El aborto divide a Gibraltar

Gibraltar/Gibraltar celebrará el próximo día 19 de marzo un referéndum que levanta incluso más pasiones que el que el pasado 23 de junio de 2016 llevó a sus 30.000 habitantes a las urnas para decidir si apoyaban la salida de la Unión Europea. El Peñón, que tiene una de las leyes más fuertes pro-vida de Europa, decidirá ese día si acepta la ampliación de los supuestos para que una mujer pueda abortar legalmente. Hasta ahora solo se permite en caso de extremo peligro de muerte de la embarazada. Si una mujer aborta en cualquier otra circunstancia se enfrentaría a la cadena perpetua, según la Sección 16 de la Ley de Delitos de 2011. Ella y cualquier persona que le ayude.

En Gibraltar nunca ha habido una condena al respecto. Quizás porque lo habitual desde hace años es que las gibraltareñas que desean interrumpir su embarazo se trasladan a clínicas españolas para hacerlo con más discreción. En Gibraltar entienden que esto seguirá sucediendo, sea cual sea el resultado de la consulta de marzo.

En julio de 2019, el Parlamento de Gibraltar votó a favor de permitir el aborto antes de la 12ª semana de embarazo a través de una enmienda de la Ley de Delitos de 2019. Esta nueva legislación es la que se someterá a una votación popular que ha situado a la Roca en el centro de la polémica entre activistas pro-vida y favorables al aborto de toda Europa, con numerosos actos públicos, manifestaciones y recogidas de firmas.

De hecho, la decisión de someter la ley a un referéndum llegó después de una campaña del Movimiento Pro-Vida de Gibraltar (GPLM), que consiguió que más de 6.000 personas firmaran una petición que pedían que cualquier cambio en la ley reconociera "el derecho indiscutible a la vida del prenatal".

La nueva legislación permitirá que una mujer embarazada solicite el aborto cuando continuar con el embarazo suponga un riesgo para su salud mental. El Gobierno considera que este es el mecanismo adecuado para practicar abortos en casos de violación o incesto.

La propuesta de ley también establece que estará permitido interrumpir un embarazo cuando exista un riesgo sustancial de que el feto sufra una anormalidad fetal mortal o de que si el bebé nace, sufra anormalidades físicas o mentales tales que conlleven una discapacidad grave. Las circunstancias del supuesto incluyen aquellas para las que la Autoridad Sanitaria de Gibraltar realiza pruebas.

El propio ministro principal, Fabian Picardo, afirmó que se trata de "un tema extremadamente sensible extremadamente sensibleen el que el Gobierno ha buscado un equilibrio entre las fuertes opiniones de ambos lados del debate". Esto no le ha impedido posicionarse a favor del sí.

El debate del aborto ha generado una profunda división en la población gibraltareña y no es nada seguro que la consulta popular vaya a sancionar la modificación propuesta por el Gobierno. El Gobierno, en cualquier caso, se ha comprometido a aceptar el resultado.

En el referéndum pueden votar todos los británicos, mayores de 16 años, que hayan residido en Gibraltar durante diez años o más antes del 19 de marzo de 2020 o las personas registradas o con derecho a registrarse como gibraltareños.

El proceso de consulta sobre el aborto fue impulsado por el caso del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la legalidad de la Ley del Aborto en Irlanda del Norte. La mayoría del Tribunal explicó que la ley en Irlanda del Norte resulta desproporcionada e incompatible con el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto implica, según explicó el Ejecutivo yanito, "que Gibraltar debe actuar para garantizar la compatibilidad de la legislación gibraltareña con el Derecho del Convenio Europeo en relación con la intimidad y la vida familiar y, más concretamente, con nuestra propia Constitución".