Transportes saca a licitación un estudio previo de alternativas para mejorar la A-7 entre Torreguadiaro y Torremolinos

El objeto es analizar distintas alternativas para reforzar la conexión viaria en una carretera con una gran presión de tráfico

El tramo de la A-7 que será objeto de estudio.
El tramo de la A-7 que será objeto de estudio.

San Roque/El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación por 1.081.365 euros (IVA incluido) la redacción del estudio previo para buscar alternativas destinadas a mejorar la A-7 entre Torreguadiaro, en San Roque, y Torremolinos. El objeto de este estudio es recopilar los datos necesarios para analizar alternativas viables que mejoren la conocida como Autovía del Mediterráneo entre los kilómetros 1.090 (Torreguadiaro) y 1.000 (Torremolinos).

El Gobierno recuerda que gran parte de este tramo de la A-7 procede del desdoblamiento de la antigua carretera N-340, lo que ha provocado que existan numerosos accesos en una zona de fuerte presión urbanística y que soporte una elevada intensidad de tráfico a diario. El tramo entre Fuengirola y Alcántara superaba en 2019 los 65.000 vehículos de media diaria, llegando incluso a alcanzar los 93.945 en la estación de aforo cercana a San Pedro de Alcántara. Eso significa que el nivel de servicio de la A-7 no se adecúa a la realidad.

Transportes considera conveniente la redacción de un estudio previo para poder examinar el ámbito de manera global, teniendo en cuenta todas las posibilidades de actuación, con estudio de soluciones como la ampliación de capacidad y/o mejora de la autovía A-7, incluyendo la reordenación de accesos mediante la ejecución de vías colectoras, laterales o vías de servicio, la remodelación de enlaces, etc. El objetivo fundamental debe ser el de mejorar la seguridad vial del ámbito, y en la medida de los posible, reducir la congestión. También contempla la ejecución de variantes en zonas de alta densidad de población, la ejecución de nuevas conexiones entre A-7 y AP-7 o mejora de las conexiones existentes o la combinación de las anteriores.

El ministerio destaca que la presión urbanística en las márgenes de la A-7 implica que las actuaciones de ampliación de capacidad o la creación de vías de servicio o colectoras para reordenar los accesos puedan resultar inviables en muchos tramos por el coste económico y social de las expropiaciones que serían necesarias.

El objetivo del estudio previo es recopilar los datos básicos necesarios para diagnosticar el estado actual del corredor A-7/AP-7: geometría, tráfico, incumplimientos de la norma actual de trazado, accidentalidad, etc. También caracterizar, desde el punto de vista físico (topografía, geología, hidrología, etc.), urbanístico y ambiental (espacios protegidos, IBAS, corredores de fauna, áreas de interés de fauna y flora, patrimonio cultural, paisaje, cañadas y caminos naturales, etc.), el territorio donde se planteen las distintas alternativas de actuación, de manera que pueda determinarse la capacidad de acogida de una nueva infraestructura o de la ampliación de la existente.

Además, se conocerán las iniciativas y planes de otras administraciones con competencias concurrentes en el ámbito del estudio, con el objeto de poder actuar coordinadamente y establecer sinergias, y se diseñarán las posibles alternativas de actuación:cuantificar los costes de construcción, incluyendo expropiaciones, y posterior conservación y explotación de cada alternativa.

Otro aspecto será la realización de un estudio de tráfico de la situación actual y de las posibles alternativas de actuación para evaluar su potencial de mejora en el nivel de servicio de la A-7 y un análisis multicriterio de las alternativas que se consideren viables, ponderando factores económicos (costes de inversión inicial y mantenimiento), funcionales (mejora de niveles de servicio, mejora en la accidentalidad esperada, dificultad y plazo de construcción), territoriales (compatibilidad con el planeamiento, superficie de expropiaciones en terrenos urbanos o urbanizables, etc.) y ambientales (ponderación de superficies de ocupación en función del valor ambiental de los terrenos afectados, afecciones a espacios protegidos y patrimonio cultural, etc.).

En el estudio también se realizará un análisis coste-beneficio con objeto de determinar la rentabilidad de las alternativas de mejora, en función de los costes y beneficios esperados: reducción de los tiempos de recorrido y costes de funcionamiento de los vehículos, reducción de la accidentalidad, reducción de externalidades de ruido, etc.

En último término, el estudio previo debe determinar cuál es la mejor alternativa de actuación entre las posibles, asegurando que es rentable socioeconómicamente y que tiene viabilidad técnica y ambiental, con objeto de que en una siguiente fase se pueda proseguir con el desarrollo de los estudios de carreteras que sean necesarios.

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