La nueva dirección de La Almoraima hará un plan estratégico para la finca

Castellar

El gerente del latifundio, Florencio Alonso, aboga por el consenso para desarrollar los terrenos

La campaña del corcho de este año, superior a la de 2018

Uno de los accesos a La Almoraima, en Castellar. / E. Fenoy
Redacción

17 de enero 2019 - 19:01

Castellar/Los nuevos responsables de la gestión de la finca pública estatal La Almoraima abogan por la elaboración de un plan estratégico para "sacar lo mejor de la finca" ubicada en Castellar de la Frontera que permita generar riqueza y empleo en su zona de influencia.

José Medina, Florencio Alonso y Salvador de la Encina.

El gerente del latifundio, Florencio Alonso, quien asumió el cargo el pasado diciembre, transmitió este jueves al coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, José Medina, y al diputado socialista Salvador de la Encina las pautas que prevé implantar para potenciar la riqueza medioambiental de la finca, enclavada en el parque natural de Los Alcornocales.

"Antes de iniciar cualquier gestión tenemos que tener los objetivos claros y esas metas se plantearán en base al rigor económico para ayudar a la reactivación de una zona tan castigada como es el Campo de Gibraltar", comentó Medina. La Almoraima "debe crecer" en colaboración con todas las entidades y colectivos sociales implicados porque es la manera de revertir en la sociedad los beneficios que genera, sostuvo Alonso.

Las principales áreas de trabajo en las que se ha centrado la nueva dirección son la continuación para el próximo año de las tareas de limpieza de leña y "curruca" en el monte. Esto permitirá seguir con las labores de repoblación en los próximos meses, para lo que se podrían crear entre 25 y 40 puestos de trabajo.

La extracción del corcho es una de las principales actividades económicas de La Almoraima y en la próxima campaña, que comenzará en los próximos meses, se prevé una producción que será entre tres o cuatro veces superior a la del año anterior.

Esta finca tiene 14.113,1 hectáreas y fue expropiada al grupo de José María Ruiz-Mateos en 1983 por el primer Gobierno socialista de Felipe González.

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