El petaqueo de gasolina para los narcos, seis años después

El pasado 11 de abril se publicaba en Europa Sur un interesante artículo redactado por su director, Javier Chaparro, que trataba sobre uno de los principales problemas que padece nuestra provincia. “Los jueces de la Audiencia de Cádiz acuerdan considerar delito el petaqueo de gasolina tras un intenso debate”, se titulaba la información, que continuaba diciendo que “el Plenillo de magistrados de lo Penal asume las tesis de la Fiscalía Antidroga y de la Sección 7ª de Algeciras para luchar contra el narcotráfico”.

Según se exponía, la Audiencia de Cádiz ponía coto al almacenamiento y transporte de combustible para los narcos. Se proseguía afirmando que a partir de ese momento, los magistrados adscritos a dicho órgano considerarían que el petaqueo de gasolina es una actividad delictiva de acuerdo con el artículo 568 del Código Penal, que considera que los responsables de dicha actividad ponen en riesgo consciente y voluntario la seguridad colectiva.

Concretamente, dicho artículo pena la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las leyes o la autoridad competente. Las penas de prisión son en tal caso, de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, así como de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación.

Todo lo expuesto, me hizo recordar ciertas palabras de mi discurso pronunciado cinco años y medio antes, el 12 de octubre de 2019, en la Plaza Alta de Algeciras, con motivo del acto oficial de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, cuando entonces era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil campogibraltareña.

Hay que significar que no se trataba de un acto más, sino que se volvía a poner en valor, públicamente, el 175 aniversario de la fundación de nuestro benemérito Instituto, “lo cual nos convierte en la institución policial de ámbito estatal más antigua de España y del Campo de Gibraltar”, tal y como dije entonces y sigo manteniendo. En aquel discurso, que fue reproducido íntegramente por Europa Sur en Internet, dije:

“La muy eficaz acción de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera está obteniendo muy importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es necesario que se nos continúe dotando de más herramientas legales para poder proseguir con eficacia y éxito la lucha contra el narcotráfico. Esa asignatura pendiente son las redes logísticas de suministro de combustible a las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las redes criminales del narcotráfico. Buena parte de los alijos de droga que había en nuestra costa han sido sustituidos por embarques de docenas de petacas repletas con millares de litros de combustible para su uso por las narcolanchas. Dicho combustible, tras ser adquirido en diversas estaciones de servicio, es almacenado temporalmente en viviendas y edificios habitados.

Posteriormente es trasladado en furgonetas hasta los puntos de embarque, con el consiguiente y gravísimo peligro que reviste para la seguridad de los ciudadanos en caso de producirse un siniestro. Sin embargo, cuando se intervienen policialmente 1.000, 2.000 o 3.000 litros de combustible en el interior de viviendas, furgonetas o embarcaciones, si no se puede acreditar su trazabilidad con el narcotráfico, son tan solo infracciones administrativas. Al ser los autores insolventes y no ser titulares de los bienes intervenidos para su depósito o traslado, se suele traducir en una impunidad absoluta.

Dichas conductas deberían estar penalizadas y no como viene sucediendo actualmente, que salvo que se acredite su vinculación directa con el narcotráfico, quedan sin reproche penal alguno. Es necesario que nuestra legislación penal tipifique las conductas consistentes en almacenar y trasladar millares de litros de combustible, sin que tenga que acreditarse su expreso consumo en embarcaciones cargadas de droga".

Lo he vuelto ahora a leer y sigue tristemente teniendo plena vigencia, salvo que actualmente se interviene en ocasiones hasta más de 5.000 litros de combustible y ya se ha dictado alguna sentencia judicial, quedando a la espera de su firmeza, tras la resolución de los recursos que se interpongan.

Afortunadamente ya no es solo una firme opinión de los que desde el punto de vista policial y judicial están frente al narcotráfico, así como de muchos colectivos sociales más, sin olvidar a nuestros medios de comunicación.

Es evidente que lamentablemente todavía queda un largo camino que recorrer pero resulta alentador que cada vez hay más decisión y firmeza en hacer frente a este grave problema, el cual hace tiempo que no es sólo del Campo de Gibraltar sino que se ha ido extendiendo a otros lugares, no sólo de la provincia gaditana, sino de Andalucía y otras partes de nuestro territorio nacional.