Fernando Faces
Perspectivas económicas: España 2025
San Roque/Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde socialista del municipio gaditano de San Roque, en el que Cepsa tiene uno de sus dos parques energéticos en Andalucía, ha respaldado la propuesta del Gobierno de España de mantener el 'impuestazo' a las empresas energéticas. Además, ha instado a la compañía a acatar esta decisión del Ejecutivo que considera necesaria, después de que decidiese postergar su inversión en las futuras plantas de hidrógeno verde en la localidad sanroqueña y Huelva.
Ruiz Boix ha señalado, a consultas de este periódico, que el régimen fiscal español es más bajo que la media europea y que muy pocas empresas del sector energético llegan al tipo impositivo marcado por ley del 25%, ya que la mayoría no alcanza el 10% al incorporarse deducciones y bonificaciones.
"Para cubrir lo primordial, que es la política de pensiones vinculada al IPC, los incrementos del salario mínimo interprofesional, para llegar a un récord de becas, a infraestructuras... es necesaria una cesta fiscal equilibrada", apunta también líder del PSOE de la provincia de Cádiz y diputado en el Congreso. "El Gobierno no va a dejar que empresas privadas, propiedad de fondos de inversión de otros países, marquen la política fiscal de España", ha manifestado Ruiz Boix sobre lo que considera "medidas de presión" sobre los grupos parlamentarios.
Cepsa alegó como uno de los motivos de su decisión de poner en espera sus inversiones en San Roque y Palos de la Frontera las pérdidas percibidas el pasado año después de impuestos. A este respecto, Ruiz Boix niega que las energéticas españolas hayan acabado con balances negativos y tilda de "espectaculares" los dividendos obtenidos, lo cual justificó, según sus palabras, la aparición del polémico impuesto a las energéticas, que prevé recaudar unos 3.000 millones de euros.
Según ha trasladado a este periódico, el alcalde de San Roque y diputado nacional mantendrá este martes una conversación telefónica con el director general de Cepsa, Maarten Wetselaar, para abordar la situación de unas inversiones de más de 3.000 millones de euros entre las dos plantas andaluzas, de las que Ruiz Boix asegura no dudar de que se llevarán a cabo: "Los fondos de inversión exigen una rentabilidad y entiendo que las decisiones de inversión, que son bastante sopesadas, no se van a ver alteradas por un compromiso de responsabilidad social que tiene el grupo Cepsa", apunta, en relación a los fondos propietarios de la compañía, Mubadala y Carlyle.
Con el punto que sí se ha mostrado crítico Juan Carlos Ruiz Boix es lo que ha denominado como 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas, referido a que empresas como la propia Cepsa tienen su actividad productiva en unas comunidades y pagan el impuesto de sociedades en otras. "Lo que hay que pedirle al Gobierno de España es que las empresas estén domiciliadas donde tengan la mayor parte de la producción", señala el diputado socialista, que destaca que esto hace que Madrid y Cataluña contabilicen más impuestos de los que producen las empresas instaladas allí.
Sobre la negociación del convenio colectivo de las refinerías de Cepsa de San Roque, Huelva y Tenerife, que se encuentra en marcha a expensas de la próxima reunión de las partes, Ruiz Boix ha instado a las empresas, y en este caso a la energética, a "compartir los beneficios" con sus empleados en una etapa de "expansión económica real".
"Son tiempos de mejora de los convenios colectivos y de los derechos de los trabjaadores, algunos son conseguidos con la reforma laboral de Pedro Sánchez y otros tienen que venir de la mano del compartir esos beneficios", ha señalado el socialista, que espera "un ejercicio de responsabilidad social" por parte de Cepsa en este proceso y que ambas partes lleguen a un acuerdo.
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