Gibraltar y la Royal Navy hostigaron a Aduanas cuando inspeccionaba un buque sospechoso de llevar droga

Cinco embarcaciones procedentes del Peñón “pusieron en riesgo” a las tripulaciones de una patrullera y una lancha españolas

Los memorandos firmados por España y Reino Unido en noviembre de 2018 siguen sin activarse

El Aliki, en el puerto holandés de Ijmuiden, en 2018.
El Aliki, en el puerto holandés de Ijmuiden, en 2018. / Marcel Coster

Algeciras/El abordaje y detención del megapetrolero iraní Grace I en la madrugada del pasado día 4 por parte de las fuerzas de seguridad de Gibraltar y de los Royal Marines no solo ha dado paso a un conflicto diplomático de graves consecuencias entre Reino Unido y el Gobierno de Irán que amenaza con extenderse en el tiempo. El importante operativo desplegado también ha provocado un nuevo y serio roce con España al desarrollarse en aguas jurisdiccionales españolas sin el conocimiento ni la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez.

El episodio provocó un profundo malestar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, que elevó la correspondiente protesta a las autoridades británicas –primero verbalmente, luego por escrito, según explican fuentes diplomáticas españolas– después de que el titular en funciones del departamento, José Borrell, asegurase el mismo día 4 que, efectivamente, la intervención sobre el Grace I se produjo en espacio territorial español.

Una vez más, llovía sobre mojado. El 25 de marzo tuvo lugar otro incidente en aguas españolas provocado por las maniobras de acoso que cinco embarcaciones procedentes de Gibraltar –tanto de la Policía de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) como de la Marina Real Británica (Royal Navy), según fuentes españolas– llevaron a cabo para entorpecer la actuación de una patrullera y una lancha rápida del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Ambas procedían a dirigir para su inspección en un fondeadero adecuado a un barco con bandera de conveniencia de las Islas Marshall, el Aliki, sobre el que se sospechaba que podía transportar un importante alijo de droga. El buque procedía de Sudamérica y se dirigía a través del Estrecho de Gibraltar a un puerto del Mediterráneo.

Las embarcaciones españolas afectadas fueron la patrullera Décimo Aniversario (así bautizada en su botadura en 2002, para conmemorar la primera década de existencia de la Agencia Tributaria) y la lancha rápida Águila IV: la primera de ellas cuenta con 30 metros de eslora y su tripulación está compuesta por entre 8 y 10 personas, en tanto que la segunda mide 17 metros y suele llevar entre 4 y 5 tripulantes.

Las dos navegaban en paralelo al Aliki cuando hicieron acto de presencia las lanchas procedentes del Peñón, que se cruzaron una y otra vez en su rumbo para tratar de desviarlas, sin conseguirlo, hacia la Roca.

Las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que la actuación de las patrulleras yanitas y de la Royal Navy “entorpecieron y pusieron en riesgo a las tripulaciones de los barcos Aduanas, algunos de cuyos miembros ya habían embarcado en el mercante” a través de una escala. La experiencia y calma mantenidas por las tripulaciones de los dos patrulleros españoles, subrayan las fuentes, hicieron posible que no se produjese una colisión.

El capitán del Aliki –un buque de 289 metros de eslora y 45 de manga, propiedad de la naviera Diana Shipping y botado en 2005– atendió las órdenes de las autoridades españolas cuando estaba a punto de abandonar las aguas del Estrecho, permitiendo que el personal de Aduanas subiese a bordo y ser dirigido hasta el fondeadero marcado previamente por la Capitanía marítima de Algeciras.

En las tareas de inspección del mercante participaron también buzos de la Guardia Civil, quienes revisaron el exterior del casco a la búsqueda de algún posible contenedor soldado bajo la línea de flotación con el fin de transportar droga, como ha ocurrido en otras ocasiones. Los resultados de la inspección fueron negativos y el Aliki pudo continuar su ruta.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores y Cooperación ha confirmado a esta redacción que “algunas embarcaciones, provenientes de Gibraltar, intentaron interferir sin éxito” en el operativo del SVA. “Para nosotros”, añade, “se trata del ejercicio de nuestra jurisdicción en las aguas que son de soberanía española. No admitimos ningún intento de entorpecimiento de nuestra jurisdicción en nuestras aguas”.

“Dicho eso, estamos por la cooperación en la lucha contra el crimen en la zona. Hay vigente un acuerdo del año 2000 a este respecto con Reino Unido y hemos firmado con ellos un memorando de entendimiento en noviembre de 2018, que esperamos poner en práctica cuanto antes”, subrayó el citado portavoz en referencia a los acuerdos previos a la activación del Brexit, llamados a regular las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido una vez que este abandone el próximo octubre la UE. Dichos memorandos hacen referencia a la cooperación en materia policial, fiscal, medioambiental y al reconocimiento de los derechos de los trabajadores de ambos países. A diferencia de lo ocurrido con el Grace I, no consta que en el caso del Aliki mediase una protesta por parte española a causa del incidente.

Sin aguas territoriales

Aunque Gibraltar carece de aguas territoriales, salvando la pequeña zona interior de su puerto de acuerdo al tratado de Utrecht (1713), la Royal Police del Peñón dispone de una flotilla de embarcaciones que patrullan hasta 3 millas náuticas (5,6 km) desde su costa, tratando de consolidar por la vía de los hechos una situación sin amparo legal internacional pero que el Gobierno británico trató de establecer unilateralmente en 1878 a través de su Territorial Waters Jurisdictional Act.

España recuerda a este respecto que la Convención sobre el Derecho del Mar reconoce aguas territoriales a todos los países ribereños, pero solo a los estados, no a una colonia como es Gibraltar, que mantiene dicha situación a ojos de Naciones Unidas.

Todo ello deriva hacia una situación tremendamente anómala entre dos países aliados en la OTAN y, al menos hasta octubre, también en la UE, con algunos roces más o menos esporádicos entre la policía gibraltareña y los barcos españoles que navegan en ese espacio, como ha venido ocurriendo con los pequeños pesqueros con base en el cercano puerto de La Línea, forzados una y otra vez a pedir el amparo de las patrulleras de la Guardia Civil.

Habitualmente, en el marco de este statu quo imperfecto, es el Gobierno del Peñón quien eleva protestas diplomáticas por las mal llamadas “incursiones” en las aguas que rodean la Roca, situación ante las que España hace gala de flema, sin entrar a responder a provocaciones para no dar rango a quien no lo posee, en este caso, en materia de aguas territoriales.

España tampoco deja pasar la oportunidad de reivindicar de forma más o menos sutil su soberanía territorial, tal cual hizo el pasado 4 de diciembre la corbeta Infanta Elena navegando frente a las costas de Gibraltar con el himno de España sonando a todo volumen a través de un altavoz. “Navegando entre la poca vergüenza y el infantilismo, ahí tenemos al Infanta Elena manifestando las glorias de España en aguas británicas frente al levante de Gibraltar”, fue la airada respuesta dada por el departamento de Exteriores de la Roca a través de las redes sociales.

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