Kenia ordena a Ketraco pagar 33 millones de euros en 40 días a Inabensa, filial de Abengoa

Manifestación de trabajadores de Inabensa, filial de Abengoa, en 2016.
Manifestación de trabajadores de Inabensa, filial de Abengoa, en 2016.
Alberto Grimaldi

18 de febrero 2021 - 07:00

Sevilla/La crisis de liquidez que vive el grupo Abengoa se verá parcialmente aliviada en pocas semanas gracias a un fallo del Tribunal Supremo de Milimani (Kenia), que ordena a Ketraco, la compañía del transporte eléctrico del país, a pagar 4.400 millones de chelines kenianos (algo más de 33 millones de euros al cambio actual) a Instalaciones Inabensa, una de las filiales de la multinacional sevillana.

Ketraco había recurrido ante el División Comercial y Tributaria del tribunal de Milimani la ejecución de un laudo arbitral, dictado en julio de 2019, que ya reconocía el pago de esa cantidad al grupo Abengoa, a la que Ketraco acusó de incumplimiento de contrato.

Según ha publicado la prensa del país africano, la juez Maureen Odero confirmó la decisión del árbitro y falló que en el plazo de 40 días se abonase la citada cantidad.

“No encuentro evidencia de que el laudo publicado el 26 de agosto de 2019 contravenga la política pública”, afirmó la instancia judicial de Kenia, que añadió: “Por lo tanto me niego a anular el laudo arbitrario de julio de 2019”.

Inabensa se había adjudicado en 2013 una licitación pública para construir una subestación eléctrica de 1.200 megavatios y una línea de transporte de la energía de doble circuito de 420 kilovoltios, cuyo fin era interconectar las redes de Kenia con las de Uganda.

La línea de transmisión debía tener una longitud de 127 kilómetros para cubrir la distancia entre Lessos (Kenia) y Tororo (Uganda).

El laudo que concede el pago a Inabensa se produjo a instancia de la empresa del grupo Abengoa, que alegó que la obra cuya licitación había ganado se canceló en 2016.

Ketraco se amparaba en un incumplimiento de contrato, pero los informes encargados para emitir el laudo arbitral reconocieron que la licitación se canceló cuando la firma española ya había ejecutado el 40% del proyecto.

Como árbitro actuó la Institución de Ingenieros de Kenia, que revisó los argumentos y pruebas planteadas por cada parte y otorgó el pago de los 4.400 millones de chelines kenianos.

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