: no todas las cámaras instaladas están en funcionamiento óptimo, bien por haber sido saboteadas bien por haber quedado obsoletas.

La extensión del fenómeno ha provocado, de hecho, la puesta en marcha del llamado Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) de la Guardia Civil, dependiente directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y en la que se integran en la actualidad un centenar de miembros presentes en varias provincias, con un centro de mando establecido en el Campo de Gibraltar.

Los equipos tecnológicos, la flota de vehículos y los medios humanos con que cuentan las fuerzas de seguridad se han incrementado en el Campo de Gibraltar con resultados espectaculares, tanto que en los últimos cinco meses de 2018 –cuando se intensificó el plan antinarco– se desarrollaron nada menos que 242 operaciones, se detuvo a 461 personas y se intervinieron bienes por un valor superior a los 11 millones de euros.

El panorama dista de ser igual en el resto de la costa. En muchos casos, las fuerzas de seguridad disponen de embarcaciones algo antiguas cuya punta de velocidad y maniobrabilidad son muy inferiores a las que manejan los delincuentes. Tampoco andan muy sobrados de recursos los guardinhas portugueses, cuya colaboración con las autoridades españolas se desarrolla de forma activa en las aguas fronterizas del Guadiana.

Las persecuciones se producen prácticamente a diario y en los últimos días se han sucedido diversos episodios reseñables. En la madrugada del jueves pasado, dos narcolanchas trataron de alijar droga en la desembocadura del Guadalquivir y una tercera en Ayamonte (Huelva). Dotadas con cuatro motores fuera borda, fueron seguidas a duras penas por las patrulleras de la Guardia Civil con el apoyo de un helicóptero, obligándolas a abortar el alijo.

También en la provincia de Huelva, en Cartaya, la Policía Local interceptó a comienzos de semana una furgoneta con 600 kilos de hachís en su interior, una actuación que estuvo antecedida tres semanas antes de otra en la que la Guardia Civil interceptó una goma con 2.800 kilos de hachís, deteniendo a tres personas (dos españoles y un marroquí). En este caso, la embarcación de la Benemérita abordó a la de los narcos, inutilizando sus motores y remolcándola hasta los muelles cartayeros.

En paralelo, el viernes pasado en Estepona, la Policía Nacional informó de la detención de un individuo y de la incautación de 3.900 kilos de hachís que se encontraban ocultos en una vivienda rural, perteneciente a un grupo que introducía la droga por la costa, en tanto que en Tarifa la Guardia Civil dio cuenta ese mismo día de la intervención de 19 fardos de hachís, con 637 kilos de peso, que se encontraban en un vehículo sustraído.

El narco, además de jugar siempre con el factor sorpresa, tiene muchos medios para hacerse con lanchas semirrígidas y estar a la última en el uso de tecnologías, como se demostró en enero de hace un año tras desmontarse una red de radares en La Línea o con la desarticulación hace dos semanas de una banda que empleaba drones de última generación para vigilar desde el aire los movimientos de las fuerzas de seguridad.

El dinero que mueve es también lo suficientemente persuasivo como para captar a una tropa cuyos integrantes pueden superar en una sola noche los ingresos de cualquier trabajador cualificado en un mes. Esa es también una de las principales preocupaciones de las autoridades: la generación, consolidación y extensión de una cultura del narcotráfico, capaz de hacer pivotar la actividad económica de un núcleo de población en torno al mundo y los ingresos de la droga. Ya sucedió en determinadas zonas marginales, en las que tan importante ha sido poner freno a los alijos y meter entre rejas a los cabecillas de las bandas como restablecer el principio de autoridad.