El juez del Supremo considera "proporcional" y "necesario" el registro a García Ortiz por la gravedad del delito

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, justificó que la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que duró 10 horas, fue una medida "proporcional", "idónea" y "totalmente necesaria" ante "un delito de tal gravedad" como el de revelación de secretos.

Esta argumentación figura en los autos de entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid del pasado de 30 de octubre que se han conocido este lunes, una vez que el magistrado ha levantado parcialmente el secreto de sumario.

En el auto, Hurtado explica que el registro se ordenó ante "la existencia de sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción criminal" así como de los "principios de proporcionalidad de la medida" y "necesidad de la misma".

Justifica la proporcionalidad ante "la persecución de un delito de tal gravedad como es el de revelación de secretos" y la necesidad de la medida pues "sin la entrada en el edificio público no sería posible la intervención de los dispositivos y comunicaciones que se consideran indispensables para continuar la investigación", al tratarse de "una medida absolutamente idónea" en este caso.

 El Tribunal Supremo (TS) ha acordado levantar parcialmente el secreto de la investigación que dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos que le atribuye la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que las acusaciones presenten sus alegaciones sobre el recurso de la Fiscalía contra los autos de entrada y registro en el despacho del jefe del Ministerio Público y de la jefa provincial de Madrid.

Al alzar parcialmente el secreto de la investigación, el juez da traslado de estas tres resoluciones a las acusaciones ejercidas por Alberto González Amador --pareja de Díaz Ayuso--, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias para que en un plazo de cinco días aleguen por escrito lo que estimen oportuno sobre el recurso de apelación que presentó la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde.

El instructor, que entiende que el recurso de la Fiscalía "sin duda ha de ser admitido a trámite", adopta esta decisión al considerar que no es "razonable" que las acusaciones formulen sus alegaciones "poco menos que a ciegas", por lo que ve necesario que tengan conocimiento de los autos recurridos para presentar sus escritos.

Hurtado recuerda que a las partes solo se les notificó la parte dispositiva de los autos de entrada y registro y del auto que acotaba la investigación de la Guardia Civil. Sostiene, sin embargo, que las "circunstancias concurrentes entonces" no son las de ahora.

Sobre este extremo, incide en que declaró el secreto porque así "se aseguraba mejor la diligencia de entrada y registro" al entender que "sería más eficaz" y lo "aconsejable para un mejor resultado de la investigación".

Una vez que ya se ha realizado la entrada y registro y se ha intervenido el material correspondiente, que "se encuentra en fase de análisis pericial, a la espera de resultado", el juez ve "aconsejable mantener, por ahora, el secreto en lo que a la práctica de la diligencia se refiere", pero entiende que ya no es necesario respecto a los tres autos anteriores porque "han variado las circunstancias".

Cabe recordar que la Guardia Civil analiza actualmente la información incautada al fiscal general que guarda relación con la causa y que se ubica entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se publicó la nota de prensa que con una cronología detallada del cruce de correos electrónicos entre el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el abogado de González Amador para intentar llegar a un acuerdo de conformidad.

Ese comunicado fue lo que llevó a González Amador -entre otros- a querellarse por una presunta revelación de secretos. El caso, al implicar a García Ortiz, escaló hasta el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre. Sin embargo, el TS no apreció delito en la nota de prensa, poniendo el foco únicamente en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.