Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
Sevilla/El consejo de administración de Abenewco 1, la filial del grupo Abengoa de la que cuelgan todos los activos y negocios, aprobó este martes en una larga y muy tensa sesión, aceptar la oferta de Terramar Capital LLC, para que ésta se haga con el 70% de su capital, siempre y cuando el Gobierno acuerde conceder la ayuda de 249 millones de euros solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que administra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Es la segunda vez que este consejo se pronuncia a favor del rescate financiero planetado en torno a la oferta del comisionista, y como en la primera, fue necesario el voto de calidad del presidente no ejecutivo de Abenewco 1, Juan Pablo López-Bravo Velasco, para que se aprobase la propuesta.
La aprobación contó también con la autorización del admiistrador concursal de Abenosa SA, EY Abogados, que está alineado con los directivos que defienden la opción Terramar.
Y como en noviembre pasado, se hizo necesario el voto de calidad porque los tres consejeros de la matriz, Abengoa SA, que también lo son de la filial Abenewco 1, se opusieron frontalmente a esta operación, que consideran perjudicial para el futuro de la compañía y para los accionistas que representan, entre ellos el Estado español, que es precisamente el que más acciones detenta individualmente –algo más del 3,5%–, a los que se les arrebataría su propiedad. Además, también se oponen porque al separar Abenewco 1 de Abengoa, esta empresa estratégica dejaría de ser española, ya que además del 70% que se quedaría Terramar el 30% restante pasaría a manos de varios fondos de inversión que detentan las deudas financieras del grupo –esencialmente el New Money 2 (NM2) y el Senior Old Money (SOM), KKR y Blue Mountain, entre otros.
Fuentes conocedoras de la operación, señalaron que el consejo estuvo en todo momento liderado por el director jurídico de la compañía, que no es consejero, Mario Pestaña Sartorius, mientras que López-Bravo se mantuvo la mayor parte del tiempo en silencio, hasta el momento de pronunciarse previamente a la votación y para dejar constancia que el empate a tres votos de cada parte se resolvía a favor de quienes apoyan a Terramar por su voto de calidad.
Tanto Pestaña como López Bravo tienen incluidos en sus contratos con la compañía, firmados mientras formaban parte del consejo de la matriz (el primero como secretario no consejero y el segundo como presidente ejecutivo, puestos que ocuparon hasta octubre pasado), cláusulas que les garantizan cuantiosos pagos si la operación de Terramar se ejecuta. En concreto, el contrato de prestación de servicios por el que Pestaña desempeña sus funciones como director jurídico prevé un pago de 300.000 euros si se produce la reestructuración financiera que acompaña a la oferta de Terramar.
Además de esos pagos, diversos asesores externos, firmas de consultoría y de abogadosl, también cobrarían comisiones de éxito que en total se acercan a los 30 millones de euros.
La oferta de Terramar aprobada por el consejo de Abenewco 1 con el voto de calidad de López-Bravo ha vuelto a ser modificada. Pese a la trascendencia de lo aprobado en un consejo que concluyó minutos antes de las nueve de la noche de este martes, al cierre de esta información, los acuerdos no fueron comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como corresponde a un grupo cotizado, aunque lo previsible es que esa información se traslade al regulador de los mercados en las próximas horas.
Como ya se puso de manifiesto en la última modificación de la oferta, en noviembre pasado, Terramar no pondrá ni un euro en el grupo Abengoa mientras el Gobierno no resuelva a favor de conceder el rescate solicitado a la SEPI.
Fuentes oficiales de la SEPI aseguraron a este periódico que la información sobre el expediente de las filiales de Abengoa que ahora son las solicitantes de la ayuda, una vez descartada Abenewco 1 por no ser elegible, es “confidencial” y que la operación sigue en estudio.
Diversos medios especializados en información económica y editados en Madrid llevan más de una semana publicando noticias que ponen en duda la concesión de la ayuda por diversas razones, Esas informaciones señalan que el expediente lleva retraso en su trámite, or un lado, y por otro, que los informes jurídico y financiero elaborados por los asesores externos contratados por la SEPI, PKF Attest y Grant Thornton, advierten de los altos riesgos que compota este rescate asociado a la oferta de Terramar, especialmente que no haya capacidad de devolución de los 249 millones de dinero público que se prestarían.
El futuro del grupo está a expensas de la SEPI, que debe decidir si acepta estos riesgos y permite que Abengoa pase a ser una empresa de propiedad extranjera, lo que resulta contradictorio con el objeto del fondo que es salvar empresas que son estratégicas para España, o por el contrario denegar esa ayuda.
Como informó este diario el pasado viernes, el consejo de Abengoa SA, que se opone a esta operación que acabaría con la españolidad del grupo y haría perder toda la inversión de los accionistas, ha tratado de reunirse con la SEPI para exponer alternativas al rescate ligado a Terramar y que estarían liderados con capital español, pero el ente público ha ignorado esas peticiones e incluso ha rechazado reunirse con los consejeros elegidos por los accionistas porque la matriz no es ninguna de las seis sociedades solicitantes, pese a que Abengoa SA es la dueña del 100% de todas ellas y también del 100% de Abenewco 1.
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