¿Qué le espera al Campo de Gibraltar si la UE y Reino Unido no acuerdan un tratado sobre el Peñón tras el Brexit?

El 23 de junio del 2016 se celebró en Reino Unido y Gibraltar el referéndum para decidir la salida o no de la Unión Europea (UE). Aunque los gibraltareños dijeron en masa que querían quedarse, se vieron arrastrados a lo contrario por el voto británico. El caso es que la confirmación de que la retirada salía a delante desplomó aquel día la libra un 17%. Los trabajadores españoles en Gibraltar cobran los viernes. Es decir, al día siguiente de la consulta, 11.000 personas residentes en La Línea percibieron sólo el 83% de su salario. El Brexit les había bajado el sueldo. La anécdota ilustra a la perfección la afección directa que tiene lo que sucede en un lado de la Verja en lo que ocurre al otro. Y viceversa. Aquel "si Gibraltar estornuda, La Línea se resfría" del que el alcalde linense, Juan Franco, advirtió hace ya ocho años.

¿Qué pasaría entonces si la Comisión Europea y Reino Unido no lograran alcanzar un acuerdo sobre la Roca? ¿Qué ocurriría entre La Línea y Gibraltar sin un tratado? La inmediata y directa repercusión en el bolsillo de una sexta parte de la población linense que tuvo aquel referéndum da algunas pistas sobre el golpe económico que sería para la ciudad. Y, por extensión, para el resto de la Bahía de Algeciras. Comprender el impacto de un Gibrexit duro ayuda a entender la importancia de que no se produzca. Sobre todo tras conocerse que las administraciones españolas no han elaborado en este tiempo un plan alternativo por si fracasan las negociaciones. Tener una colonia pegada al Campo de Gibraltar genera una grave distorsión en materia económica, social y fiscal que se incrementaría sin un tratado.  

Controles Schengen

La primera consecuencia de la falta de un acuerdo sobre Gibraltar sería la implantación de los controles Schengen en la Verja. España los mantiene suspendidos como muestra de buena voluntad entre tanto siga la negociación. Incluso si se demora mucho más podrían activarse, puesto que en algún momento entrará en funcionamiento el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES), el registro automatizado de viajeros de corta duración del bloque comunitario. Su entrada en vigor estaba prevista para el 10 de noviembre, pero ha sido atrasado sine die porque había países que no estaban preparados y no existía la certeza de que el sistema informático soportara el aluvión de información. Cuando se active, a los gibraltareños se les aplicarán los requisitos generales del Código de Fronteras para los ciudadanos no pertenecientes a la UE. Esto es, estar en posesión de un pasaporte válido con una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen y que haya sido expedido en los 10 años anteriores; poder justificar el propósito y las condiciones de la estancia prevista en el espacio Schengen y disponer de medios de subsistencia suficientes, tanto para la duración de la estancia prevista como para regresar a Gibraltar; no haber estado en el espacio Schengen durante más de 90 días en cualquier período de 180 días (seis meses) y en el futuro, estar en posesión de una preautorización ETIAS. El nuevo sistema informático automatizado escaneará los pasaportes y proporcionará datos biométricos -huellas dactilares e imágenes faciales- y mantendrá un registro electrónico de los nombres de los viajeros y las fechas y lugares de entrada y salida. Gibraltar aplicaría el principio de reciprocidad, de forma que realizaría sus controles a los europeos. La cuestión es que la agilidad del paso estaría en entredicho.

Cualquier gobierno, español o gibraltareño, tendría la potestad de taponar la Verja en cualquier momento y en aras de cualquier interés político. De ahí el temor a "otro 1969" expresado por el alcalde de La Línea este mes de octubre. El cierre de la Verja, el 9 de junio de aquel año, dejó sin empleo a 5.057 trabajadores españoles en el Peñón (en los años anteriores había habido 14.000), supuso un durísimo golpe para el Campo de Gibraltar y alimentó los sentimientos antiespañoles en la colonia, aislada durante al menos 13 años de su entorno, sin comunicaciones terrestres, marítimas ni telefónicas. La Línea sufrió "un desplome brutal demográfico", pues casi la mitad de su población tuvo que irse de la ciudad en busca de un nuevo trabajo. La ciudad entró en una grave depresión económica de la que aún no se ha recuperado.

El Acuerdo de Retirada protege los derechos de todos aquellos trabajadores fronterizos que tenían un contrato de trabajo en vigor o eran autónomos en Gibraltar a 31 de diciembre de 2020, así como los que habían trabajado en la Roca y estaban inscritos como demandantes de empleo, los que estaban de baja por enfermedad, o con permiso de maternidad o realizando una Formación Profesional en España en ese momento. El resto está sujeto a que se alcance un acuerdo o no.

Otro problema al que se enfrentan son las pensiones. Un español que cobra 1.050 euros, por ejemplo, trabajando en un bar de Gibraltar, apenas le quedarán 200 cuando se jubile. "Las pensiones de Gibraltar suelen ser muy pobres para los no residentes y tiene que haberse cotizado un número de años mínimos, algo que muchos trabajadores no cumplen", explica la asociación de trabajadores españoles en el peñón, Ascteg. El alcalde de La Línea, Juan Franco, puso este verano un ejemplo: "¿Qué va a pasar dentro de 20 años?", se preguntó, "si todo sigue igual, nos encontraremos con 11.000 personas jubiladas y cobrando 400 o 500 euros. ¿Qué va a ocurrir? Que no se van a poder tomar ni un café porque el dinero será para llenar la nevera y en La Línea sufriremos un colapso en los servicios sociales", dijo.

Empresas y servicios

Según la media que calcula el Ayuntamiento de La Línea, un tercio de la facturación de las empresas del municipio depende de clientes gibraltareños. Si no hay acuerdo, todas ellas temen pérdidas inasumibles. Tanto los profesionales que entran en el Peñón a hacer trabajos puntuales o habituales (carpinteros, pintores, fontaneros...) como aquellos que reciben a los gibraltareños en comercios, bares y restaurantes perderían una importante clientela y con ello sufrirían una caída de los ingresos.

El Grupo Transfronterizo, integrado por empresas y sindicatos de los dos lados de la Verja, teme además el impacto que tendría en la llegada de turistas a la Roca. "La fluidez en el paso fronterizo es prioritaria y trascendental para la economía de ambos lados, un no acuerdo tendría unas consecuencias nefastas, pues considerar a Gibraltar como un país tercero a Unión Europea, que no goce de los privilegios que otorga pertenecer al Espacio Schengen tendría un efecto devastador en el turismo, pilar básico en la economía gibraltareña y la cual genera empleo para miles de trabajadores transfronterizos, por no hablar de los gibraltareños que realizan sus compras diarias en el mercado, comercio y en la hostelería", subraya Lorenzo Pérez, portavoz del colectivo, que calcula que el consumo caería en La Línea en torno a un 30%.

Mercado inmobiliario y movilidad

Mención aparte merece el mercado inmobiliario. Sin un acuerdo, el alquiler en la ciudad caería en torno al 45%, según estima el Grupo Transfronterizo. También afectaría al mercado inmobiliario más lujoso de la vecina urbanización de Sotogrande, donde las familias gibraltareñas de mayor poder adquisitivo disfrutan de sus grandes chalets. En el año, 2012, el técnico de Administración Local Francisco Martín, elaboró un estudio sobre las evasiones fiscales de los gibraltareños con casa en España que fue publicado en medios especializados en temas fiscales, referidos especialmente a los impuestos municipales. Según dicho estudio, el 70% de los gibraltareños eran dueños de inmuebles en España, la mayoría de viviendas situados en urbanizaciones de La Línea y San Roque. “No pagan impuestos de vehículos puesto que sus coches, en número aproximado de 10.000, como algo asiduo y cotidiano, llevan matrícula gibraltareña pero circulan por las calles de La Línea y el Campo de Gibraltar, y no pagan impuestos municipales en la adquisición de sus casas como el de Plus Valía puesto que lo que arguyen es que no compran la casa, sino la sociedad que es dueña de la vivienda”, decía el informe.

Pero si se llega tratado, es de suponer que se produciría el efecto contrario y más gibraltareños se lanzarían a comprar o alquilar inmuebles en el Campo de Gibraltar, lo que podría ocasionar un aumento del precio de los alquileres inasumible para municipios como el linense.

También habría que encajar el problema de movilidad que supondría la desaparición del paso fronterizo sobre todo para La Línea. Lo explica Juan Franco: "Hay 32.000 personas viviendo al otro lado de la Verja, y si se elimina podrán pasar a nuestro término municipal sin ningún problema. Y nos podríamos encontrar con que de un día para otro entre 10.000 y 15.000 vehículos estén circulando también por nuestras calles. Eso puede suponer un problema de movilidad que evidentemente nos afectaría en el día a día".

Seguridad

Si no se alcance un acuerdo sobre Gibraltar, todos los problemas de seguridad que persisten desde hace años en torno a la Verja se multiplicarían. "Hay un diferencial todavía más o menos relevante en los precios del tabaco y nos podemos encontrar que si vamos allí podemos comprarlo, traerlo para acá y entonces surgirían problemas que ya hemos encontrado en otras ocasiones relacionados con el contrabando que se acaben multiplicando de una forma exponencial", advierte el alcalde linense.

La consecuencia de la falta de un tratado se explica con una pregunta: ¿qué ocurriría si un delincuente perseguido por la Policía Nacional o la Royal Gibraltar Police lograra pasar al otro lado sin ser detenido? Sin colaboración, el delincuente habría huido. El Acuerdo de Schengen establece varias figuras como la asistencia policial, la vigilancia fronteriza, la persecución en caliente y las entregas vigiladas que serían muy complejas de aplicar en la Verja de Gibraltar, por no decir imposibles.

Para cerrar un acuerdo sobre cooperación policial y seguridad es fundamental que el control de personas y mercancías -la puerta entre el Espacio Schengen y Gibraltar- se sitúe en el puerto y en el aeropuerto, lo que obliga a una entente que garantice unas reglas equitativas de competencia (level playing field) en ambos territorios. Es decir, Gibraltar tiene que acogerse a los estándares de la Unión Europea en materias como las ayudas de estado, empleo, medio ambiente, en materia fiscal o la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación terrorista. Además, debería asegurar que el Puerto de Gibraltar compite justamente con otros europeos, en particular el de Algeciras, incluyendo, entre otros, los servicios de bunkering. 

La UE demanda que Gibraltar aplique disposiciones relevantes de la legislación europea en materia de bienes como el código aduanero, la relacionada con impuestos (incluido el IVA), la de cooperación administrativa o aquella relativa a los estándares exigidos a los productos en el Mercado Único. También es necesario introducir disposiciones relativas al intercambio de información para prevenir el tráfico de drogas, el contrabando y el fraude fiscal.

La CE plantea que se asegure la aplicación en Gibraltar de un sistema impositivo alineado con el español, de manera que se minimice el diferencial de precio, especialmente “para el alcohol, combustibles y productos del tabaco”, con el objetivo de prevenir la desviación del comercio y el contrabando.

Medio ambiente

La falta de colaboración medioambiental si no se alcanza un tratado también tendría consecuencias preocupantes para el Campo de Gibraltar y para el Peñón. Fundamentalmente, porque dejaría la situación tal cual y los vertidos, los accidentes marítimos y la protección del ecosistema marino no entiende de fronteras, aunque es la histórica disputa sobre la soberanía de las aguas el principal lastre de un entendimiento en este sentido.

El efecto negativo de la superposición de espacios protegidos en torno a Gibraltar, como son los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), quedaría en el alero. En ellos se prevé la adopción de medidas de conservación que incluyen, entre otras, la regulación de la actividad pesquera, la navegación, la evaluación del impacto ambiental de los proyectos con efectos transfronterizos que pudieran derivar de la práctica de los rellenos (de conformidad con la Directiva de Evaluación del Impacto Ambiental) y la prevención de la contaminación, el bunkering o la investigación científica.

Casos como el del OS 35, el buque granelero que colisionó en agosto de 2022 con un barco gasero en la Bahía de Algeciras y provocó vertidos que afectaron al litoral de Algeciras y La Línea, tendrían difícil resolución.

Sociedad

Jesús Verdú, profesor titular del departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la Universidad de Cádiz, considera que una de las peores consecuencias del Brexit duro que originaría una falta de acuerdo hay que encontrarla en las relaciones humanas entre los ciudadanos del Campo de Gibraltar y del Peñón por "la atmósfera política que tiende a la polarización y al distanciamiento". "Hay que tratar temas muy sensibles, como por ejemplo los terrenos ganados al mar que necesitan una cierta normalidad en las relaciones transfronterizas, y en un no acuerdo a lo mejor puede distanciar a las partes y tensionar como en otras épocas. Generaría, cree, constantes "controversias" que podrían "exacerbar los problemas existentes".

Verdú quita hierro a la situación de los trabajadores transfronterizos. "En mi opinión un no acuerdo no conduciría a un escenario radical, es cierto que se mantendría la frontera y, por lo tanto, los controles fronterizos y sería necesario un periodo de adaptación, pero no es la única frontera europea con un espacio fuera de Schengen y al final, se produce una cierta normalización en el paso de personas y de mercancías".

"No me gustan los escenarios catastróficos sobre el no acuerdo, pero yo sí incidiría en la situación de falta de existencia de un plan B, es decir, no hay un marco normalizado de tratamiento de los problemas transfronterizos y como no se ha negociado ni previsto nada más que la alternativa de un tratado, si no hay ese acuerdo no habría por ahora un marco para tratar las distintas cuestiones transfronterizas. Por ejemplo, en la cooperación en materia medioambiental, en la represión de tráficos ilícitos, en la cooperación policial, la represión del contrabando y los problemas relativos a los trabajadores, cuyos derechos, por otra parte, están garantizados en el tratado de salida", subraya el profesor, que entiende que "sí habría un conjunto de problemas de día a día en relación con estos trabajadores que necesitaría un marco normalizado para las relaciones transfronterizas".