Los moriscos de Castellar

Castellar/En la Navidad de 1568, durante el reinado de Felipe II, se produjo la rebelión de los moriscos del reino de Granada, que se inició entre los numerosos mudéjares que residían en los pueblos de las Alpujarras, conflicto que se alargaría durante algo más de dos años. Una de las causas que motivaron el alzamiento fue la prohibición de usar cualquier distintivo o costumbre que los identificara, como el empleo de su lengua (la aljamía), sus vestiduras, los baños, las ceremonias de culto, los ritos y los bailes que le eran propios, como la zambra. Las tropas, mandadas por don Juan de Austria entraron a saco en las poblaciones alzadas logrando someterlas y acabar con la insurrección a principios del mes de marzo del año 1571.

Tras la campaña de sometimiento, Felipe II, temiendo que se reprodujera el levantamiento y los moriscos actuaran como una quinta columna de los turcos y berberiscos que amenazaban las costas españolas, les obligó a abandonar el reino de Granada y dispersarse por otras regiones de España. Es probable que la población morisca que se documenta en Castellar de la Frontera en el año 1612 se estableciera en las tierras de los Saavedra en 1571, aceptando el Conde en sus dominios a esos nuevos vasallos en compensación por los numerosos privilegios y derechos que había recibido de la Corona.

Sin embargo, en el año 1612 y ante la definitiva orden del rey Felipe III para que fueran expulsados todos los moriscos de los reinos españoles en 1609, el conde de Castellar, don Gaspar Juan de Saavedra, intercedió ante el monarca para que “no fueran expulsados los moriscos que habitaban y labraban en su Estado de Castellar”, alegando el daño que le ocasionaría la pérdida de tales vasallos, como se recoge en una carta enviada al rey que se conserva en el Archivo Ducal de Medinaceli.

De la carta mandada por el Conde al monarca (que sabemos que no fue la única que dirigieron otros nobles afectados por el decreto de expulsión al rey en defensa de sus vasallos moriscos) se desprende que la medida regia perjudicaba seriamente los intereses económicos del señor de Castellar al privarle de una parte de sus vecinos -excelentes labradores y artesanos-, en los que se asentaba la prosperidad de la Casa Condal y que debían residir en las alquerías que se hallaban dispersas, entre otras, en las dehesas de la Almoraima, el Olivar, Cotilla, el Coso de la Villa y Mahazarambús. Este documento nos permite saber, por otra parte, que un sector del vecindario de Castellar, en el año citado, estaba formado por antiguos mudéjares que, bien pudieron llegar tras la promulgación del decreto de dispersión de 1571, o ya se hallaban habitando las alquería del término cuando don Juan de Saavedra comenzó a repoblar su señorío a partir del año 1445.

No obstante, lo más probable es que la mayor parte de los moriscos que residían en Castellar de la Frontera a principios del siglo XVII, mencionados en las cartas citadas, fueran familias que llegaron al señorío de los Saavedra cuando se vieron obligadas a abandonar Granada tras la rebelión general de 1568. Según un documento conservado en el Archivo General de Simancas y publicado por Henri Lapeyre, en 1581 moraban en las poblaciones de Bedmar (Jaén), Puerto Real y Castellar 390 moriscos.

Sin embargo, a pesar de la petición del Conde de Castellar para que no fueran expulsados sus vasallos moriscos, el rey Felipe III se negó a acceder a su petición “por haber sido general la expulsión”, leemos en la carta real de respuesta que se conserva en la Sección Castellar del Archivo Ducal de Medinaceli.

No obstante, teniendo en cuenta otros ejemplos, bien documentados, de otras localidades de Andalucía, es muy probable que los moriscos residentes en Castellar nunca abandonaran la villa de los Saavedra establecidos en las agrestes alquerías del término con la colaboración y la complicidad de su señor el Conde. A principios del año 1610 se sabe que embarcaron 77 moriscos de la zona en el puerto de Gibraltar en el navío La Concepción para ser expulsados y llevados a Ceuta y, de allí, a Tetuán. Estos moriscos procedían de Bornos y de Jimena de la Frontera, pero ninguno de Castellar, según el citado documento conservado en el Archivo General de Simancas.

Lo cierto es que, por otro documento, fechado cuarenta años antes, conservado en el Archivo Ducal de Medinaceli, el 19 de noviembre de 1569 el conde de Castellar se había negado en un primer momento a enviar los veinte jinetes que le solicitaba don Juan de Austria como ayuda para sofocar la rebelión de los moriscos de las Alpujarras “alzados en armas”. En el citado documento leemos también que el 12 de diciembre del mismo año el caudillo de las tropas castellanas remitió otra carta instando al Conde, por segunda vez, a que le enviase los veinte jinetes, “amenazándole con dar cuenta al rey Felipe II si no lo hacía en breve plazo”.

Es muy posible que esta actitud de no colaboración con las fuerzas represivas de don Juan de Austria estuviera relacionada con el hecho de que los moriscos establecidos en las tierras de Castellar se habían negado a participar en la rebelión organizada en las Alpujarras en 1568 por Aben Humeya y en la desafección del Conde de Castellar con las actitudes represivas acometidas por el rey y su hermanastro contra la población morisca en general, de las que el Conde quería dejar al margen a sus moriscos que no la habían secundado. Otra de las noticias que tenemos en relación con los moriscos establecidos en Castellar procede de Murcia, donde en el año 1573 se asentaron algunos de ellos emigrados del reino de Granada después de la victoria de don Juan de Austria, entre los cuales aparece uno que procedía de la Almoraima.

El asunto de los moriscos se venía enconando desde los días de la toma de Granada por los Reyes Católicos y la política de asimilación y cristianización acometida por el Cardenal Cisneros y la ocupación de tierras de los mudéjares por repobladores cristianos contraria a las Capitulaciones otorgadas por los reyes, aunque no comenzó a plantearse de manera abierta hasta que, en las primeras décadas del siglo XV, se comprobó la dificultad que existía para la integración de los musulmanes vencidos en el seno de la nueva sociedad cristiana.

Ya en tiempos de la reina doña Juana se obligó a los moriscos a que abandonaran el uso de sus trajes y en 1526 se les prohibió utilizar la lengua árabe, circuncidar a sus hijos, cambiar de residencia, congregarse en sus casas fuera de las iglesias y se les señalaba con medias lunas de paño azul, del tamaño de media naranja, en el sombrero. Como última medida se les ordenaba abandonar España o la conversión.

Los moriscos pidieron un aplazamiento de la fecha de su partida, que, aunque no se concedió oficialmente, tampoco se puso en práctica la expulsión, sin duda ante la presión de los señores (como el señor de Castellar) que poseían vasallos moriscos y a cambio de pagar éstos una contribución de 90.000 ducados en seis años. Desde 1526 y hasta mediados de siglo se asiste a un período de relativa tranquilidad. Mas, las vejaciones que sufrían los antiguos musulmanes sometidos y obligados apostatar y las severas normativas que se fueron aplicando para prohibir su religión y sus usos y costumbres, provocaron el ya citado levantamiento en las Alpujarras en el año 1568 que mantuvo durante un bienio en pie de guerra las serranías de Ronda y de Granada.

Una vez finalizada la guerra con la aplastante victoria cristiana, el conde de Santisteban recibió órdenes del rey para que reuniera a todos los moriscos de la Andalucía Occidental en la villa de Castellar, según la documentación conservada en el Archivo Ducal de Medinaceli, aunque no sabemos con qué intención ni cuál era su procedencia. Es probable que la intención fuera reunirlos para enviarlos al cercano puerto de Gibraltar y embarcarlos con destino a la otra orilla. Sin embargo, no parece que los de la localidad castellarense fueran expulsados de la villa, de acuerdo con los documentos analizados con antelación y la defensa que el Conde hacía de sus moriscos para que permanecieran en sus tierras.

Finalmente, Felipe III, alentado por el duque de Lerma y el beato Juan de Ribera, firmó el decreto de expulsión en 1609. En los años siguientes salieron la mayor parte de los moriscos de España. Los pueblos de la serranía de Ronda sufrieron una importante merma de población, precisamente de aquellos que mejor conocían las técnicas y los usos de la agricultura de regadío y las labores de artesanía heredadas durante siglos. Solo de Andalucía fueron expulsados entre 30.000 y 35.000 moriscos, según los estudios realizados por el profesor Antonio Domínguez Ortiz. Si bien es cierto que en algunas villas de señorío quedaron numerosas familias que se habían plegado a las exigencias de la nueva sociedad cristiana o fueron ocultadas por los señores y que, otras, lograron retornar de incógnito a sus antiguos dominios señoriales.