Gibraltar vota hoy en referéndum si legaliza el aborto en medio de una fuerte polémica

Los gibraltareños decidirán este jueves en las urnas si dejan de regirse por una de las leyes pro-vida más duras de Europa y despenalizan el aborto, castigado hasta ahora con la cárcel de por vida para la mujer y para quien le ayude a practicarlo, además de duras penas para el que les proporcione el instrumental y/o los fármacos necesarios, según la Sección 16 de la Ley de Delitos de 2011.

El polémico referéndum del aborto llega tras provocar una profunda división en la sociedad y ha encendido el discurso más que el que el 23 de junio de 2016 llevó a sus 30.000 habitantes a decidir si apoyaban la salida de la Unión Europea. Este ambiente se ha visto caldeado en las últimas horas después de que tres líderes de formaciones políticas (Fabián Picardo, del GSLP; Joseph García, del Partido Liberal, y Marlene Hassan-Nahon, de Together Gibraltar) se hayan posicionado a favor de poner en marcha la ley que amplíe los supuestos en los que se permite la interrupción del embarazo.

El obispo católico Carmel Zammit ha emitido una carta pastoral para posicionarse a favor de no activar la nueva legislación, es decir, mantener la restricción del aborto, ya que considera que votar no "es defender enfáticamente el derecho a la vida consagrado en la Constitución de Gibraltar".

En julio de 2019, el Parlamento de Gibraltar votó a favor de permitir el aborto antes de la 12ª semana de embarazo a través de una enmienda de la Ley de Delitos de 2019. Esta nueva legislación es la que se someterá a una votación popular tras la presión ejercida por una campaña del Movimiento Pro-Vida de Gibraltar (GPLM), que consiguió que más de 6.000 personas firmaran una petición que pedían que cualquier cambio en la ley reconociera "el derecho indiscutible a la vida del prenatal".

En marzo del año pasado, el referéndum fue aplazado -se iba a celebrar el día 19 de ese mes- dentro de un paquete de medidas del Gobierno para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Si la nueva ley entra en vigor, Gibraltar permitirá interrumpir el embarazo cuando dos médicos de la Autoridad Sanitaria garanticen que se cumplen alguno de los siguientes requisitos.

• El embarazo no ha pasado de las 12 semanas y continuar con él implica un riesgo de lesión para la salud física o mental de la embarazada mayor que si se interrumpe. Los defensores de la nueva legislación consideran que este es el mecanismo adecuado para practicar abortos en casos de violación o incesto.
• Cuando sea necesario para evitar lesiones graves y permanentes en la salud física o mental de la mujer embarazada.
• Cuando continuar con el embarazo supone un riesgo para la vida de la embarazada.
• Cuando existe un riesgo sustancial de que el feto sufra una anormalidad fetal mortal o de que si el bebé nace, sufra anormalidades físicas o mentales tales que conlleven una discapacidad grave.
• Cuando un médico opine que es necesario hacerlo con urgencia para salvar la vida o para prevenir lesiones graves y permanentes a la salud física o mental de la mujer.

La legislación reserva una cláusula de conciencia para los médicos que se nieguen a participar en un aborto, pero les recuerda que no pueden negarse a actuar para salvar una vida.

En Gibraltar nunca ha habido una condena por abortar, quizás porque lo habitual desde hace años es que las gibraltareñas que desean interrumpir su embarazo se trasladan a clínicas españolas para hacerlo con más discreción.

En el referéndum pueden votar todos los británicos, mayores de 16 años, que hayan residido en Gibraltar durante diez años o más antes de la consulta o las personas registradas o con derecho a registrarse como gibraltareños.

El proceso fue impulsado por el caso del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la legalidad de la Ley del Aborto en Irlanda del Norte. La mayoría del Tribunal explicó que la ley en Irlanda del Norte resulta desproporcionada e incompatible con el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto implica, según explicó el Ejecutivo yanito, "que Gibraltar debe actuar para garantizar la compatibilidad de la legislación gibraltareña con el Derecho del Convenio Europeo en relación con la intimidad y la vida familiar y, más concretamente, con nuestra propia Constitución".