La regularización extraordinaria de inmigrantes

Algeciras/La iniciativa legislativa popular es un derecho reconocido en la Constitución y permite que, mediante un procedimiento legalmente establecido, los ciudadanos puedan intervenir directamente en propuestas de ley. En ciertas materias, mediante la acreditación de 500.000 firmas, y con su presentación en el Parlamento para su estudio de cuanto se propone.

Haciendo uso de este derecho, a finales de 2021, alrededor de unas 900 ONG impulsaron una labor de más de dos años de recogidas de firmas dirigidas a regularizar la situación de inmigrantes que ya se encontraban en España y que habían accedido de modo irregular. Ahora se ha aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería, que permitirá la regularización a lo largo de los próximos tres años de más de 900.000 extranjeros en situación de irregularidad en nuestro país. Gran parte de ellos son ciudadanos de países sudamericanos, de Marruecos y otras nacionalidades.

La regularización extraordinaria de inmigrantes en España es un instrumento utilizado por las Administraciones públicas para conceder, fuera de los trámites burocráticos, autorizaciones de residencia y trabajo a las personas extranjeras que viven de forma irregular en nuestro Estado. Varios han sido los países europeos que han llevado a cabo este sistema, como Portugal e Italia en plena pandemia del coronavirus. Nuestro país hizo uso de este tipo de regularización bajo los mandatos de Felipe González, José María Aznar y. el último en 2005, con Rodriguez Zapatero, llegándose a regularizar un total de un millón de personas.

Podemos preguntarnos, ¿por qué una regularización extraordinaria, al margen de las normas vigentes?

Ante todo, hay que reconocer que los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, además de su lentitud y un amplio margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones de residencia o su renovación. De otro lado, y como la propia Exposición de Motivos de la Ley recoge, se debe a la incapacidad de las Autoridades para llevar a cabo las expulsiones. De los casi 172.000 inmigrantes ilegales que han arribado a nuestro país desde 2020 hasta 2023, apenas 9.500 han sido expulsados por la vía de una orden de expulsión, lo que supone sólo un 5,52 %.

Pero con independencia de ello, la irregularidad viene a suponer una condena a la explotación laboral por parte de empresarios sin escrúpulos, la desprotección legal y la exclusión de servicios esenciales con relación al resto de ciudadanos, como lo son la educación y la sanidad. Asimismo impide el que los migrantes puedan contribuir al sostenimiento de la sociedad, y a la Seguridad Social, formando parte de una economía sumergida que beneficia a sus empleadores y les hace trabajar en inferioridad de condiciones respecto a los trabajadores españoles, obteniendo menos emolumentos por su condición de irregular.

Igualmente se trata con ello de evitar lo que en ocasiones se ha repetido con este grupo de personas. El último episodio ha tenido lugar hace unos días en Algeciras -y conocido través de este mismo medio-; se trata de la detención de tres personas que, presuntamente, falsificaban documentos para hacer inscribir en la ciudad empadronamientos ficticios de extranjeros a fin de poder obtener éstos, permisos de residencia y trabajo.

Tampoco es de olvidar que durante la pandemia que afectó a nuestro país, y en la reciente DANA que azotó muchos pueblos de Valencia y otras ciudades, comunidad de migrantes irregulares han prestado servicios a ciudadanos españoles, en sectores como el cuidado, reparto a domicilio o recogida de fruta y verdura, pagando un alto precio en formas de contagio y muertes. Considero que la sociedad tiene una deuda de gratitud con este colectivo.

De otro lado, el Estado no puede desconocer ni mirar hacia otro lado cuando existe un problema como lo es éste, y se ha adoptado la solución más viable con la regularización, que permitirá además visibilizar la totalidad de la población migrante residente, compensar las desigualdades y garantizar sus derechos laborales en condiciones de igualdad. Todo esto redundará en eliminar las situaciones de abuso y explotación.

Y sin olvidar las pautas de la Comunidad Europea, en el sentido de necesitar en futuro próximo de migrantes para atender a la población integrante de dicha comunidad, entre ellos España, si bien considero debe de hacerse de forma ordenada.

Soy consciente de que existirán discrepancias en torno a esta nueva legislación, pero hay que tener en cuenta que existe obligación de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos que se hallan en nuestro país. Son personas vulnerables y con esta normativa podrá acabarse con el abuso del que son víctimas por encontrarse en esa situación.