El petaqueo de gasolina para los narcos: furgonetas alquiladas a empresas afines, mujeres al volante y gasolineras de bajo coste

Algeciras/Cada uno de los cuatro motores de la narcolancha incautada por la Guardia Civil el pasado 31 de marzo en la playa de Bolonia (Tarifa) consume cada hora, para sacar pleno rendimiento a sus 300cv de potencia, alrededor de 100 litros de gasolina. En el interior de la embarcación embarrancada sobre la arena, los agentes encontraron cinco petacas aún llenas de combustible, si bien para atravesar el Estrecho con los 2.700 kilos de hachís encontrados a bordo sus tripulantes necesitaron a buen seguro de muchísimas más.

La redes de abastecimiento de combustible de los narcos componen una parte estratégica para la mafias que, hasta ahora, viene escapando de la acción penal de la Justicia por las dificultades existentes para demostrar que la gasolina hallada en el interior de una furgoneta o de un garaje está destinada a esas lanchas. El giro dado esta semana por la Audiencia de Cádiz, cuyos magistrados han acordado tipificar como delito esa actividad, acogiéndose al artículo 568 del Código Penal, es un paso clave para cambiar la situación, que se sustanciará a partir de ahora, con el impulso de la Fiscalía Antidroga, en las sentencias que ese órgano emita al respecto. La nueva doctrina representa un aviso para las ramas logísticas de las mafias, que vienen escapando de los tribunales y que afrontan, en la mayor parte de las ocasiones, meras sanciones administrativas en forma de multas.

La fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, emitió en septiembre de 2024 una nota de servicio de caracter interno dirigida a sus colegas para que, en sus recursos y escritos de acusación, se acogieran al artículo 568 para poder perseguir penalmente el petaqueo. Con el acuerdo previo de la fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, y amparada por la juridisprudencia establecida por el Tribunal Supremo a través de varias sentencias -respecto al almacenamiento de pólvora para la kale borroka-, Villagómez abrió desde el ministerio público una senda que logró primero la complicidad de los magistrados de la Sección 7ª de la Audiencia gaditana, con sede en Algeciras, a través de un auto, y ahora del conjunto de los magistrados de lo Penal.

Por el momento, no hay sentencias que asienten la nueva doctrina de la Audiencia, que solo podrá consolidarse cuando se pronuncien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a través de su Sala de Apelación, y el Tribunal Supremo, respecto a los fallos que sean recurridos por la propia Fiscalía o las defensas de los condenados. En curso hay ya recursos de la Fiscalía Antidroga de Cádiz, que comanda también Villagómez, respecto a sentencias de varios juzgados, como los de Chiclana, que han archivado provisionalmente varias causas por petaqueo.

Villagómez pone el acento en la práctica impunidad que tiene el abastecimiento de gasolina y en el peligro para las personas que representa transportar y almacenar combustible sin medidas de seguridad alguna. Es habitual además, subraya la fiscal, que los detenidos por la Guardia Civil, la Policía Nacional o Vigilancia Aduanera sean reincidentes en esos hechos, con un dato particularmente llamativo: Cada vez hay más mujeres implicadas, lo que supone una novedad en el negocio del narco en el sur peninsular.

300 euros por garrafa

La operativa es sencilla y para lograr la gasolina basta con aparcar de madrugada una furgoneta junto al surtidor de una gasolinera de bajo coste, preferentemente aislada, abrir las puertas del vehículo y llenar lo antes posible las garrafas que guarda en su interior. Es normal que los petaqueros, con las prisas, desparramen parte del combustible fuera de las petacas y que se produzcan accidentes. Más de una vez les ha salido ardiendo la furgoneta, como pasó el año pasado en Chiclana, debido a que el copiloto estaba fumando.

Las furgonetas empleadas para estos transportes también forman parte de las redes criminales del narcotráfico, según apunta la Fiscalía, ya que son alquiladas a empresas vinculadas a aquellas. Por lo general, los vehículos intervenidos por las autoridades policiales con petacas de gasolina en su interior están a nombre de un particular, por lo que no pueden ser requisados.

El riesgo merece la pena para muchos, más aún teniendo en cuenta que el reproche penal ha venido siendo cero, al menos hasta ahora. En términos puramente económicos, las cuentas cuadran. Por cada petaca de 30 litros de gasolina, las mafias pagan 300 euros, es decir 10 euros por litro, aunque los beneficios deben repartirse entre cada uno de los miembros de la cadena de suministro, desde quien llena las garrafas en las gasolineras, a quienes las llevan en pequeñas embarcaciones hasta las narcolanchas abarloadas unas con otras a varias millas de distancia de la costa, pasando por quienes las almacenan temporalmente en una guardería, ocultas a las miradas.

Todo se reduce a una cuestión de dinero y la droga -o, en su defecto y cuando hay demanda, el transporte de personas, víctimas de las redes de inmigración ilegal- deja un margen de beneficios muy abultado. Da fe de ello el precio en el mercado de los motores fueraborda que hacen volar sobre las aguas del Estrecho o del Guadalquivir a las narcolanchas, que rondan los 45.000 o 50.000 euros, o el de las embarcaciones de estructura semirrígida, construidas bien en astilleros ilegales o en Portugal, a la vista de todos, que rondan los 150.000.