Tarifa regulará la proliferación de los apartamentos turísticos con la futura normativa de la Junta

La proliferación de viviendas con fines turísticos supone un problema en muchos municipios. En el Campo de Gibraltar, Tarifa y San Roque son los principales exponentes de una industria que ha revolucionado la forma de alojarse y que, al mismo tiempo, influye económicamente incrementando los precios de los inmuebles.

La Junta trabaja en la modificación de un decreto que habilitará a los ayuntamientos de toda la Comunidad para intervenir y limitar la proliferación de viviendas con fines turísticos (VFT) por razones de "interés general". El consejero de Turismo, Arturo Bernal, aseguraba a este periódico que la "demanda social" provocada por estos establecimientos "ha distorsionado el modelo turístico de Andalucía". Según el consejero, los ayuntamientos podrán limitar el número de VFT en sus planeamientos con medidas "proporcionales y necesarias".

Los ayuntamientos de Tarifa y San Roque prestarán especial interés al avance del nuevo orden legal que les permitirá regular en sus términos municipales la elevada presencia de pisos y apartamentos turísticos. Actualmente, en el Campo de Gibraltar están registradas 3.590 VFT. La mayoría se concentra en Tarifa, con 2.428, y San Roque, con 752. En total, en la comarca se concentra el 20,2% del total de la provincia.

Bernal pretende que los cambios en la reglamentación vigente los apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta en el plazo de un mes. Después, el decreto pasará a información pública y también deberán pronunciarse organismos como la Agencia de la Competencia de Andalucía, además de consejerías como Economía y Hacienda y Medio Ambiente.

Tarifa, al límite

Tarifa es el segundo municipio con mayor número de VFT de Cádiz, solo por detrás de Conil de la Frontera. No obstante, la localidad campogibraltareña alcanza el 13,23% de inmuebles turísticos respecto al total de viviendas, superando en proporción a la de la Costa de la Luz.

Esto supone un grave problema para los ciudadanos, toda vez que los precios de la vivienda en Tarifa están disparados. Según los datos del portal inmobiliario Idealista, es el segundo municipio más caro de la provincia tanto para comprar como para alquilar casas, las cifras más altas registradas hasta el momento.

El regidor tarifeño, Francisco Ruiz, asegura que, por el momento, la Junta de Andalucía no ha contactado con ellos para informarles de cuáles son las medidas que planean introducir en esta materia. No obstante, se muestra receptivo y explica que si el gobierno autonómico va a poner a su disposición más herramientas, "las estudiaremos y las pondremos en marcha dentro de nuestras posibilidades".

"Hay dificultades y tenemos que controlar ese crecimiento", comenta el alcalde sobre la proliferación de las viviendas con fines turísticos. "Es un servicio más que se ofrece en el municipio, pero hay que equilibrar esa actividad económica con el bienestar de los vecinos", reconoce.

Ruiz recuerda que su equipo de gobierno ya viene trabajando para "regular indirectamente" con ordenanzas sobre acústica o inspecciones en los registros de aguas para "amortiguar" el crecimiento de los pisos turísticos en la ciudad.

Aún sin saber las herramientas que habilitará el gobierno autonómico, en Tarifa tiene claro que "cuantas más podamos incorporar, mejor". No está claro si servirá para que la burbuja inmobiliaria del municipio se reduzca, "pero en principio debería".

Tranquilidad en San Roque

En contraposición a Tarifa, en el Ayuntamiento de San Roque se muestran mucho más tranquilos y niegan que la presencia de VFT esté en situación de saturación. Tanto es así que aseguran que "la prioridad" para ellos es "la construcción de nuevas promociones de viviendas en todas y cada una de las barriadas del municipio" para no saturar el Valle del Guadiaro.

Sobre la nueva norma del gobierno de la Junta de Andalucía, desde el consistorio sanroqueño se muestran cautelosos y explican que "cuando se apruebe" se verán todos los detalles y, en todo caso, "qué puede significar".

Medidas en busca de la convivencia

Son cinco los objetivos que se propone alcanzar con la nueva normativa autonómica: la calidad en el servicio, la convivencia vecinal, la responsabilidad de los gestores que exploten los inmuebles, la autonomía de los ayuntamientos para intervenir en el mercado y el control de las unidades de alojamiento.

"Les damos un marco para el uso de competencias. Podrán establecer sus limitaciones, el número de VFT, la protección de zonas residenciales ante la saturación de los espacios", explica el consejero Bernal, que también defiende que -por el contrario-otros consistorios puedan optar por fomentar este tipo de alojamientos si responden a sus intereses.

El decreto también otorgará potestad a las comunidades de propietarios para que tomen acuerdos limitativos de la actividad turística en sus bloques, siempre que las decisiones se adopten conforme a la ley de propiedad horizontal. Uno de los puntos novedosos de la norma se refiere a la introducción de la figura de la empresa gestora de estas viviendas, que aparecerá como la responsable ante a las administraciones, los vecinos y los usuarios. Y no tienen porqué ser los propietarios de los pisos.

Además, se obliga a que todas las VFT se incluyan en un registro y a que esos números figuren en los canales en los que las plataformas publicitan los inmuebles, algo que, según Bernal, hay resistencia a cumplir en la actualidad. Las viviendas que se oferten, además de un mínimo de metros por persona que se aloje, deben disponer de aire acondicionado y calefacción y de sistemas para combatir incendios.