Las olvidadas presas políticas del Campo de Gibraltar en las cárceles franquistas

Desde 1936 a 1955, 93 mujeres nacidas en el Campo de Gibraltar permanecieron encarceladas por haber traspasado los límites de la feminidad tradicional durante la Segunda República. La diferenciación de género estuvo presente en la represión de las mujeres, había que imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer. Sobre el total de presos políticos de la comarca al término de la Guerra Civil, representaban el 9 % del total.

Las presas políticas campogibraltareñas lo fueron por múltiples circunstancias. A su militancia política se le podía unir solamente ser hija, hermana o pareja de un huido, encarcelado o fusilado. A los delitos habituales de adhesión, excitación o auxilio a la rebelión se les sumaba la de actividades subversivas o espionaje.

Ana Anillo Peña y su hermana Josefa, algecireñas y ambas condenadas a 30 años de reclusión por adhesión a la rebelión, pasaron por la Prisión Provincial de Granada, la Prisión de mujeres de Saturrarán y la Prisión de Palma de Mallorca, hasta quedar en libertad vigilada tras 5 años de reclusión.

María Palma Montilla, de San Roque, estuvo encarcelada por rebelión siete de los treinta años a los que fue condenada, pasando por la Prisión de Cádiz, la Prisión Provincial de Huelva y la Prisión de mujeres de Málaga, de la que salió en libertad en 1946.

Aurelia Mata Sánchez, sanroqueña, matrona, al igual que Ana Font Miralles, enfermera afincada en La Línea y la también matrona linense Cándida Malines Morono, pasaron varios años en la cárcel por el delito de participar en abortos.

Espionaje

El espionaje también estuvo presente como delito. Carmen Sánchez Maresco, que participó en la mayor red de espionaje del sur de España, fue condenada a pena de muerte, conmutada por la de 30 años, y pasó 6 años de condena entre la prisión de Huelva y la cárcel de mujeres de Málaga.

Algunas mujeres lo fueron por actividades subversivas como ayudar a los que el régimen denominaba bandoleros, como Francisca Morales Lozano, vecina de la barriada algecireña de La Bajadilla, o Adela Ruiz Guerrero, natural de Jimena, aunque vecina de Algeciras, condenada a ocho años, que penó en las cárceles de Cádiz y la de mujeres de Málaga.

Una minoría la podemos situar en delitos comunes como robo o defraudación, que se puede vincular a la situación de extrema pobreza de la posguerra en un país devastado como la España de la época.

La prisión de mujeres de Málaga fue la que albergó más mujeres de la comarca. Pasaron por ella al menos diecisiete y es posible que fuesen utilizadas en los experimentos de Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares. En sus experimentos a las reclusas de la prisión de mujeres de Málaga, en 1939, intentó demostrar "la perversión" de la izquierda, bajo la tesis de la existencia de un "gen rojo" que conducía a la perversión moral, sexual e ideológica.

Buscaba una explicación biológica al comunismo, con teorías cercanas a las nazis, El franquismo difundió la idea de que existía un gen rojo que conducía a la perversión moral. La investigación concluyó que "las rojas" mostraban un "carácter degenerativo" marcado por su tendencia al alcoholismo, el libertinaje y la promiscuidad, además de una inteligencia inferior a la media.

En sus investigaciones, Vallejo-Nájera afirmaba que las mujeres republicanas tenían "muchos puntos en común" con animales y niños, y que tenían comportamientos esquizoides, debilidad mental e introversión, por lo que participaban en política para satisfacer sus apetencias sexuales. Los resultados de los experimentos ponían en bandeja que la religión católica impusiera sus normas, y no muy lejos estaba la argumentación de que había que separar a los hijos de sus madres, presas políticas, para entregarlos a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por el nuevo régimen.

El infierno de Saturrarán

Por la prisión Central de Saturrarán (Motrico, Guipúzcoa) pasaron más de cuatro mil presas republicanas, entre ellas cinco de la comarca, además de las hermanas Ana y Josefa Anillo Peña, Josefa Quirós Ruiz. Saturrarán tenía capacidad para 700 prisioneras, pero su población nunca bajó de las 1.500. Esta cárcel (1938-1944) fue una de las mayores y más crueles prisiones del régimen franquista. Durante los seis años en los que estuvo funcionando fallecieron 116 mujeres y 56 niños y niñas.

La prisión de mujeres de Palma de Mallorca albergó a cinco mujeres campogibraltareñas. Era también conocida por la prisión de Can Sales, de las Hermanitas de los Pobres, ya que ellas estaban a cargo de la organización de la prisión. María Ríos Andrades, algecireña de la barriada de Los Pastores, penó de los 30 años de condena 3 de ellos en esta prisión. También la vecina de San Roque, aunque nacida en Jimena, María Sánchez Infante, pasó por este presidio.

En menor número pasaron mujeres de la comarca por la cárcel de Mujeres de Granada, la prisión de Jerez, la cárcel de mujeres de Les Corts en Barcelona, la cárcel de mujeres del Puerto de Santamaría, la prisión central de Cádiz, la cárcel de Sevilla, la prisión de mujeres de Madrid, la prisión de Badajoz, la prisión de mujeres de Úbeda, además de las prisiones de partido de Algeciras, San Roque y Ceuta.

Prisiones para “mujeres caídas”

Las prisiones especiales para "mujeres caídas", como así se denominan en los informes penitenciarios, son las grandes desconocidas de entre las cárceles femeninas que hubo en el franquismo. La peculiaridad de estas prisiones fue que estaban destinadas exclusivamente para las mujeres que eran reincidentes en infracciones relacionadas con la prostitución. Durante la posguerra, la prostitución clandestina, principalmente la callejera, aumentó enormemente.

El 6 de noviembre de 1941 se crea, por decreto, un sistema de prisiones especiales con el objetivo de retirar a las prostitutas de las calles y otros espacios públicos y someterlas a un proceso de regeneración y reforma moral y física: eran las prostitutas que estaban al margen de la legalidad de los burdeles.

El aparato institucional crearía la Obra de Redención de Mujeres Caídas y el Patronato de Protección de la Mujer. Entre 1941 y mediados de los años 60 se habilitaron un total de 8 prisiones especiales, concebidas como reformatorios y llamadas por el régimen franquista Obra de Redención de Mujeres Caídas, en Calzada de Oropesa (Toledo), Gerona, Tarragona, Santander, Alcalá de Henares, Aranjuez, Santa María del Puig (Valencia) y Segovia.

Las mujeres que fueron internadas en este tipo de establecimientos no pasaron por ningún proceso judicial e ingresaban sin saber cuándo serían liberadas pudiendo permanecer encerradas entre 6 meses y 2 años, salir en libertad y reingresar varias veces. Trece mujeres campogibraltareñas pasaron por estas cárceles: cuatro, por la prisión central de mujeres de Segovia, una de ellas, nacida en Los Barrios y domiciliada en Algeciras falleció en la cárcel. Otras cuatro por la cárcel de mujeres de Aranjuez (Madrid), dos por la prisión central del Monasterios de Santa María del Puig (Valencia), tres por la de mujeres oblatas de Santander y una por la cárcel de mujeres de Tarragona. Estas mujeres estuvieron entre rejas desde varios meses a 5 años.

Los hijos de las mujeres que ingresaban en estos centros hacinados, al cumplir los dos años, eran derivados a diferentes instituciones, sobre todo internados religiosos, con el objetivo de desvincularles de toda relación familiar "no católica". Muchos de ellos eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades.

Eran las más pobres, las más marginales, las que se vieron lanzadas a la prostitución clandestina. Las causas eran, sin duda, la pobreza y degradación a los que se sometió a los vencidos en la posguerra. Familias, con padres fusilados o en las cárceles, e hijos pasando hambre, lanzaron a aquellas a la calle.