El Gobierno retoma el Tratado Fiscal sobre Gibraltar para aprobarlo definitivamente

El Gobierno tiene previsto volver a dar luz verde el próximo martes al Tratado Fiscal que firmó con Reino Unido sobre Gibraltar, para que sea ratificado en el Congreso y en el Senado porque es un tratado internacional.

Para ello, el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, llevará este jueves a la reunión de subsecretarios y secretarios de Estado este acuerdo sobre fiscalidad, protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude y la evasión de impuestos en relación a Gibraltar.

Se trata del primer tratado que ambas parten firman sobre Gibraltar desde el de Utrecht, en 1713. El acuerdo establece las nuevas normas fiscales que regulan la relación transfronteriza entre Gibraltar y España en materia fiscal y completa el paquete de cuatro memorandos que detallan cómo será la relación entre España y Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El tratado internacional pretende, sobre todo, que las personas que pasen más de la mitad del año en España y las empresas cuya actividad se centre en territorio español tributen a este lado de la Verja. Para ello, establece una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas para destapar los problemas de falsas residencias en Gibraltar.

Respecto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando tengan una relación significativa a este lado de la Verja, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en nuestro país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o su directivos sean residentes fiscales en España.

Además, el tratado establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias. Este régimen incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.

El acuerdo prevé la “adaptación dinámica” de este régimen especial de cooperación a los nuevos estándares de la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.

El acuerdo se ha firmado en el marco del Brexit, pero es independiente de los plazos de salida porque es una normativa nueva, que regula una situación no regulada hasta ahora y que se negoció bajo supervisión de Hacienda y tras haber estudiado diversos acuerdos como los que tienen países como Mónaco, Andorra, San Marino, el Vaticano o Liechtenstein con sus vecinos.