El pescador Jonathan Sánchez no se presentará ante la justicia de Gibraltar este lunes 8 de enero

El pescador linense Jonathan Sánchez no se presentará este lunes, 8 de enero, ante la justicia de Gibraltar a pesar de que la Corte de Magistrados había fijado ese día para comenzar el juicio por una supuesta vulneración de las leyes de la colonia respecto a la pesca el pasado mes de agosto.

Sánchez justifica su propósito de no comparecer con que no ha recibido notificación alguna en su domicilio de La Línea y que se enteró de la fecha de la vista por la prensa, según ha explicado este domingo en una conversación con Europa Sur.

El patrón del barco Mi Daniela se enfrenta a cargos por vulnerar las leyes de conservación y navegación de Gibraltar ya que, según la legislación de la colonia, la pesca con redes y rastrillos está prohibida. En la denuncia, lo acusan de pescar "animales salvajes" -dos centollas- y de utilizar redes ilegales, así como de "comportamiento agresivo" con un efectivo de la Royal Gibraltar Police.

Para evitar que agentes policiales gibraltareños le entregaran una notificación en mano, de madrugada y en plena mar como sucedió con la anterior convocatoria, Jonathan Sánchez lleva un mes sin faenar en el caladero cercano a Punta Europa, a pesar de que se ubica en aguas españolas que el Peñón reclama como británicas.

La situación vuelve a ser similar a la atravesada en vísperas de la primera convocatoria del juicio, el pasado 1 de diciembre de 2023. Entonces, un abogado del pescador acudió a la Corte de Magistrados de Gibraltar para advertir de la posibilidad de incomparecencia y allí le advirtieron que, en caso de ausencia, sería puesto en busca y captura y podría ser detenido la próxima vez que acuda a pescar al caladero.

Sánchez no acudió ante la justicia gibraltareña el 1 de diciembre. Inmediatamente, la Corte de Magistrados emitió una orden de detención que horas después quedó en suspenso por orden de la Fiscalía de Gibraltar ante la existencia de una serie de dudas en torno al procedimiento. Esta orden de detención quedó anulada el pasado 15 de diciembre, cuando se fijó la nueva fecha para el juicio.

El Gobierno de España le transmitió entonces que no tenía que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña porque la supuesta infracción denunciada no contravenía la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo. De cualquier modo, el marinero linense asegura que no se ha sentido lo suficientemente "respaldado" por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca en todo este proceso. "Me transmitieron que no era de su competencia darme instrucciones sobre si debía acudir o no al juicio", agrega.

Como alternativa, el joven pescador faena ahora en otro caladero, frente a la costa de Sotogrande, menos productivo que junto al Peñón. "Lo habitual es ir alternando los dos a lo largo del año para evitar una sobreexplotación pesquera", explica el patrón de Mi Daniela, a quien le resulta menos rentable este segundo caladero ya que, para llegar a él, invierte más tiempo de navegación, con el gasto de combustible que ello conlleva.

"Otros compañeros sí continúan yendo al de Punta Europa y, a diario, les sale al encuentro la lancha de Medio Ambiente gibraltareña a pedirles documentación", cuenta Jonathan Sánchez a este periódico. "Les vigilan a la espera de que cometan el menor error, o lo que ellos consideran una infracción, para enviarlos, como a mí, ante la justicia", concluye.

Litigio sobre las aguas

Este conflicto pesquero se desarrolla de manera paralela a las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, aunque el histórico litigio sobre las aguas que rodean al Peñón no se encuentra sobre el ya demasiado complejo tablero de debate.

El pulso entre España y Reino Unido por estas aguas no es nuevo. Tampoco es novedad que tanto España como Reino Unido mantienen posiciones claras e inamovibles. El Gobierno español, basándose en el Tratado de Utrecht de 1713, sólo reconoce la cesión al Reino Unido de la ciudad, el castillo, las defensas y fortalezas y el puerto, quedando fuera las aguas adyacentes al Peñón.

Estos argumentos son los que se mantienen sobre la mesa cada vez que sucede un episodio como el de Jonathan Sánchez, mientras que al otro lado de la Verja, el posicionamiento es bien distinto. El Gobierno británico y las autoridades de Gibraltar -para estas últimas Utrecht carece de validez alguna- consideran como suyas no sólo las aguas del puerto, sino también las adyacentes al Peñón hasta al menos tres millas. Gibraltar ejerce control sobre estas aguas con patrulleras y mantiene varios fondeaderos a pesar de que España no reconoce dicha potestad.