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El tribunal que juzga en Algeciras al clan del Messi del hachís valida las escuchas de la Policía Nacional

Juicio en Algeciras

Los magistrados sí aceptan una cuestión previa de la defensa que deja fuera del procedimiento uno de los alijos de droga que se enjuician

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Los acusados, en primer término, sentados frente al tribunal. A la izquierda, la defensa, y a la derecha, la Fiscalía y las acusaciones particulares. / Vanessa Pérez

Algeciras/La segunda sesión del juicio contra 26 personas acusadas por narcotráfico y vinculadas presuntamente al clan del Messi del hachís se ha reanudado en la mañana de este miércoles en Algeciras con la decisión del tribunal de dar por válidas las escuchas prácticadas por la Policía Nacional y que suponen una prueba clave de la Fiscalía Antidroga en este procedimiento.

La vista oral en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz quedó suspendida durante 24 horas el pasado lunes, día 23, al poco de dar comienzo. En ese periodo, el tribunal ha resuelto varias cuestiones previas planteadas por las defensas, entre ellas la solicitud de nulidad de las grabaciones realizadas por los agentes a los acusados: la respuesta dada tras las deliberaciones ha sido negativa.

No obstante, según fuentes de la defensa consultadas por Europa Sur, los jueces sí han aceptado una cuestión previa que implica que “el hecho número 10” -en concreto, uno de los alijos descritos en el escrito de acusación de la Fiscalía- queda fuera del procedimiento. Ello implica que todos los acusados que estuvieron implicados en ese alijo queden absueltos, salvo que se les pueda relacionar con algún otro hecho de los enjuiciados.

La vista oral se prolongará hasta la semana que viene con la comparecencia en los sucesivos días de los agentes que participaron en la investigación, en calidad de testigos, y de 22 de los acusados, dado que cuatro de ellos se encuentran en paradero desconocido con órdenes de busca y captura tras no haberse presentado a la vista. Tampoco está presente el Messi del hachís, Abdellah El Haj, fugado desde 2019.

Como adelantó esta redacción, el tribunal que preside la magistrada Nieves Marina juzga a todos los acusados por tráfico de drogas y, en el caso de cinco de ellos, también por el delito de posesión ilegal de armas de fuego.

345 años de cárcel

El conjunto de las penas solicitadas para los 26 acusados suman 345 años de prisión, en tanto que el conjunto de las multas ascienden a 1.040 millones de euros.

Durante la vista se están exponiendo las actividades de una supuesta organización criminal que, bajo la supuesta dirección de Abdellah El Haj y entre febrero de 2016 y enero de 2107, alijó hachís en diferentes puntos de la comarca del Campo de Gibraltar.

El escrito de acusación, suscrito por la fiscal delegada Antidroga de Algeciras, Macarena Arroyo, detalla a partir de las investigaciones del Grupo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría General de Policía el modus operandi de una jerarquizada red delicuencial encabezada por el Messi. Su conclusión es que de él dependía todo el grupo de personas que se encargaron de realizar los alijos y de ocultar la droga cuando el hachís llegaba a las costas españolas.

“En la cabeza de la escala jerárquica se encuentra el acusado Abdellah Ell Haj Sadek el Membri -alias Messi- (en situación de rebeldía desde 5 de abril de 2019). Esta persona es el jefe de toda la logística antes descrita, que ejercía el mando principal dentro de la organización. Entre las funciones como líder, se encargó de negociar con los proveedores, con las personas que transportaban la sustancia, de buscar los lugares que se usaron como almacén o guardería, así como de pagar a los miembros de la organización por las actuaciones que van desarrollando", indica Arroyo en su escrito.

La cúpula de la red

La mano derecha de Abdellah El Haj en este entramado era, siempre según el relato de la Fiscalía, Mohamed A. y en el mismo nivel de responsabilidad (aunque con este último ejerciendo como primus inter pares) se situarían otros cuatro individuos: Marouan B., Abdellilah B., Mohamed S. B. y Mohamed B, cada uno con funciones bien determinadas.

A las órdenes de esta cúpula criminal quedaban dos grupos de personas, dedicados, respectivamente, a coordinar las descargas de los alijos de hachís y al transporte de la droga hacia las guarderías en las que la ocultaban a la espera de poder distribuirla.

Las armas: AK-47, fusiles y pistolas

También aparecen como encausados varios individuos encargados de la custodia de dichos almacenes de droga, para lo que empleaban “armas de guerra” (como un AK-47 y varios fusiles similares, además de pistolas semiautomáticas), todas ellas incautadas.

De los acusados, ocho tienen nacionalidad española, catorce son ciudadanos marroquíes con NIE de residencia en España, dos poseen pasaportes de otros países y dos más figuran como indocumentados.

La Fiscalía detalla de forma pormenorizada en su relato de los hechos las fechas en las que se llevaron a cabo los alijos, las múltiples intervenciones telefónicas practicadas en los teléfonos móviles de los acusados y de Messi, los registros efectuados en diferentes inmuebles (incluida la desaparecida tetería Shisha, en el paseo marítimo de Getares, en Algeciras, objeto también de registros posteriores) y otros datos que, a su juicio, demuestran sin menor duda la participación de los acusados en los hechos que se les atribuyen.

Las penas solicitadas

Las peticiones de condena para los 26 acusados se establecen por parte de la Fiscalía Antidroga en función del grado de responsabilidad de cada miembro de la organización. No obstante, en cuanto a las multas, se pide para todos ellos la misma cantidad: 40 millones de euros por cabeza, cifra establecida en función del peso de la droga decomisada.

Por 26 delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), la fiscal Arroyo solicita para los cinco principales acusados 15 años de prisión; para cuatro, la pena es de 10 años de prisión y para los 17 restantes se rebaja a 5 años de encarcelamiento.

En el caso de los delitos por depósito de armas de guerra y otras, la petición del ministerio público es de 10 años de cárcel para los cinco principales acusados, en tanto que para los 21 restantes se reduce a 5 años de reclusión.

Lesiones y atentado a la autoridad

Las peticiones de condenas se amplían en cinco años de reclusión para uno de los acusados, a quien la Fiscalía la atribuye delitos de lesiones y atentado a la autoridad como consecuencia de las heridas causadas a cuatro agentes tras embestir con un todoterreno a un vehículo policial.

La suma de las indemnizaciones para los cuatro agentes es de 43.500 euros, más una multa de 100 euros al día durante tres meses y el pago de 4.500 euros por los daños ocasionados al vehículo policial.

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