El condenado 'procés'...

Aún la estaban peinando, pero la histórica sentencia de siete magistrados del Tribunal Supremo tras cuatro meses de juicio a doce líderes independentistas catalanes y otros tantos de deliberaciones, salió del corte judicial antes de tiempo, con los rulos puestos, en feliz (¿falaz?) coincidencia con la fiesta del Día de la Hispanidad.

Las filtraciones a diversos medios han demolido el suspense y ya se sabe que las condenas por el condenado procés van a ser duras, pero menos... El delito de rebelión (ataques violentos al orden constitucional), por el que la Fiscalía pedía hasta 25 años de cárcel, va a ser desestimado por el tribunal que preside Manuel Marchena, que sólo aprecia sedición (alteraciones de orden público, la mitad de castigo penal) en concurso con malversación (en los gastos del 1-O), tal como entiende la Abogacía del Estado, apéndice del Gobierno de turno. Al que se le ha pasado el ataque de receptividad que sufrió el pasado febrero (cuando la aprobación de los Presupuestos todavía parecía factible con JxCat y ERC) hacia las demandas del president Quim Torra y compañía: el Ejecutivo de Pedro Sánchez no le hacía ascos al trágala de la humillante mediación de un relator, una figura impropia en una democracia.

Independentistas en erupción

Parece que la decisión del Alto Tribunal va a ser unánime, aunque Marchena ha subrayado molesto por la filtración, que "todo está abierto" hasta que firmen la sentencia todos los magistrados. Si alguno de ellos emitiera un voto particular, en desacuerdo con el fallo, sería una magnífica noticia para los presuntamente condenados, que lo esgrimirían ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, su última esperanza tras el presumible rechazo del Constitucional, penúltimo asidero del secesionismo, ese magma que está entrando en erupción a medida que la sombra de unas largas condenas se echa encima de los acusados: un ex vicepresidente de la Generalitat, ocho ex consellers, una ex presidenta del Parlament y dos líderes dos movimientos sociales de la órbita independentista, ANC y Ômnium Cultural.

Todos ellos han reclamado su absolución, como esperando que el Supremo pase de puntillas sobre la quiebra del Estatut y de la Constitución que han promovido con sus leyes de desconexión, su referéndum ilegal, su declaración unilateral de independencia... todo un "golpe de Estado" para los que esperaban más severidad por parte del Supremo, que ha vivido algún episodio de desdoblamiento alucinógeno. "Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura española", aseguró Junqueras en el juicio, un día muy propio, el pasado 14 de febrero...

Un gran ejercicio de pirotecnia verbal, preludio de la que se avecina (literal) esta semana por toda Cataluña, en el marco de la desobediencia pacífica que promueve el Govern de Torra, que rebaja su discurso incendiario por momentos, sabedor de que Sánchez, en plena precampaña del 10-N, no tendría ningún problema, al contrario, en aplicar de nuevo el artículo 155 para matar dos pájaros de un tiro: el electoralista y el posibilista: a la derecha le costaría mucho menos dejarle gobernar si volviera a quedarse empantanado entre la distopía de la coalición con Unidas Podemos y el muro de PP y Ciudadanos.

Maza judicial y desafección

La decisión que dará a conocer el Supremo este lunes –o el martes a lo más tardar, coincidiendo con el aniversario del fusilamiento de Lluìs Companys, esto va de efemérides– no va a ser en ningún caso el principio del fin de la legítima aspiración independentista. Pero sí podría poner un poco de orden en un gallinero donde sobran cacareos y faltan huevos, como bien sabe Carles Puigdemont... Si el ex president a la fuga y, por ende, el independentismo asumieran que la vía unilateral no es un alegre juego de superhéroes y el Estado entendiera que la maza judicial no es lo más idóneo ante la desafección de miles, millones, de catalanes hacia España, el condenado procés empezará a ver luz al final del túnel. En marzo de 2006, los partidarios de una Cataluña independiente eran un 13,9%. En abril, según el Barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), una especie de CIS catalán, ya se elevaban ¡al 48%!

En todo caso, los cerca de dos años de prisión preventiva que acumulan cada uno de los nueve presos les dejan en puertas de permisos carcelarios y de un tercer grado que dependerá de la Generalitat, al estar recluidos en prisiones catalanas.

La incógnita es la intensidad de la reacción independentista en la calle en caliente ante la sentencia, un termómetro que marcará el paso a la normalización del conflicto catalán.