El PSOE y Sumar paraliza la decisión sobre la cuestión de confianza de Junts
Los socialistas, que mantienen contactos con la formación de Puigdemont, deciden con Sumar darse más tiempo antes de votarla en la Mesa del Congreso
El Consejo Consultivo de Andalucía rechazó que el Parlamento pudiera obligar al presidente a una cuestión de confianza
La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido seguir analizando la proposición no de ley de Junts en la que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, y no tomará finalmente ninguna decisión sobre su admisión a trámite en su reunión de este jueves, han informado fuentes parlamentarias.
Las mismas fuentes han señalado que no hay prisa para tomar una decisión al respecto, ya que no hay un plazo concreto para ello.
La decisión de la Mesa del Congreso de seguir estudiando la iniciativa de Junts se ha producido tras intensas negociaciones por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar con el partido de Carles Puigdemont, contactos que se han apurado hasta los minutos previos al inicio de la reunión.
El PSOE ya mostró su disposición a apurar hasta el último momento la negociación con Junts para evitar que, al ignorar el órdago de Puigdemont, se rompieran los puentes con los independentistas, como alertó el pasado martes el secretario general de la formación catalanista, Jordi Turull, cuando anunció "acciones que no gustarían" de ser rechazada la cuestión de confianza.
Sumar ya retrasó el miércoles su decisión sobre la iniciativa y prefirió dar margen a las negociaciones que hay en marcha entre Junts y representantes del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar para tratar de llegar a un acuerdo sobre la cuestión de confianza y otras cuestiones de la legislatura.
Así, todas las opciones continúan abiertas, incluido el veto a su debate. El secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar, ha comentado a su llegada a la reunión de este martes que es partidario de ver cómo se puede "adaptar al Reglamento", lo que pasaría por su reformulación.
Una fórmula que ya apuntaron los servicios jurídicos en su informe podría ser introducir una apostilla para dejar constancia de que su aprobación no tendría efectos jurídicos. En cualquier caso, los letrados ya dejaron claro que, aunque se aprobase con su redacción original, las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento para el Gobierno.
Según el informe de los letrados, que no es vinculante, dado que no hay precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a utilizar un instrumento (la cuestión de confianza) que sólo a él le corresponde activar, debe ser la Mesa la que fije un criterio que sirva también para futuras decisiones sobre textos similares.
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