Cerrado y sin vigilancia

La línea/El mayor depósito judicial de la comarca ha echado el cierre. Con más de 3.500 vehículos y unas 1.000 embarcaciones incautadas en operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, Grúas Sur Europa ya no recoge más vehículos implicados en las intervenciones que realizan la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera porque la administración competente, la Junta de Andalucía, no reconoce a esta empresa como depositaria judicial. Por el importante déficit que acumula por la gestión de este espacio, su propietario también ha retirado la seguridad del lugar, por lo que en la última semana se han producido cinco robos en las instalaciones.

El proceso para que la empresa pueda cobrar por guardar estos vehículos es complicado porque se deben cumplir cuatro requisitos. En este depósito, situado en el término municipal de San Roque, hay coches y embarcaciones intervenidos desde el año 2009 y su gerente, Miguel Gómez, asume que ya no va a poder cobrar los millones de euros que entiende que la Administración andaluza le debe.

Grúas Sur Europa comenzó a recoger vehículos relacionados con intervenciones contra el narcotráfico en 2009 "como un favor" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no tenían espacio en el que dejarlos. Inicialmente el depósito era un lugar para almacenar los vehículos de la grúa municipal de San Roque, pero por multas de tráfico habrá una treintena de coches, un porcentaje mínimo entre los más de 3.500.

El gerente del depósito asegura que ha mantenido reuniones al más alto nivel de la Junta de Andalucía. "La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, dice que no le consta que seamos un depósito judicial, pero puede venir aquí y ver todos los vehículos y lanchas que tenemos", afirma Gómez.

La Junta señala que el único depósito judicial público que existe en toda Andalucía es el de Bellavista (Sevilla), pero detalla que la Consejería de Justicia e Interior realiza algunas excepciones con depósitos privados en el Campo de Gibraltar porque el volumen de incautaciones en esta zona es más elevado que en otras y por el alto coste del traslado de los vehículos a Sevilla. La Administración tiene previsto volver a sacar a concurso en próximas fechas la gestión de un depósito público en la comarca, ya que la licitación quedó desierta el año pasado. En esta ocasión, el importe que recibirá el concesionario será mayor.

Para poder cobrar por estos servicios, los depositarios deben reclamar el pago a la Junta, pero consideran que las condiciones son leoninas porque la Administración solo se hace cargo de las facturas si adjuntan una copia del auto en el que se que acredite que la sentencia es firme o con detalle de la causa de sobreseimiento, siempre que los bienes hayan formado parte de un procedimiento penal y cuando no exista condena en costas.

El pago solo se hace efectivo en cuatro supuestos: absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración en rebeldía o insolvencia del condenado en costas. La delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz afirma que en todos los casos en los que se han cumplido estos requisitos, acreditados por los depositarios, se han abonado las facturas, por lo que sostiene que no tiene deudas con nadie.

El gerente de Grúas Sur Europa denuncia la complejidad de los trámites porque entiende que es imposible poder acceder a toda la documentación requerida desde el año 2009. Para intentar agilizar los trámites, Miguel Gómez mantuvo una reunión con los jueces de la comarca, que se comprometieron a intentar agilizar la documentación a partir de ahora, pero los magistrados le trasladaron que es prácticamente imposible poder buscar uno a uno los casos anteriores en los que están implicados los vehículos y barcos incautados.

Esta burocracia por una falta de coordinación (sobre todo burocrática) entre la Junta, los jueces y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha provocado la acumulación de bienes en depósitos como este. También hay dos factores a tener en cuenta. El primero es que no todos los procedimientos judiciales en los que se intervienen vehículos son penales, por lo que no todos los tiene que abonar la Junta. En fraudes a Hacienda, causas fiscales o civiles no se abonan los costes del depósito de los vehículos. "Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incauten vehículos y los lleven a depósitos no quiere decir que automáticamente la Junta tenga que pagar esa factura", indican desde la Administración andaluza.

El otro factor es el reseñado sobre la dificultad de los responsables de los depósitos para conseguir la documentación de los juzgados. Cuando llevan un vehículo en un depósito, los cuerpos y fuerzas de seguridad entregan un acta de depósito que también dejan en el juzgado que haya ordenado la investigación. Pero cuando deben pedir una copia del auto que acredite que la sentencia es firme, los depositarios no saben a quién acudir porque les es imposible saber qué juzgado la ha emitido y si en ese momento la sentencia es firme. "Un vehículo se puede intervenir en el curso de una investigación que lleva un juzgado de Instrucción, pero después puede ir por lo Penal, por la Audiencia Provincial o incluso hasta la Audiencia Nacional", explican fuentes judiciales.

Estas circunstancias han provocado la saturación del depósito de Grúas Sur Europa, donde las hileras de coches, motos y embarcaciones son interminables. También hay una avioneta y un autogiro, además de un enorme velero. Entre las lanchas, la mayoría con motores de 300 caballos, llaman la atención los enormes propulsores V8, del tamaño de una persona.

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que rodean al depósito, en lo que va de año ha sufrido más de una veintena de robos. Para acceder al lugar hay que pasar primero por un control situado a la entrada del polígono, que está gestionado por la Junta de Andalucía. Y después acceder a un perímetro vallado y cubierto por 50 cámaras. Aun así pueden verse que a muchos motores de las embarcaciones les faltan las cubiertas, ya que resulta complicado poder sacar del lugar una embarcación o un vehículo.

El empresario también se enfrenta al problema económico que le genera el desplazamiento de embarcaciones desde el mar hasta el depósito. Gómez cifra en unos 3.000 euros el coste de acudir al lugar al que se incauta la lancha y trasladarla hasta el lugar de guarda. En la mayoría de casos, señala el depositario, el propietario de la embarcación la puede sacar sin coste alguno, previa autorización del juez, tras alegar que él no tenía conocimiento de que la semineumática estaba navegando sin documentación.

El gerente de Grúas Sur Europa también asegura que la Administración se ha puesto en contacto con él para comunicarle que tiene previsto no prorrogarle el contrato de alquiler del espacio, enmarcado en la Red Logística de Andalucía. "No sé qué hacer con esta cantidad de vehículos porque sacarlos todos de aquí tendría un coste brutal. La solución es que reconozcan que esto es un depósito judicial o que destruyan coches y embarcaciones. Desde 2009 no se ha destruido nada", explica Gómez.