El despido podrá ser procedente en empresas con seis meses en pérdidas

Madrid/Las empresas con pérdidas durante seis meses podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización, de acuerdo con una propuesta de la patronal que al Gobierno le parece bien y quiere negociar con los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que abordó este viernes el documento de reforma laboral que será presentado a los agentes sociales, fuentes de La Moncloa añadieron que "habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto". No obstante, indicaron que "lo razonable" es que las pérdidas económicas que pueda objetar una empresa para despedir por causas objetivas se atribuyan a las empresas y no a los centros de trabajo, puesto que "no es lo mismo".

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó también que en el documento del Gobierno se incluye que los contratos por obra tengan un máximo de dos años ampliable a tres. Recordó que en la última negociación con los sindicatos y la patronal, que acabó sin acuerdo, se barajó primero la posibilidad de que el máximo de los contratos de obra fuera de dos años y medio, y después se decidió discutir el límite de tres años. El Ejecutivo ha optado por esta última posibilidad, al mismo tiempo que apuesta por aumentar la indemnización de despido de 8 a 12 días en los contratos temporales. Al respecto, fuentes de Moncloa destacaron que la propuesta es que el incremento de estas indemnizaciones se posponga a 2011 y no sea efectiva este año.

Corbacho también explicó que el Gobierno ha optado por aplicar la "máxima extensión posible" del uso del contrato de fomento del empleo, porque dará "certeza al empresario" y "garantías al trabajador". Para el ministro, la reforma laboral que aprobará el Gobierno se basará en dos objetivos: mejorar la flexibilidad laboral y acabar con la dualidad del mercado de trabajo. Rechazó la tesis de que flexibilidad sea lo mismo que precariedad, y aseguró que supone el paso necesario para "conseguir seguridad y mantener puestos de trabajo". En este sentido confirmó que se implantará el modelo alemán para reducir la jornada laboral entre el 10% y el 70%, porcentaje "suficiente para ajustar por horas la producción de una empresa".

En relación con posibles cambios en la Negociación Colectiva, fuentes del ministerio descartaron que el futuro decreto ley contemple el "descuelgue" del Acuerdo firmado por patronal y sindicatos en febrero pasado y consideraron que lo que sí incluirá es la creación de una Comisión de Arbitraje para resolver discrepancias relacionadas con los salarios, los horarios o la organización de la empresa. De esta forma, especificaron que si la dirección de una empresa y el comité de trabajadores no llegan a un acuerdo en un plazo de 15 días, sería una Comisión de Arbitraje, representada a partes iguales, la que decidiría en 10 días con un laudo que sería recurrible judicialmente.

Sobre la disposición del Gobierno a pagar, con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ocho días del coste total de los despidos objetivos de todos los contratos de fomento del empleo, ya sean procedentes o improcedentes e individuales o colectivos, fuentes gubernamentales destacaron que el documento no propone el pago cuando los despidos son disciplinarios. Precisamente, sobre el Fogasa las mismas fuentes indicaron que este modelo propuesto "no es el definitivo", sino que estaría activo en torno a un año o un año y medio para posteriormente modificarlo y adoptar el llamado modelo austríaco.

Una reforma "sustantiva" para la que prevé apoyos suficientes

La reforma laboral que aprobará el Gobierno el 16 de junio será "sustantiva" según prometió el Gobierno, que es optimista con la posibilidad de tener el apoyo del principal partido de la oposición, el PP, así como de CiU y el PNV. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo hará todos los esfuerzos para lograr "el mayor apoyo posible" de los partidos políticos.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó que el diálogo con los agentes sociales, a pesar de haber fracasado, haya sido baldío, y en este sentido insistió en que la reforma que se apruebe será en buena parte fruto de dicho diálogo. "El trabajo está ahí, no ha sido posible el acuerdo global pero gracias a ese diálogo se va a aprobar una reforma ambiciosa, sustancial, que va a colocar a nuestro país en la situación de ese crecimiento sostenible y con un modelo productivo más adecuado a la realidad", añadió.

La vicepresidenta primera apuntó además que el Gobierno trabaja con la "tranquilidad" de haber hecho un "trabajo serio y riguroso" en la búsqueda de un acuerdo. Acuerdo que ahora el Ejecutivo buscará en los partidos políticos, para conseguir que el decreto se convalide en el Congreso el próximo 22 de junio, según apuntó de la Vega. El Ejecutivo ha admitido su optimismo ante la posibilidad de que el principal partido de la oposición, el PP, así como CiU y PNV, acaben apoyando la reforma laboral que va a aprobar por decreto el 16 de junio y cuya convalidación en el Congreso se debatirá el día 22.

Desde el Ejecutivo se constata una "actitud favorable" del Partido Popular, y así espera comprobarlo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrá con el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, el próximo martes. También ven receptivos a CiU y al PNV, partidos que para el Gobierno pueden encontrarse cómodos con la propuesta que les exponga. El Ejecutivo cuenta ya con que Izquierda Unida no va a apoyarles, aunque llamará "por cortesía" a su diputado, Gaspar Llamazares, para presentarle el documento con los ejes de la reforma.

A partir del lunes el Gobierno iniciará una ronda con todos los portavoces parlamentarios para exponerles las principales líneas de la reforma, cuyo decreto-ley aprobará el 16 de junio en Consejo de Ministros.

CCOO y UGT dicen que habrá huelga general si el Gobierno no cambia su reforma

Los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, dijeron que en la propuesta del Gobierno de reforma laboral se "lesionan" los derechos de los trabajadores, por lo que advirtieron al Ejecutivo de que habrá huelga general si no modifica su texto. Los dirigentes sindicales recordaron que, desde el principio, han vinculado la huelga general a que se "lesionen" los derechos de los trabajadores. Ahora, precisaron, se ha sustanciado este ataque a los trabajadores en la propuesta del Gobierno, de la que dijeron que sirve para abaratar el despido y para "dar más poder" al empresario para que modifique las condiciones laborales de las plantillas.

No obstante, dijeron que no convocarán la huelga hasta que el Gobierno apruebe el próximo 16 de junio su propuesta en Consejo de Ministros. Cuando exista un texto definitivo, y si recorta derechos de los trabajadores, se decidirá la convocatoria, precisó Górriz, quien avisó de que ahora lo que se está proponiendo es un "despido más barato", "abrir la negociación colectiva en canal" y convertir la intermediación laboral en un "negocio".

Entretanto, recordaron que el martes se reúnen los máximos órganos de cada sindicato y que ese día se conocerá la posición definitiva de ambos sobre la reforma del Gobierno. No obstante, Ferrer destacó que el documento del Ejecutivo tiene la "clara inspiración de la patronal", lo que, en su opinión, explica que la CEOE no quisiera negociar la reforma. Por ello, anunció que ambos sindicatos la van a "examinar con detalle", algo que ya han empezado a hacer sus dos gabinetes jurídicos.

Según dijeron, el Gobierno ha obviado en su propuesta los temas que les han propuesto relativos al paro juvenil, a la temporalidad injustificada, a los fijos discontinuos. Por el contrario, afirmaron, se abren las causas del despido, de forma que se "empeora" el Estatuto de los Trabajadores, ya que se plantea que los despidos objetivos no estén ligados a la viabilidad de la empresa, ni a la garantía de la viabilidad del empleo. También coincidieron en que se potencian las cláusulas de descuelgue -que permiten a las empresas por cuestiones económicas no aplicar lo pactado con los sindicatos-, lo que permitirá a los empresarios, alegando "presumibles" pérdidas, modificar "todas" las condicionales de los trabajadores y no sólo las salariales.