Convocan al sector público a una huelga el 2 de junio

Madrid/La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha convocado una huelga general en el sector público el próximo 2 de junio contra el recorte de los salarios anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo ha decidido el Consejo Federal de la FSP-UGT tras reunirse de forma urgente ante la "agresión sin precedentes" que supone el incumplimiento de un acuerdo en vigor que ya contemplaba un escenario de crisis.

La Federación del sindicato, que ha consensuado las convocatorias con la Federación de Trabajadores de Enseñanza (FETE) de UGT, propondrá a las demás fuerzas sindicales que se unan al paro. La FSP-UGT iniciará las movilizaciones el 20 de mayo con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, recogida de firmas de los comités de empresa, juntas de personal y delegados de personal. Además, han convocado una concentración de delegados sindicales en Madrid el día que comience la tramitación parlamentaria del decreto que recoge las reformas propuestas por el Gobierno.

Las movilizaciones concluirán con la propuesta de paro general el día 2 de junio, a la que están convocados todos los trabajadores públicos de los diferentes sectores del país, desde la sanidad a la enseñanza y comunidades autónomas, entre otros. FSP-UGT ha asegurado que realizará "cuantas movilizaciones sean necesarias" en consonancia con la evolución que tome la posible aplicación de las medidas para reducir el déficit. Desde CCOO, el secretario general de la nueva Federación de Servicios a la Ciudadanía, Enrique Fossoul, ya ha asegurado que los órganos de dirección del sindicato estudiarán un calendario de movilizaciones que podría culminar en una huelga general en el sector público.

Movilizaciones de CCOO y UGT

CCOO y UGT ya adelantaron que las movilizaciones contra las medidas de recorte del Gobierno están garantizadas y que "no se descarta ningún tipo de respuesta", dejando abierta a la convocatoria de una huelga general. Así lo manifestaron los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, horas antes de que los secretarios generales de ambas organizaciones, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se vean las caras con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en La Moncloa.

Ferrer aseguró que "la salida a la calle la pueden tener garantizada", para dar la idea de que las centrales sindicales están dispuestas a llevar a cabo acciones excepcionales tras las medidas anunciadas por Zapatero. Górriz mantuvo el tono al señalar que los sindicatos "estudiarán en cada momento la movilización pertinente" y "no descartan ninguna". "El escenario que se ha abierto es uno que genera cada vez más conflicto social", añadió. Más aún, el representante de CCOO avanzó que las federaciones sindicales de la función pública piensan plantear este jueves la puesta en marcha durante la próxima semana de "medidas" frente al incumplimiento del acuerdo de negociación colectiva en el ámbito de la administración.

Ambos representantes sindicales reiteraron su rechazo a los planes del Gobierno para reducir en 1,5 puntos adicionales el déficit durante los años 2010 y 2011, que incluyen una reducción del 5% de los salarios de los funcionarios, la eliminación del cheque-bebé y la congelación de las pensiones. "Hemos expresado ya nuestro rechazo de manera clara, porque son medidas injustas y claramente desequilibradas, así como un sometimiento al capital internacional", aseveró Ferrer antes de añadir que "van a ser trabajadores y pensionistas los que paguen (con estas medidas) la crisis financiera".

"Está claro que el Gobierno ha incumplido los compromisos para las administraciones públicas y el diálogo social y leyes como la de garantizar que las pensiones se revaloricen", añadió. En la misma línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO rechazó "total y rotundamente" las medidas por ser, a su juicio, "injustas" y porque "cargan sobre las rentas bajas y medias y los sectores más débiles". "No hay una posición a favor de una política fiscal que signifique más ingresos", lamentó.

Los funcionarios piden al Gobierno que elimine el 90% de los asesores de la Administración

Los representantes de los funcionarios reclamaron que el Gobierno elimine a "los miles de asesores" que tiene la Administración, que "no tienen ninguna responsabilidad y están elegidos a dedo", y que cuentan con "nóminas muy superiores" a las de los trabajadores del sector público. El secretario nacional de Formación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Miguel Borra, aseguró que las medidas anunciadas por el Gobierno son "muy graves" y van en una dirección "absolutamente equivocada". Según dijo, muchos funcionarios superan escasamente los 1.000 euros de salario mensual. "¿Dónde está el ahorro del resto de las administraciones?", se preguntó, Borra, que anunció movilizaciones que "con toda seguridad" acabarán en una convocatoria de huelga general.

Borra señaló que si lo que quiere el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es reducir o acabar con el déficit "tendría que haber mirado primero donde está auténticamente el derroche de las cuentas públicas", es decir, eliminar por ley el 90 por ciento de miles de asesores que tienen el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Borra denunció que estos asesores "no tienen ninguna responsabilidad y están elegidos a dedo por los dirigentes políticos de turno, con nóminas muy superiores a las que cobra cualquier empleado público". En esta línea, también planteó que el Ejecutivo podría haber prohibido por ley que los consejos de administración de las empresas públicas se repartieran los cargos políticos, su segundo o tercer sueldo o acabar con los gastos "suntuarios" que tienen muchas comunidades autónomas o ayuntamientos.

"En vez de eso Zapatero ha ido a lo más llamativo, a lo más fácil, que es reducir un 5 por ciento el sueldo a muchísima gente que está cobrando poco más de 1.000 euros sin valorar el trabajo que realizan los funcionarios públicos en la Sanidad, la Educación, la Justicia, la Policía, (...) tras varios años sufriendo recortes salariales y unos años de bonanza que en nuestro sector nunca se han visto", lamentó.

Borra insistió en que poner a los empleados públicos como "los malos de la película" es el recurso "más fácil" para "no meter la tijera donde realmente está el derroche presupuestario, no enfrentarse a la reforma laboral o no modernizar la Administración y mejorar así los servicios públicos", que en época de crisis "son más necesarios todavía". "Cuando muchos funcionarios superan escasamente los 1.000 euros para llegar a fin de mes que sean los empleados públicos los que tengan que asumir sólo en este año 3.500 millones de los 5.000 millones que se van a ahorrar, y en 2011, la mitad, 5.000 millones, de los 10.000 millones de euros previstos que irán también a costa del empleo público, ¿dónde está el ahorro del resto de las administraciones", se preguntó.