El segundo y último vicecónsul británico en San Roque
Instituto de Estudios Campogibraltareños
George Frederick Cornwell Waters fue responsable del Registro Civil, juez de instrucción, juez de paz, inspector de enseñanza y fiscal general
En su labor diplomática, tuvo que mediar en numerosos incidentes y conflictos menores
Cien años de historiografía de la cerámica de paredes finas: el caso de Baelo Claudia (I)
Cien años de historiografía de la cerámica de paredes finas: el caso de Baelo Claudia (y II)
San Roque/George Frederick Cornwell Waters nació en Gibraltar el 11 octubre 1834, siendo el hijo menor del abogado William Cornwell. Estudiante de Derecho en Lincoln’s Inn, se inició en la abogacía con 24 años. Contrajo matrimonio en la Catedral de la Santísima Trinidad, la mañana del sábado 2 junio 1860, con la joven de 16 años Charlotte Anderson, hija de James Campbell Relph, notario de la Corte Suprema de Gibraltar. Fijaron el domicilio en Horse Barrack Lane n.º 8. En los censos de fechas posteriores aparecen con una nueva dirección, en Library Ramp, n.º 1 y Campamento, y constan como de religión protestante.
Él estaba, el 17 abril 1876, entre las autoridades que acompañaron al príncipe de Gales, en la colocación de la primera piedra del nuevo mercado público, durante la visita del futuro rey Eduardo VII a la guarnición. En otra visita regia, la del duque de Cambridge, el Sr. y la Sra. Cornwell asistieron a la recepción dada en honor del ilustre huésped. Ingresó 125 ptas. en la cuenta abierta en el Anglo-Egytian Bank para socorro de la hambruna en India.
De su dilatada y fructífera carrera señalamos sólo cuatro casos de los que despertaron el interés de la gente en su momento. Tomó parte, como defensor del segundo oficial, presunto culpable y preso Joseph Hester, quien causó la muerte deliberadamente por disparos de revólver al oficial al mando, William Andrews. Hecho ocurrido a bordo del CSS Sumter, fondeado en la bahía, el 15 octubre 1862. Tomó parte en el juicio sobre el Mary Celeste, en calidad de demandante a favor de los propietarios de este bergantín-goleta, aunque nunca se explicó el por qué fue encontrado abandonado en alta mar. Las sesiones del tribunal del Vicealmirantazgo comenzaron en diciembre de 1872: “No se recuerda muestra de mayor interés popular ni se ha visto un juzgado más concurrido para un caso civil en el Tribunal Supremo”, que el celebrado los días 27 y 28 de febrero de 1889. Emilia Piuri de Baca –tatarabuela del que esto escribe–, representada por nuestro hombre, le reclamaba a Enrique Río, contratista de obras, 6.475 duros, entregados a éste para una construcción que no llegó a realizar. Sería elegido como su representante por la naviera Anchor Line propietaria del vapor Utopia tras el trágico naufragio de éste en el puerto de Gibraltar.
Se cuenta entre los asistentes a la reunión del Comité de Ayuda a los náufragos celebrada en el Palacio del Gobernador el 19 marzo 1891. Para las atenciones de su casa y negocios pidió un préstamo de 5.000 ptas. a los hermanos Francisco y Eduardo Méndez, por el término de dos años, a un interés del 10% anual, pagadero por trimestres vencidos. En garantía del expresado préstamo, constituyó hipoteca sobre la finca de su propiedad, sita en la aldea de Campamento, calle San Roque –hoy, Real– nº 1, con vuelta a la calle del Mar –hoy, Benalife–, que constaba de diferentes habitaciones en planta baja y jardín y medía 752 m2. Lindaba por la espalda con el camino que se dirigía a la hacienda de José Francía. La adquirió por compra a Josefa Guerrero Enríquez según escritura de 3 de noviembre de 1868.
Un obituario en la prensa gibraltareña lo consideraba como figura muy conocida en la sociedad local y muy popular entre sus muchos amigos. Como miembro veterano de la abogacía –profesión que inició en 1859– su opinión era muchas veces requerida por sus compañeros. De manera interina y simultáneamente al de San Roque, atendió el viceconsulado de Algeciras durante distintos periodos en los años 1873, 1880, 1881 y 1885. También lo hizo en 1898 respecto a los intereses de los Estados Unidos durante la guerra hispano-norteamericana.
En cuanto a la administración de la colonia, desempeñó los siguientes cargos: responsable del Registro Civil, juez de instrucción, juez de paz, inspector de enseñanza y fiscal general.
A las 15 horas del 7 de diciembre de 1911, tras una corta enfermedad y a consecuencia de parálisis glosofaríngea, fallecía en su domicilio en Campamento. Tenía 77 años de edad. Así se lee en el certificado de defunción firmado por Juan de Mena y Rendón, médico titular de la ciudad de San Roque. Su viuda pidió el preceptivo permiso para que fuera enterrado en su ciudad de nacimiento, pero hubo de esperar a que llegara de Madrid la autorización para trasladar los restos, que descansan en la parcela A del cementerio North Front, donde sus familiares erigieron un monumento funerario. Según la esquela inserta en la gaceta oficial, el funeral se celebró, al día siguiente del deceso, en la catedral inglesa.
La oficina consular
Con fecha 18 julio 1872 era designado para el cargo con una asignación de 100 libras esterlinas anuales para gastos de oficina. No disfrutaba de ningún sueldo ni gratificación. Al no disponer de ayuda económica para el alquiler de una sede, cabe deducir que utilizaría su propio domicilio. Ya se ha descrito pormenorizadamente dicho inmueble, pero su ubicación plantea serias dudas respecto a la información obtenida de lo escrito por el que fuera cronista oficial de La Línea, Francisco Tornay, y también por Antonio Bernal en sus memorias donde coincide con el anterior y da por cierto que “en la puerta del edificio estaba el escudo y leyenda de sus servicios”. Según ambos, la casa sería la llamada Villa Mercedes, que, casualmente, perteneció a mi tatarabuelo José Baca y que no coincide con la que era titular el Sr. Cornwell. En ningún documento de los muchos consultados consta la dirección en Campamento.
La tarde del 25 marzo 1873, N. Kendall, Police Magistrate –juez de primera instancia– era amenazado y golpeado por el cochero Manuel Pedro Ordóñez en la frontera española. El gobernador, a través del secretario colonial, pedía que su representante en la zona hiciera llegar al general Beaumont en Algeciras copia de la declaración del afectado. Un diario de Madrid recogía nota del periódico local The Guardian en que informaba de la actuación del vicecónsul ante distintas autoridades españolas de la zona. El tal Ordóñez quiso vengarse porque había sido multado y expulsado de la plaza por el juez, quien por tomar parte en dos ocasiones junto a otros caleseros en interrupción de la vía pública hubo de imponerle el correspondiente castigo. Tiempo después (2-10-1880), el mismo individuo volvió a repetir el ataque, ahora en la persona del también Police Magistrate, J. Byrne. Esta vez intervinieron además el Consulado y el Ministerio de Estado de España, de forma que en ese mismo mes ya era citado el ofendido para declarar en el Juzgado de San Roque.
Con cierta frecuencia, militares británicos eran arrestados por desórdenes públicos tras haber ingerido alcohol en demasía. Normalmente eran puestos en libertad, aunque a veces había que celebrar juicio por daños. La labor de Mr. Cornwell consistía en visitarlos en el calabozo y ocuparse de las fianzas y multas que les fueran impuestas.
En la visita de cortesía (25-01-1882) del gobernador militar en Algeciras, general Aizpurua, a su equivalente en la colonia británica, entre los presentes en la recepción y en “el delicado luncheon” se hallaba nuestro vicecónsul.
El gibraltareño Enrique González Silva Viera, conocido como Enrique González, apodado Flamante, verdulero ambulante, por un asunto de celos era asesinado (7-06-1885) en La Línea con arma blanca por el filipino Benito González, quien, confeso, fue detenido al día siguiente por la Guardia Civil. El vicecónsul informaba al secretario colonial que el agresor se hallaba en la prisión de San Roque.
En un comunicado del cónsul británico en Cádiz al secretario colonial, Lord Gifford, señalaba que, en relación al auxilio prestado por pescadores de la Atunara a los náufragos del vapor inglés Ettrickdale —los días 12 y 13 marzo 1886—, su homólogo en San Roque le informó que el agente de la aseguradora Lloyd había entregado 50 libras a aquéllos y que el Sr. Cornwell era de la opinión, salvo mejor criterio, de no insistir sobre el asunto.
Iniciado por la Administración de Hacienda de la provincia el censo sobre fincas, se aconsejaba a los súbditos británicos se personaran, con los títulos de dominio correspondientes, en la delegación local de dicho organismo en evitación de perjuicios para los interesados. Este anuncio, redactado en parecidos términos por el viceconsulado, se publicó en la prensa gibraltareña.
En la noche del 29 al 30 de septiembre, trece bueyes sin conductor alguno fueron detenidos en la banqueta de Santa Bárbara tras atravesar la línea fiscal. Dicho ganado se trasladó a la Junta Administrativa de Algeciras como única competente sobre el asunto. Ésta era la respuesta del capitán de Carabineros de La Línea, Ricardo San Germán, al vicecónsul. La versión de los propietarios Mateos & Peacock difería en el sentido de que los aprehensores se negaron a la devolución. Ésta se produjo días después.
La viruela o pupa, que supuestamente afectaba a la población caprina del distrito con el consiguiente peligro para el consumo humano a ambos lados de la frontera, fue una falsa alarma según confirmación del alcalde. Se repetiría la situación, pero esta vez la enfermedad tuvo cierta incidencia, aunque desapareció al poco tiempo. Un foco de fiebre aftosa estuvo siempre controlado y pronto decreció considerablemente.
José Fuentes, alcalde pedáneo de Campamento, exponía por escrito sus quejas al Consulado y acompañaba carta para el gobernador de la vecina plaza, a fin de evitar que se siguieran produciendo atropellos por la velocidad con que transitaban ciertos jinetes. Proponía que se publicara aviso al respecto en la prensa de la colonia. Así se hizo. No obstante lo anterior, el soldado del regimiento South Stafford, George Jones, atropelló en la playa de San Felipe de La Línea a Catalina Martínez Ortega causándole lesiones. El juez de San Roque dictó auto de prisión o libertad mediante fianza de 1.000 ptas. o la garantía de sus jefes de que se presentaría ante los Tribunales siempre que fuera llamado.
Habiéndose personado, en compañía del representante británico, en dicho juzgado, sería citado de nuevo en el de Algeciras donde fue absuelto y libre de costas. Volvió a repetirse la imprudencia, esta vez siendo el autor no un soldado raso sino un teniente. George Baillie, del Real Cuerpo de Artillería, arrolló con su caballo en La Línea a una niña, a la que le produjo algunas lesiones.
Mr. Cornwell hubo de intervenir como en casos similares, pero ahora adelantando de su bolsillo el importe de la fianza más otra cantidad para pequeños gastos. El juzgado de La Línea dictó sentencia absolutoria.
En otro nuevo incidente de similares características a los anteriores, la víctima en la playa cerca de Campamento fue un carabinero. El jinete era el guardiamarina John D. C. Warren de la tripulación del HMS Himalaya. Como el buque estaba a punto de partir, no bastó la preceptiva fianza sino también la garantía de un vecino de buena reputación y cierto nivel económico. Hizo esta función el terrateniente Juan Galiardo. Daniel Good con su caballo tiró al suelo a Micaela P. M. en la playa entre la frontera y Campamento. Otra repetición de los hechos: arresto, gastos de estancia en prisión por importe de 17,50 ptas., multa de 56,70 ptas. –a descontar de la fianza de 100 ptas., adelantadas por Jaime Earle–, la garantía del teniente de artillería Seddon y puesta en libertad del detenido. Un caso similar a los ya citados se dio con el soldado Michael Hehir, mozo del capitán Knapp, que, por haber golpeado con el caballo a un hombre en La Línea, estuvo detenido, aunque por poco tiempo. Sin necesidad de presentar fianza, quedó en libertad.
En anuncio inserto, en español y en inglés, en la prensa calpense, el Viceconsulado participaba a los súbditos británicos residentes en San Roque, La Línea, Jimena, Los Barrios, Castellar, Guadiaro, Guadarranque, Palmones y Campamento –distrito que atendía dicha oficina consular– la obligación de presentar sus datos personales para llevar a cabo el censo iniciado en todo el Reino Unido y en sus colonias.
Al lunch, que con motivo de la visita oficial del general Gámir, gobernador militar de la comarca, a su equivalente en Gibraltar, asistió, entre numerosas autoridades militares y civiles, G. F. Cornwell en calidad de vicecónsul tanto en San Roque como en Algeciras. El acto terminó después de las 4 de la tarde.
Como remuneración de parte del gobernador de Gibraltar por la ayuda prestada por los carabineros a los náufragos del vapor británico Genoese, el vicecónsul recibió un cheque por valor de 20 libras. Se le rogaba lo distribuyera entre aquellos que en la playa de Levante prestaron asistencia sacando del mar a los marineros y proporcionándoles ropa y café. Pero el donativo tuvo que ser devuelto porque las normas del benemérito instituto no permitían aceptación de dinero.
En respuesta al oficio del alcalde, el representante británico aportó varios objetos para la tómbola de beneficencia a favor del Hospital de la Caridad. Dicho sorteo se venía celebrando durante la Feria Real, aunque el año precedente, 1898, se organizó ésta por la depresión causada por la pérdida de Cuba.
David Levy solicitaba en la oficina consular un pasaporte. Sus padres, residentes en La Línea desde hacía muchos años, sí aparecían registrados como súbditos británicos, pero no el solicitante. Las pesquisas llevadas a cabo al respecto indicaban que había nacido en la citada ciudad, era fruto de una relación extramatrimonial y, aunque su verdadera madre fuera británica, tanto él como su hijo, también natural de La Línea, eran súbditos españoles.
Durante el permiso de vacaciones concedido a G. F. Cornwell, por el cónsul en Cádiz, le sustituyó –según autorización de éste– John Baptist Viñales, notario público de Gibraltar, residente en c/ San Luis nº 5 de La Línea.
El responsable de la Ayudantía de Marina de Puente Mayorga comunicaba al viceconsulado que unos pescadores de la Atunara habían encontrado en el mar un blanco flotante como los utilizados por las fuerzas británicas para prácticas de tiro. Enterada la Secretaría Colonial y consultadas las autoridades navales y militares, señalaron éstas que dicho derrelicto no era propiedad de la Corona.
Tras el fallecimiento de la persona a cargo de la representación consular, el que fuera su sustituto, J. B. Viñales, solicitó el puesto vacante. Hasta tomar una decisión al respecto, en cónsul general en Sevilla aceptó su propuesta con carácter provisional. En la Embajada en Madrid se plantearon suprimir o bien esta oficina o la de Algeciras, pero, antes de tomar una decisión, quisieron conocer la opinión del secretario colonial. Éste tuvo claro que la de San Roque debía pasar a La Línea y que la de Algeciras permaneciera como tal. Y así se hizo.
Artículo publicado en el número 60 de Almoraima, revista de estudios campogibraltareños. Abril 2024.
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