5.000 viviendas pendientes de la Junta

El Campo de Gibraltar ha acogido con cierta cautela el Decreto ley de Regularización de Viviendas que trata de sacar adelante en estas semanas la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. La Administración autonómica calcula que en todo el territorio hay 327.583 viviendas ilegales, de las cuales algo más de 5.300 tienen sus cimientos (y sus paredes y techos) en el Campo de Gibraltar.

La consejera Marifrán Carazo señaló que el decreto cuenta con tres puntos enfocados de manera muy práctica a acabar con un problema que suma décadas de antigüedad. Un conflicto que surge cuando alguien construye una casa sin que medie documentación ni proceso legal alguno e, inmediatamente, esa vivienda se convierte en una fuente de problemas. Ni tiene saneamiento, ni acerado o asfaltado allá donde se ubica, con abastecimiento de luz o agua irregulares... Un caos.

En el decreto se amplía, en primer lugar, la declaración de AFO (Asimilado Fuera de Ordenación). La tardanza a la hora de iniciar los expedientes e interponer las denuncias hace que el delito que es construir una casa ilegalmente prescriba con más frecuencia de lo deseable. La persona que comete el hecho queda libre de responsabilidad y, la edificación, en pie. Y no podía inscribirse en Registro de la Propiedad alguno.

Ahora, con el nuevo decreto, sí podrá hacerse: "La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento".

En los otros dos puntos se habilita a los ayuntamientos, por una parte, a impulsar planes especiales y parciales rápidos para dotar de infraestructuras a esas viviendas irregulares, que en la mayoría de los casos están agrupadas. Ya no hay que esperar la tramitación de todo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con todo el tiempo que ello conlleva. Y, en tercera instancia, "la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable".

La Junta ha insistido en que no todo es regularizable. De esta manera, continuará la dinámica de demolición allá donde la Justicia lo considere. Aunque sea de forma lenta pero inexorable al fin y al cabo. Entran en este apartado, por ejemplo, aquellas que vulneran la legislación ambiental (estén o no en espacios protegidos) o las que se asienten en un suelo protegido por una u otra razón. El decreto es flexible, pero no todo vale.

Muchos ayuntamientos están aún estudiando el decreto y no tienen una respuesta clara a este planteamiento nuevo. Son los casos de Algeciras y San Martín del Tesorillo. El concejal de Urbanismo de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, aclara que en su municipio se regularizaron entre 14 y 15 casas en un anterior proceso de este tipo por parte de la Junta de Andalucía: "Entre el 80 y 90% de nuestra problemática está en el Albarracín y ahí es donde más han podido legalizarse y, además, hay otras que estaban en trámites antes de surgir este decreto".

Ordóñez apunta que, en El Chorro, zona pegada al casco urbano, hay más viviendas susceptibles de regularizarse pero la situación habrá de estudiarse como ocurre en algunos casos que se dan en el Valle del Guadiaro.

En Tarifa pueden existir entre 500 y 600 edificaciones sin legalizar. La característica fundamental aquí, dada la extensión de su término y el atractivo de su litoral, es la dispersión. Las hay tanto en El Bujeo, Tahivilla, La Peña o Bolonia. Este último núcleo sirve de perfecto ejemplo explicar la situación: en él hay casas irregulares en suelo urbano a las que se puede dotar de acomodo legal según el nuevo decreto. Y hay viviendas que están en suelo no urbanizable que también será posible o no hacerlas legales dependiendo de sus condiciones. Hay ilegalidades prescritas pero, ni cuando se construyeron ni ahora, cumplen con los exigibles preceptos de seguridad y salubridad y no hay nada que hacer.

La principal bolsa de viviendas pendientes de regularización en La Línea se encuentra en el Zabal, donde se estima que hay unas 1.500 unidades. "En cuanto a la influencia del nuevo decreto 3 / 2019 se refiere a casas situadas fuera de ordenación en suelos urbanos consolidados y no consolidados así como en suelos urbanizables. Nuestra principal preocupación, las viviendas de El Zabal, se encuentran en suelo especialmente protegido por lo que en principio y a falta de un mayor análisis, no podrían ser declarados como asimiladas fuera de ordenación", reflexionó en principio el concejal Daniel Martínez a falta de ahondar en el análisis del decreto.

Cada municipio se enfrenta a su propia casuística. El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera estima que puede haber en su extenso término unas 650 viviendas sobre las que planea la duda de si son legales o no. La inmensa mayoría están en diseminados repartidos por un terreno eminentemente rural y, casi siempre, en los terrenos más próximos a los ríos Hozgarganta y Guadiaro. Este Consistorio confía en que al menos la mitad de las que no sean legales puedan regularizarse ahora.

El concejal de Urbanismo de Los Barrios, David Gil, asegura que también el Consistorio de su localidad estudia un decreto que puede tener una incidencia positiva en la zona de Cerro Marcelo, donde existe esta problemática en la Villa una vez afrontada, hace tiempo y con resultado dispar, la de Benharás.

Castellar de la Frontera prepara hace tiempo un plan especial para las viviendas irregulares que hay tanto en el castillo-fortaleza como en su entorno más inmediato. Quizá este plan pueda beneficiarse del nuevo decreto, acogido en el conjunto de la comarca con la misma mezcla de sensaciones de frialdad que ante una música que se repite periódicamente.