De 35 a 300 millones: el caótico presupuesto cambiante de la Algeciras-Bobadilla

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 cayó esta semana como un jarro de agua fría sobre el Campo de Gibraltar por la escasa inversión destinada a la línea Algeciras-Bobadilla, un proyecto clave para la comarca y Andalucía, como no han cesado de repetir partidos de todo el arco político. El proyecto presentado el miércoles en el Congreso recogía solo dos partidas en las provincias de Cádiz y Málaga específicas para la renovación ferroviaria, con un total de 35,7 millones de euros de presupuesto, muy lejos de los 223 que se recogieron en las cuentas nonatas de 2019. La reacción de los políticos locales no se hizo esperar, empezando por los socialistas que se declaraban decepcionados ante el abandono de una obra de la que habían hecho bandera. Y después de dos días de polémica y lamentos, el Ministerio de Hacienda ha llegado este viernes con un sorpresivo pan bajo el brazo: la línea contará, asegura, con 264,3 millones más, ocultos a la vista en un epígrafe genérico de Alta Velocidad Corredores Ten-T.

La noticia pillaba por sorpresa hasta a los propios socialistas. Por la mañana, los subdelegados del Gobierno en Cádiz y Málaga, José Pacheco y Teófilo Ruiz, defendían como podían la escasa inversión destinada a la línea, la cifra de 35,7 millones de euros, que palidecía frente a esos 223 millones que fueron una de las apuestas estrella del proyecto de PGE que fue rechazado en el Congreso motivando una convocatoria electoral. El día antes, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, había planteado un consejo de alcaldes para reclamar una mayor inversión para la comarca; el Ayuntamiento de Algeciras hacía lo propio preparando una moción conjunta para mostrar su rechazo en el Pleno y reclamar, al menos, los 223 millones. El primero en reaccionar había sido ni más ni menos que el vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix: “Estoy muy decepcionado”.

A todos ellos les cogió este mediodía con el paso cambiado el anuncio del Gobierno: la inversión presupuestada será de 300 millones de euros, garantiza Hacienda. Un anuncio que llegó envuelto en su propio caos: una nota de prensa del Ministerio empezó a circular entre los alcaldes y cargos políticos, los servicios de prensa comunicaron vía telefónica el cambio. El comunicado no llegaba a los medios y en el distribuido por los alcaldes se hablaba en dos ocasiones de la línea Bobadilla-Granada en lugar de la Algeciras-Bobadilla. Unos y otros intentaban encontrar las partidas por valor de 264 millones de euros a la que se aludía en el proyecto de presupuestos sin éxito. Ruiz Boix era de nuevo el primero en reaccionar: “Así, sí”.

Finalmente, tarde, ha llegado la versión oficial del Ministerio. Este explica que en 2019 se presupuestó una actuación en Adif Convencional por 223,5 millones de euros con la rúbrica Corredor Mediterráneo y Atlántico Red básica TENT Renovación Mejora “Bobadilla-Granada” (de nuevo el nombre cambiado, pero el importe corresponde a la Algeciras-Bobadilla). En cambio, en los PGE 2021 “se ha presupuestado de una manera más adecuada desde un punto de vista presupuestario y para la gestión del gasto, lo que ha podido llevar a la confusión de que la partida no estaba dotada en los presupuestos”.

En concreto, las partidas de la Algeciras-Bobadilla, explica Hacienda, “figuran en Adif Alta Velocidad Corredores Ten-T, por valor de 264,3 millones de euros”, aunque no se trata de un tren de alta velocidad, sino de un tercer raíl, “y también en el apartado Corredor Mediterráneo Atlántico Red Básica Renovación Mejora Bobadilla-Granada’ de Adif Convencional, por 35,7 millones”. Si se suman ambas partidas, son 300 millones, “lo que hace aumentar la partida presupuestaria en 76 millones, un 34,3% más”.

Esos 300 millones serían una buena parte del coste restante de la línea, en la que falta el tramo Ronda-Bobadilla, el más caro. De hecho esa es la parte fundamental de la obra a acometer, con la vista puesta en el año 2022 según el último plazo dado por el Gobierno. Otra cuestión es la electrificación de la vía, que se ha encontrado con un inconveniente: tendrá que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en lugar de la tramitación simplificada que se pensaba emplear. Sobre el retraso de esta última alertaba recientemente la Comisión Europea en un informe: ponía en duda que pudiera estar para 2030.