El trámite ambiental retrasará aún más la electrificación del tren

La tramitación de la modernización y electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, el proyecto que pretende convertir una vía del siglo XIX en un ferrocarril que pueda encabezar (o cerrar) dos corredores transeuropeos de transporte, se acaba de encontrar con un obstáculo temporal. El Ministerio de Transición Ecológica acaba de emitir una resolución en la que considera que el proyecto de electrificación del tramo Ronda-Bobadilla tiene que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en lugar de una tramitación simplificada, un trámite necesario para seguir adelante con la actuación. Una decisión que supone retrasar durante meses el visto bueno ambiental a este proyecto, que debería estar ejecutado y en funcionamiento en 2022 según el último plazo aportado, eso sí, antes de la irrupción de la pandemia.

El proyecto contempla la electrificación de la vía actual entre Bobadilla y Ronda en 25 kV con una catenaria tipo CA200 en una longitud de 73,6 km y nuevas instalaciones de señalización y telecomunicaciones y modificación de las existentes. Forma parte de la ya muy retrasada obra de modernización de la Algeciras-Bobadilla, incluida dentro los corredores europeos Mediterráneo y Atlántico como infraestructura de desarrollo prioritario, al servir de conexión entre el Sur de Europa (Norte de África) y el Norte del continente. Y cuyo desarrollo permitirá mejorar la conexión ferroviaria del principal puerto del país, el de Algeciras.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) solicitó en noviembre de 2018 al Ministerio la evaluación ambiental simplificada del proyecto de construcción, por considerar que se trata de una modificación de las características de una línea ferroviaria ya ejecutada. Tras la subsanación de documentación requerida y varias discrepancias, Adif entregó otro documento para tramitar en junio de 2019 y el Ministerio hizo las consultas preceptivas a los organismos y entidades que pudieran estar interesados.

El pasado 20 de abril emitía una resolución tras analizar las respuestas y documentación recibida. Y en ella rechaza la propuesta de tramitación simplificada: el Ministerio destaca que esta actuación puede tener "efectos adversos significativos" sobre el medio ambiente al afectar a espacios protegidos de la Red Natura 2000. Según resalta el propio Ministerio, el proyecto afecta directamente (en 2.570 metros de longitud de la línea férrea) al espacio de Red Natura 2000 Lagunas de Campillos y en las cercanías se encuentran otros espacios de la red cuyos objetivos de conservación pueden verse potencialmente afectados por el proyecto: las zonas de especial conservación Río Guadalevín y Corbones que actúan como corredores ecológicos, y la ZEC y ZEPA (Zona de especial protección para las aves) Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves que, además de su valor florístico, albergan importantes áreas para rapaces.

Especialmente significativa sería la afección a las Lagunas de Campillos, resalta también la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga. La actual línea ferroviaria atraviesa esta Reserva Natural y sitio Ramsar de

importancia internacional, integrado por un conjunto de 6 lagunas: Dulce, Salada, Camuñas, Capacete, Cerero y Redonda. En ella se contabilizan hasta 89 especies de aves distintas. La única forma de la única forma de evitar el impacto sería ejecutando una variante que discurra fuera de la ZEC/ZEPA. Al no ser así, hay que evaluar las medidas correctoras en un estudio de impacto ambiental, el documento de base para la declaración de impacto ambiental que Adif tendrá que elaborar. Y para ello, el Ministerio reclama "realizar estudios de campo durante un ciclo anual completo para la detección de las especies relevantes y de sus corredores de vuelo, al objeto de evaluar correctamente la afección y estudiar y definir las medidas preventivas y correctoras, incluyendo medidas anticolisión".

Por otra parte, el Ministerio también destaca la problemática del impacto acústico y la peligrosidad de la línea férrea actual en el casco urbano de Ronda, con centros educativos próximos, efectos que no están contemplados en el documento

ambiental y que "deberán analizarse en el estudio de impacto ambiental para esclarecer la necesidad de implantar medidas de protección acústica y/o minimización de la peligrosidad". Por ello, reclama la ejecución de un estudio acústico conforme a la legislación vigente "incluyendo la descripción de la situación acústica preoperacional y, caso de superarse los objetivos de calidad acústica, diseñar las medidas correctoras pertinentes antes de la aprobación del proyecto".

Adif tendrá ahora que iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esa evaluación de impacto es el procedimiento que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo en la declaración de impacto ambiental.

El procedimiento ordinario comienza con la elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor (siguiendo las indicaciones del Ministerio) que después tiene que ser sometido a información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. Después se produce el análisis técnico del expediente por el órgano ambiental y se formula la declaración de impacto ambiental. Un proceso que dura bastantes meses y que en muchas ocasiones se alarga durante años.