La Federación autonómica de golf se une al Consejo Andaluz del Agua
Golf
Los clubes del Campo de Gibraltar implantan medidas para provocar ahorro en el consumo
La Real Federación Andaluza de Golf -representada por su Presidente, Pablo Mansilla García y por Carlos Pitarch Little, Presidente del Comité Comercial de Campos- forman parte desde esta semana del Consejo Andaluz del Agua, órgano colegiado responsable de asesorar al Gobierno Andaluz en materia de recursos hídricos.
Los campos de golf son, con frecuencia, señalados por el uso que hacen de las reservas de agua. En el Campo de Gibraltar y muy especialmente en San Roque las entidades han demostrado siempre una gran sensibilidad por esta problemática y han buscado soluciones alternativas sin escatimar gastos.
La sesión constitutiva del Consejo Andaluz del Agua coincidía con el Día Mundial del Agua, una fecha señalada por la ONU, hace ya treinta años, para recordar la relevancia de este líquido vital, y para poner de manifiesto la necesidad de concienciar a la población acerca de la crisis mundial del agua.
Entre las funciones del que es el máximo órgano de información, consulta y asesoramiento del Gobierno Andaluz en materia de agua, destaca formular iniciativas y proponer cuantas medidas se consideren oportunas para la mejor gestión y aprovechamiento de los recursos.
Este Consejo permitirá al sector turístico poner de manifiesto la mayor rentabilidad que el consumo de agua tiene en el sector, en comparación con otros usos.
“Máximo exponente de esto es el sector del golf. Los campos destinados a la práctica de este deporte representan sólo el 0,3 por ciento de la superficie total de regadío andaluz y que el 80 por ciento de ese riego se realiza con aguas recicladas, convirtiendo a la industria del golf en sector pionero en la reutilización de estos recursos” recalca la Andaluza.
Entre los miembros que forman parte de este Consejo Andaluz del Agua se encuentran representantes de distintas consejerías de la Junta con competencias vinculadas a la gestión del agua; representantes de la Administración General del Estado (AGE) y de la administración local; así como representantes de organizaciones empresariales y sindicales, de asociaciones ecologistas y de las universidades andaluzas. A ellos, se suman representantes de los sectores agrarios, industriales y turísticos, entre otros.
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