“Hace falta una gran reforma fiscal que acabe con los parches”

SEVILLA/Visitó ayer Andalucía como representante de una de las organizaciones que funda la Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía, Carlos Cruzado (Madrid, 1958), Técnico de Hacienda y Técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado y presidente del sindicato Gestha, analiza en esta entrevista la fiscalidad española y andaluza.

–¿Qué es la Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía?

–Es una plataforma integrada por numerosas organizaciones civiles y profesionales, sindicatos. Da continuidad a la que se creó hace dos años en el ámbito estatal. Su fin es advertir y pedir reformas para corregir la deriva del sistema fiscal español, por la pérdida de progresividad que se viene dando hace años, por la falta de suficiencia del mismo para atender los gastos del Estado y para luchar contra el fraude y la economía sumergida.

–¿Alguna de esas tres preocupaciones es mayor en Andalucía?

–Están interrelacionadas las tres. El fraude y la economía sumergida conllevan también el incumplimiento de los principios de igualdad y progresividad que deben inspirar el sistema. En Andalucía la cifra es más preocupante. La economía sumergida en España representa cerca del 25% del PIB y en Andalucía está en el 29%, sólo por detrás de Extremadura (31%). Pero también es preocupante la traslación a Andalucía de esa pérdida de progresividad del sistema, aunque es cierto que hay comunidades más regresivas en los impuestos cedidos, como Madrid. Aunque se ha retrocedido en el impuesto de sucesiones para herencias inferiores al millón de euros.

–¿No está el sistema tributario muy parcheado?¿No hay que repensarlo de arriba a abajo?

–Efectivamente, esto es lo que planteamos. Desde el inicio de la democracia el sistema ha sufrido múltiples parches y en ese sentido tiene muchos agujeros.El máximo de recaudación que hubo en 2007 aún no se ha recuperado una década después, aunque es cierto que ha mejorado las de la renta y el IVA. Pero en el de Sociedades, la recaudación sigue siendo del 50% respecto a la de ese momento. Esto ocurre en todos los países desarrollados.

–Pero no es especialmente alto.

–No, claro que no. Estamos recaudando algo menos que la media de la Unión Europea. El problema no es tanto los tipos, sino la cantidad que tienen las sociedades, sobre todo las muy grandes, para aplicar bonificaciones y reducciones, por no hablar de la práctica de imputar a otros territorios de la UE con baja o nula tributación los ingresos de otros países miembros. En definitiva, sí; hace falta una gran reforma del sistema.

–¿Y cuál debe ser su eje?

–En primer lugar, el sistema requeriría un gran pacto político y social. Y a partir de ahí ver la necesidad de recaudación existente y formular un sistema que cumpliera con los principios de igualdad y progresividad del artículo 31 de la Constitución.

–¿No cambiaría la correlación que hay ahora entre impuestos directos e indirectos?

–El IRPF es el único impuesto que está dando progresividad al sistema, dada la fuerza que han perdido los impuestos de patrimonio y sucesiones. Y aún así, desde que se decidió sacar a de la tarifa general los rendimientos del capital, pues también el IRPF ha perdido progresividad. La crisis también acentuó ese proceso de traslación de imposición directa a la indirecta. Según Eurostat, en 2007, la recaudación directa superaba en tres puntos a la indirecta, frente a 2015, al final de la crisis, en la que la indirecta supera en cinco puntos a la directa, excluyendo las cotizaciones sociales. La Airef también ha alertado de esa correlación. Si sigue esta tendencia, tendremos un sistema no sólo poco progresivo, sino proporcional, con la injusticia que eso supone.

–¿Las reformas del Gobierno, como subir a las rentas altas, van en la línea correcta?

–En relación con el impuesto de la renta, nosotros defendemos mirar hacia la reforma de 2012, en la que a partir de 60.000 euros estableció tres tramos y eso da más progresividad y menos injusticias. Ese sería el planteamiento, aumentar los tramos. Estas medidas podrían ser un primer paso para ir atajando el problema. Irán en la línea correcta en cuanto supongan una mayor progresividad.

–Pero gravar más el diésel no incidirá en ese principio, ¿no?

–Efectivamente. Es una medida que pide la UE, la OCDE y el FMI, pero según cómo se implemente va a afectar a clases medias o desfavorecidas que pueden tener coches diésel. Por eso, nosotros pedimos que se plantee medidas alternativas que incentiven reducir la contaminación, como el impuesto de matriculación en coches que mantengan ese combustible a partir de ahora.

–¿Pero no se plantean bajar impuestos indirectos?

–Puede hacerse, o bajar impuestos directos a clases más desfavorecidas, pero habrá que compensarlas con recaudar a economías que estén en mejor situación.